Nación
JEP acepta el sometimiento de 23 uniformados retirados del Ejército implicados en falsos positivos cometidos en 2008
El proceso hace parte del Caso 03 de la JEP, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha aceptado el sometimiento de 23 exintegrantes de la Brigada Móvil No. 15 (Brim 15) del Ejército, quienes estarían implicados en casos de asesinatos y desapariciones forzadas presentados como falsas bajas en combate ocurridos en Ocaña, Norte de Santander, en 2008. Los militares sometidos incluyen dos mayores, dos cabos segundos, un cabo primero y dieciocho soldados profesionales, todos en condición de retiro.
La resolución 1076 de 2023, emitida por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, indica que los exmilitares habrían ejecutado extrajudicialmente a Julio César Mesa Vargas, Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero y Jader Andrés Palacio Bustamante, quienes fueron trasladados por tierra desde Soacha, Cundinamarca, hasta Ocaña en enero y agosto de 2008.
Además, nueve de los comparecientes fueron aceptados por hechos ocurridos en febrero de 2008, en el corregimiento de Otaré, Ocaña, donde habrían sido asesinados Daniel Alexander Martínez, Diego Armando Marín Giraldo y el menor de edad Jaime Estiven Valencia Sanabria.
Los miembros de la fuerza pública incluidos en esta decisión son: los mayores (r) Carlos Gilberto Rodríguez Mora y Henry Mauricio Blanco Barbosa; los cabos segundos (r) Richard Amando Jojoa Bastidas y Ricardo Coronado Martínez; el cabo primero Manuel Ángel Zorrilla Agamez; y, los soldados profesionales (r) Ricardo Eliud González Gómez, José Orlando González Ceballos, Nixon Arturo Cubides Cuesta, Mauricio Cuniche Delgadillo, José Adolfo Fernández Ramírez, Pedro Johan Hernández Malagón, Efrén Galvis Guzmán, Ramón Alfonso Horta Palacios, Eider Andrés Guerrero Andrade, Juan Jaramillo Moreno, Kevis Alberto Jiménez Escalante, José Alexander Lamprea Polo, Luis Alirio López, Ferney Grijalba López, Jhonn Anderson Díaz Ortega, Jhon Jairo Muñoz Rodríguez, Medardo de Jesús Ríos Diaz y Dairo José Palomino Ballesteros.
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Estos exintegrantes de la fuerza pública se suman al patrón macrocriminal que ya había sido abordado en el subcaso Norte de Santander del Caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. Sin embargo, el proceso para resolver la situación jurídica de estos militares retirados continúa en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, ya que no han sido seleccionados por la Sala de Reconocimiento como máximos responsables en los hechos que abordó dicho subcaso.
En el subcaso Norte de Santander, 10 militares retirados, entre ellos el brigadier general (r) Paulino Coronado, y un civil ya reconocieron su responsabilidad por falsos positivos cometidos en la región de Catatumbo en audiencia pública de reconocimiento llevada a cabo en abril de 2022, en Ocaña, y fueron incluidos en la resolución de conclusiones emitida por la Sala de Reconocimiento en octubre de 2022.
Mayor participación de víctimas ante la JEP
Este miércoles 29 de marzo, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, y el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assís, firmaron una directiva con el objetivo de fomentar la participación de las víctimas en los 10 macrocasos abiertos por la JEP en los territorios. Esto se debe a la preocupación expresada por las víctimas sobre el abandono e invisibilización que han sufrido.
La JEP informó que, hasta el 21 de octubre de 2022, tiene acreditadas a 334.364 víctimas, de las cuales 6.122 corresponden a acreditaciones individuales y el resto a sujetos colectivos como resguardos. Esto representa un gran desafío en términos de cobertura, ya que en Colombia hay registradas 9′423.138 víctimas del conflicto armado, según la Unidad de Víctimas.
La directiva busca nuevas estrategias para fomentar la participación de las víctimas en el componente judicial del Sistema Integral para la Paz, mediante una coordinación entre los servidores del Ministerio Público (Procuraduría, Defensoría y Personerías) para llevar a cabo actividades que promuevan la pedagogía, la participación y la acreditación ante la JEP en todo el territorio nacional.
