JEP deja libre a Benito Molina, condenado por desplazamiento y vínculos con paramilitares

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP otorgó la libertad transitoria, condicionada y anticipada a Benito Molina Velarde, condenado por los delitos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado en relación con grupos paramilitares.

A través de la Resolución 2455 de 2021, la Sala consideró que la información aportada por Molina Velarde a la JEP “supera inicialmente los hechos por los cuales fue investigado y condenado por la jurisdicción ordinaria, aporta relato acerca del contexto de conflicto, y los intereses de la Autodefensas Unidas de Colombia no solo en la cooptación del Fondo Ganadero de Córdoba sino en las grandes inversiones estratégicas”.

Tras analizar los aportes de verdad plena entregados por Benito Molina los días 7 y 9 de diciembre de 2020, y el 20 de enero y primero de febrero de 2021, la JEP estimó que el compareciente “describe preliminarmente las redes de apoyo político local y regional del grupo armado ilegal para la concreción del plan criminal y el fortalecimiento del proyecto paramilitar”.

Benito Molina fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión por los delitos de destrucción y apropiación de bienes protegidos, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos agravado y concierto para delinquir agravado, condena que cumple en la cárcel La Picota de Bogotá.

Entre 1994 y 1998, Vicente y Carlos Castaño Gil, exjefes máximos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) junto con el Fondo Ganadero de Córdoba despojaron y sacaron de sus tierras a 130 familias campesinas de más de 105 predios de la región de Tulapas (zona rural entre los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá, en el urabá antioqueño). Benito Molina fue el presidente del Fondo Ganadero de Córdoba entre 1997 y 2007.

Es importante anotar que las víctimas de desplazamiento forzado en la región de Tulapas, acreditadas ante la JEP, expresaron estar de acuerdo con la libertad condicionada del empresario, “siempre y cuando se garantice que el señor Benito Molina Velarde seguirá compareciendo ante la JEP y cumpliendo con los compromisos adquiridos”.

Benito Molina deberá profundizar sus aportes a la verdad plena sobre las finanzas y el proyecto de inversiones del grupo paramilitar en conjunto con el Fondo Ganadero de Córdoba. Esta información deberá suministrarla dentro del caso 04 de la JEP, que trata de la ‘Situación territorial de Urabá’.

Finalmente, la Sala aclaró que el compareciente no podrá salir del país sin previa autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz y advirtió a Benito Molina que el beneficio tiene una naturaleza provisional, lo que implica que puede ser revocado en caso de que incumpla las obligaciones contraídas o los compromisos asumidos de verdad, reparación y no repetición.

El caso 04 de la JEP, que trata de la ‘Situación territorial de Urabá’, “prioriza la situación territorial a partir de hechos del conflicto armado ocurridos en la región de Urabá, Bajo Atrato y Darién, en los departamentos de Antioquia y Chocó, presuntamente cometidos por miembros de las Farc-EP, fuerza pública, agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública y terceros civiles; desde el 1 de enero de 1986 y con anterioridad al 1 de diciembre de 2016″.

La JEP abrió el caso 04, a través del Auto 040, el 11 de septiembre de 2018. Este caso prioriza la situación territorial a partir de hechos del conflicto ocurridos en la región de Urabá entre 1986 y 2016. Este es uno de los tres casos territoriales que ha abierto la JEP junto con el del Norte del Cauca, el sur del Valle del Cauca, y el de los municipios de Barbacoas, Ricaurte y Tumaco en Nariño.

En este caso se han analizado 29 informes, de los cuales 21 son de fuentes institucionales como la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría Ejecutiva de la JEP y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Los otros provienen de una organización de mujeres víctimas de violencia sexual, de dos organizaciones de derechos humanos que relatan hechos de desplazamiento forzado y despojo, de tres organizaciones de derechos humanos y uno de una organización indígena.

Concretamente, el caso 04 estudia los hechos victimizantes ocurridos en los siguientes diez municipios: Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba (en Antioquia) y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí (en Chocó). En esos municipios, la Jurisdicción ha identificado hasta el momento, alrededor de 1.000 hechos prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario agrupados cronológica y contextualmente de la siguiente manera: