JEP: el descache y la disputa

Todo un revuelo noticioso causó un comunicado emitido el martes por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Esta dependencia, que hace las veces de fiscalía en la jurisdicción de paz, aseguraba haber visto lo que nadie más pudo: que la exguerrillera Omaira Rojas Cabrera, más conocida como Sonia, formaba parte de los rearmados de las Farc que volvieron al monte con Iván Márquez y Jesús Santrich. Según la UIA, en los videos en los que estos salen nuevamente con camuflado y fusil también aparece Sonia. Por lo tanto, solicitó su expulsión inmediata de la JEP.

Como recuerda la opinión pública, la exguerrillera cayó en un operativo del ejército en 2005 en el que incautaron 40 kilos de cocaína. Extraditada a Estados Unidos, se convirtió en la primera guerrillera de las Farc condenada por narcotráfico en Estados Unidos. La sentenciaron a 15 años de prisión y por buen comportamiento pudo salir al cumplir 13. En septiembre de 2018 regresó al país, tenía varias órdenes de captura, pero se acogió a la JEP y se involucró activamente en los proyectos de reincorporación del proceso de paz. Sonia ahora tiene 52 años, vive en Caquetá y es una mujer enferma.

El estudio morfológico advirtió que no fue posible identificar a Sonia ni llegar a una conclusión. Pero la UIA solicitó, sin más, expulsarla de la jurisdicción. ¿Por qué?

Desde que la UIA, dirigida por Giovanni Álvarez, aseguró que ella se había rearmado con Márquez y Santrich, la exguerrillera ha dicho que se trata de un garrafal error con evidencia cierta: “Acá estoy”, dice. La UIA argumenta que basó su conclusión en un estudio morfológico hecho por la Dijín. Se trata de un contraste entre las imágenes del video de los rearmados y las fotografías del rostro de Sonia. El cotejo señala que de 38 facciones del rostro analizadas, 25 son “similares”. Sin embargo, evidentemente la edad y la altura de las personas cotejadas no corresponden. Hasta el estudio morfológico advierte en su conclusión: “El cotejo de fotografías no determina plena identidad, su naturaleza es orientadora y no es concluyente”.

Aun así, basada solo en ese elemento, la UIA expidió una resolución en la que pidió a la Magistratura de la JEP expulsar a Sonia. El descache fue tal que los magistrados, al poco rato, respondieron con un auto y un comunicado en los que dijeron que por falta de indicios se abstenían de abrir incidente contra ella.

Para ese momento, ya varios medios de comunicación habían entrevistado a Sonia en el Caquetá. Y circulaba profusamente un video reciente en el que ella y otros excombatientes aparecen con el consejero para la Estabilización Emilio Archila y el director de la Agencia de Reincorporación y Normalización, Andrés Stapper, en un evento público en Caquetá.

Pero la UIA no pasó por alto ese detalle. Con un par de llamadas los investigadores habrían podido confirmar con funcionarios de Gobierno otros encuentros. Y además podrían haber verificado que Sonia viene reclamando religiosamente su mensualidad asignada. Así mismo, con una simple visita al Caquetá la habrían encontrado trabajando, junto con Fabián Ramírez, en varios proyectos productivos. Pero ante el revuelo Sonia viajó a Bogotá y se presentó ante la justicia.

Pulso a la sombra

Si había suficientes indicios que apuntaban al compromiso de Sonia con su proceso de reincorporación y el acuerdo de paz, ¿qué falló? El error del fiscal jefe, Giovanni Álvarez, dejó al descubierto la maltrecha relación entre su UIA y los magistrados de la jurisdicción. Hay suficiente evidencia para inferir no solo que la comunicación no fluye, sino que hay desconfianza.

Giovanni Álvarez, el director de la UIA, ha tratado en varias oportunidades que el Congreso le otorgue independencia presupuestal. La Corte Constitucional tiene la última palabra.

