JEP acredita a miembros de la Fuerza Pública como víctimas de minas antipersonal

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó a cinco soldados como víctimas de minas antipersonal dentro del caso 05, que priorizó los hechos sucedidos en el marco del conflicto armado en el norte del Cauca y el sur de Valle del Cauca.

La decisión fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de ese organismo, que hace parte del sistema de justicia transicional y reconoce las afectaciones a la vida y la integridad sufridas por los miembros de la fuerza pública por conductas que se constituyen en una clara infracción al Derecho Internacional Humanitario.

Para la entidad, “muestra también la necesidad de los miembros de la fuerza pública que fueron afectados por el conflicto para ser atendidos por la JEP”, señaló en un comunicado.

La utilización de minas antipersonal puede considerarse como un crimen de guerra, teniendo en cuenta la naturaleza indiscriminada de estas armas y su potencial de causar sufrimientos innecesarios, dentro del marco de métodos y medios de guerra prohibidos, explicó la Sala.

En febrero de este año, la JEP acreditó al primer soldado en el caso 05 por este tipo de afectación.

La decisión está relacionada con un soldado profesional del Ejército Nacional quien fue acreditado como víctima, por las lesiones sufridas tras la explosión de una mina antipersonal.

La decisión fue adoptada a través del Auto 11 de 2021. La Sala determinó que el soldado fue víctima de delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, que deben ser esclarecidos por la JEP.

Los hechos relatados por la víctima señalan como presuntos responsables del uso de minas antipersonales al Frente Sexto de las Farc-EP, comandados por el compareciente conocido con el alias de Miguel Ángel Pascuas.

El Caso 05 prioriza las violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado interno en 17 municipios: Buenos Aires, Caldono, Caloto, Corinto, Jambaló, Miranda, Morales, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Suarez y Toribío, en el departamento del Cauca. Y Candelaria, Florida, Jamundí, Palmira y Pradera, en el departamento del Valle del Cauca.

Las solicitudes de acreditación de víctimas de la fuerza pública, por minas antipersonal, que están por fuera de los casos priorizados por la JEP se remitieron al ‘Repositorio de solicitudes de acreditación de víctimas de las Farc-EP por conductas ajenas a los macrocasos priorizados por parte de la SRVR’ para la futura apertura de un caso sobre las violaciones al DIH cometidas contra el personal de la fuerza pública.

En este macro caso se han acreditado 83 sujetos colectivos que reúnen a 34 pueblos indígenas, 47 consejos comunitarios y 2 organizaciones de víctimas. Todos estos sujetos colectivos reúnen a más de 180.000 víctimas. También se ha acreditado al territorio ancestral y colectivo, e individualmente a 67 personas.

En el marco del Día para la Sensibilización Contra las Minas Antipersonal, la organización no gubernamental Milvíctimas, que agrupa a militares que fueron afectados por el conflicto, hizo un llamado a la JEP para priorizar los casos en los que resultaron lesionados por minas antipersonal.

De acuerdo con esta organización, se esperaba que ese mecanismo de justicia abriera un macrocaso focalizado en el tema, sin embargo “hoy, en el 2021, dos años después, no han sido priorizados estos graves hechos victimizantes”.

Milvíctimas recalcó que “los militares víctimas de minas reclaman verdad, justicia y reparación, un paso pendiente para la paz”.