Judicial
JEP cita a exjefe de inteligencia del DAS por graves delitos contra periodistas, dirigentes políticos, sindicalistas y hasta un excandidato presidencial
Enrique Alberto Ariza Rivas deberá aportar su versión a los seguimientos, recopilación ilegal de información y montajes. Entre los casos de periodistas asesinados que se indagan está el de Jaime Garzón.
El exjefe de inteligencias del DAS, Enrique Alberto Ariza Daza fue citado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para que declare por graves delitos que se ejecutaron dentro del organismo de inteligencia, el cual fue liquidado en el 2011, luego que se revelara el escándalo de las chuzadas en medio del cual fueron objeto de seguimientos ilegales políticos de oposición, magistrados y periodistas.
En el auto de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de al JEP se reconoció un patrón de criminalidad ejecutado por Ariza Rivas en las acciones que se adelantaron contra el exmagistrado de la Corte Constitucional, Jaime Araujo Rentería; así como los representantes del Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’, el abogado Gustavo Gallón de la Comisión Colombiana de Juristas, el exrepresentante a la Cámara de Polo Democrático, Wilson Borja Díaz y la periodista Claudia Julieta Duque.
Por estos mismos hechos fue citado por la JEP a versión de aporte temprano a la verdad el ex subdirector de contrainteligencia del DAS, Rodolfo Medina Alemán.
En las audiencias en las que se escuchará la versión de los dos exfuncionarios del DAS se convocaron a las víctimas de los seguimientos y recolección de información reservada: “Esta magistratura encuentra que conforme con lo establecido en la jurisprudencia Interamericana, respecto al deber que tiene el Estado de garantizar que en los respectivos procesos, las víctimas puedan formular sus pretensiones y presentar elementos probatorios y por consiguiente, que éstos sean analizados de forma completa y seria por las autoridades antes de que se resuelva sobre hechos, responsabilidades, penas y reparaciones”.
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En el documento de 16 páginas se indica que debido a la importancia del caso se hace necesaria su declaración y que cuenten de manera clara todo lo que saben sobre los casos mencionados. “Ofrecer un relato completo y detallado sobre lo que le conste acerca de los hechos y quiénes participaron en su ejecución, de modo que el aportar información falsa o guardar un silencio reticente sobre aspectos conocidos, puede implicar la imposibilidad de acceder a los tratamientos especiales de justicia o la pérdida de ya los adquiridos”.
Condena contra la Nación
En julio pasado, el Consejo de Estado condenó a la Nación por los actos de tortura psicológica, las amenazas, los exilios forzados, las interceptaciones ilegales y la persecución contra la periodista Claudia Julieta Duque y su familia, por parte del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en hechos ocurridos entre los años 2001 a 2010.
En uno de los apartes del fallo de 70 páginas del Consejo de Estado se indicó que: “es inadmisible y censurable la existencia de este tipo de actuaciones, que se extendieron sobre aquellas personas a las que consideraban opositoras al Gobierno nacional de la época y que marcaron la comisión de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos y derecho internacional humanitario ―desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, masacres, etc.―”.
Claudia Julieta Duque, periodista que trabaja como corresponsal de Radio Nizkor en Colombia, fue amenazada, torturada psicológicamente y víctima de otros delitos, teniendo en cuenta que realizó una investigación en el año 2000 sobre el homicidio del periodista y humorista Jaime Garzón Forero, registrado el 13 de agosto de 1999.
“Está probado en el proceso que la señora Claudia Julieta Duque Orrego y su hija fueron sometidas a amenazas, seguimientos, interceptaciones ilegales, torturas psicológica y labores de inteligencia entre 2001 y 2010 y que, como consecuencia de ello, sufrió estrés postraumático crónico con características agudas asociado a manifestaciones ansiosas, depresivas y psicosomáticas”, también se indicó en la decisión del Consejo de Estado.