El trasfondo de la disputa se remonta incluso a antes de que el fiscal asumiera el cargo. El presidente Juan Manuel Santos tardó en posesionar a Álvarez porque un exparamilitar dijo que este, años atrás, había recibido una propiedad de los paras. Entretanto, varios magistrados de la JEP trataron de reversar el nombramiento, mientras que Álvarez buscaba la forma de concretar su posesión.

Luego, ya como jefe de la UIA, Álvarez, en un trino oficial, cuestionó que la Sección de Revisión hubiera suspendido el proceso de extradición de Jesús Santrich. Y después, cuando estalló el escándalo por la captura del fiscal de la JEP Juan Carlos Bermeo, le llovieron críticas a Álvarez, su jefe. A Bermeo lo sorprendieron recibiendo fajos de billetes, y resultó que venía de ser un cuestionado candidato a la Alcaldía de Popayán. Muchos dijeron que el fiscal jefe había llenado la UIA de politiqueros y la Magistratura le exigió publicar las hojas de vida de los funcionarios.

En el fondo de la disputa también está la autonomía funcional y administrativa que pretende Álvarez para la UIA, a la que se opone la Magistratura de la JEP. Recién posesionado el fiscal, dijo que podría investigar de oficio delitos atroces. Los magistrados le dijeron que no. La discusión quedó resuelta con las normas de procedimiento, en las que quedó claro que el tribunal define qué casos investigar y sus tipologías. Pero ahora Álvarez está enfocado en conquistar la autonomía administrativa y financiera.

La JEP tiene tres componentes: la Magistratura, con 460 funcionarios; la UIA, con 216; y la Secretaría Ejecutiva, con 195. El presupuesto total de la jurisdicción asciende a 316.800 millones de pesos para 2020. El fiscal jefe pretende que le asignen lo correspondiente al 33 por ciento de ese rubro para ejecutarlo con total autonomía. Para ello, Álvarez impulsó en el Congreso un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo que determina: “El Estado, por intermedio del Gobierno, garantiza la autonomía administrativa, técnica y presupuestal de la UIA, para lo cual podrá hacer uso del plan de inversiones para la paz”. Los congresistas que han respaldado el proceso de paz trataron de eliminar el artículo, pero este salió avante. Fuentes consultadas por SEMANA cuentan que el senador Édgar Gómez Román fue el que más se movió para evitar que se eliminara.

Ahora el artículo está demandado ante la Corte Constitucional y es muy probable que lo anule, pues el alto tribunal en sentencias anteriores y en la propia reforma constitucional que dio vida a la JEP ha dicho que esta tiene unidad administrativa y financiera. Además, luego de aprobado en el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo, la ley estatutaria de la jurisdicción también estableció la caja única. En julio el Ministerio de Hacienda le remitió una carta a la JEP en la que señala que en virtud de la ley estatutaria la jurisdicción tiene una única sección presupuestal, y que por tanto el artículo del PND está tácitamente derogado mientras se pronuncia la corte.

Pero Álvarez no ha dado su brazo a torcer. El fiscal también batalló por la plata desde la Ley de Presupuesto Nacional tramitada recientemente en el Congreso. Allí impulsó, nuevamente, un parágrafo que le asignaba el 30 por ciento del dinero de la JEP para su unidad. Aunque la proposición alcanzó a estar incluida en la ponencia de segundo debate, terminó derrotada.

SEMANA trató de comunicarse en varias oportunidades con el fiscal jefe, pero no lo logró. Hasta ahora la UIA no ha rectificado. El episodio golpea a la JEP como un todo y va en contravía de la urgente construcción de credibilidad que requiere. La oficina de comunicaciones de Álvarez se limitó a decir: “Todos los que UIA ha solicitado que sean excluidos tienen posibilidad de ejercer su derecho de defensa ante las instancias correspondientes”. Sin duda, por la magnitud del error y los reiterados cuestionamientos a la UIA, el país requiere una respuesta más amplia y, sobre todo, más seria.