La paradoja de los Uscátegui por la JEP

Después de pasar 16 años en la cárcel por la masacre de Mapiripán, el general (r) Jaime Uscátegui decidió acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esa decisión fue, para él, la fórmula para obtener una libertad transitoria después de que la justicia ordinaria lo condenó a 37 años de prisión.

A pesar de que lo sacó a la calle, la decisión de presentarse a la JEP fue difícil para él y su familia. El general y su entorno habían criticado el acuerdo de paz que dio lugar a la justicia transicional, a lo cual se sumó otro hecho: Uscátegui siempre negó su participación en la masacre que, en 1997, dejó sin vida a 49 personas tras una demostrada alianza entre miembros del Ejército y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El general espera que la jurisdicción especial lo llame a rendir testimonio. Pero su hijo, el representante a la Cámara por el Centro Democrático José Jaime Uscátegui, lidera el movimiento de víctimas y congresistas que piden al presidente Iván Duque objetar la ley de funcionamiento de la JEP. El 13 de febrero, junto con el periodista Herbin Hoyos –uno de los más duros contradictores del acuerdo–, envió una larga carta a Palacio para pedir las objeciones, por cuanto “los violadores de niños deben quedar por fuera de esa jurisdicción”. También convirtió su cuenta de Twitter en un medio para criticarla. “Este llamado lo hago por los niños”, asegura.

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La JEP existe por disposición constitucional y, por tanto, podría seguir funcionando aun si el presidente decide objetar la ley estatutaria que la reglamenta. No obstante, en esa eventualidad algunos procesos podrían quedar en una especie de limbo mientras el Congreso discute las objeciones. El caso de los militares tiene una complicación especial, pues el uribismo ha insistido en que debe haber una sala de juzgamiento especial para ellos. No se descarta que, en el escenario de que el proyecto que la reglamenta vuelva al Legislativo, el Centro Democrático insista en esa nueva sala. Eso generaría zozobra frente a casos como el de Uscátegui padre.

“Alguien me puede decir: ¿usted no está consciente de que eso puede significar que su papá vuelva a la cárcel?”, se plantea José Jaime Uscátegui. Y contesta con seguridad: “Espero que no lo sea porque después de pagar 16 años no quiero estar lejos de él, pero si la JEP se tiene que acabar, pues que se acabe. Necesitamos una justicia verdadera que le dé todas las garantías a las víctimas y a los victimarios”.

Como el general (r) Uscátegui, 1.957 miembros de la fuerza pública han firmado actas de sometimiento ante la JEP. Entre abril de 2017 y enero del año en curso, 1.529 han recibido algún tipo de beneficio. La mayoría (68,7 por ciento) está en libertad transitoria, condicionada y anticipada. A un 19 por ciento de los comparecientes les revocaron o sustituyeron la medida de aseguramiento, y a solo un miembro de la fuerza pública le han autorizado salir del país, según la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP.

Mientras la condena del general quedaba ratificada, y en La Habana se definía que la justicia transicional era la esencia del acuerdo entre el Estado y las Farc, su hijo se dedicaba a defenderlo. En 2014 se encadenó al frente de la Organización de Estados Americanos en Bogotá y entró en huelga de hambre para exigir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una respuesta sobre “violaciones al debido proceso” en el caso de su padre. Un año después, se sentó en el exterior de una ventana del cuarto piso del complejo de Paloquemao para exigir que la justicia “no dilatara” más el proceso contra el general. “Hemos recurrido a todas las instancias. En algún momento él resultó absuelto, pero con una maquinaria de manipulación del proceso, falsas víctimas y todo tipo de malas prácticas, lo condenaron”, explicó en su momento. La libertad de su padre lo obsesionaba.

Una vez firmada la paz, y antes de entrar en su campaña al Congreso, Uscátegui hijo se entregó a la campaña del No. Con esa bandera, entre otras, obtuvo 34.727 votos en Bogotá. Mientras tanto, su papá salió de la cárcel y podrá mantener su libertad con la condición de que cuente toda la verdad. Si los magistrados de la JEP consideran que no lo hace, podrían imponerle hasta 20 años de cárcel. También quedaría abierta la posibilidad de que su caso retornara a la justicia ordinaria. Por ahora, se espera que el general insista en su inocencia, una vez lo llamen a rendir testimonio. Se calcula que eso sucederá este año.

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“Cuando mi papá decidió acogerse, no lo hizo por convicción, sino por necesidad y supervivencia; llevaba 16 años en prisión por un delito que no cometió. Con la JEP se le abrió una oportunidad de libertad y como ser humano decidió acogerse. Yo respeté esa decisión, a pesar de que no la compartí. Lo que he querido es que él demuestre su inocencia en cualquier instancia”, asegura el representante.

El caso del general Uscátegui es punto de referencia en cuanto a la responsabilidad de mando. De hecho, la Corte Suprema de Justicia lo condenó por no haber evitado la masacre, “a pesar de que como comandante de la brigada fue informado” . Él asegura que Mapiripán no formaba parte de su jurisdicción.

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Frente a la JEP, los miembros de la fuerza pública están divididos. Algunos de los que se acogieron la defienden a capa y espada. Es el caso del coronel (r) Jaime Humberto Pinzón, detenido por su presunta responsabilidad en un caso de falsos positivos. Se encuentra libre tras acogerse, y teme que en caso de que el presidente objete la estatutaria los militares queden en un limbo jurídico y tengan que volver a la cárcel. “Lo más grave es que se activaría la competencia de la Corte Penal Internacional porque, en el estudio sobre los máximos responsables de lo que han llamado falsos positivos, no se había abierto investigación por parte del fiscal de la CPI, a la espera de los avances de la normatividad del acuerdo de paz y de su implementación”, asegura Pinzón. La semana pasada, en representación de la Fundación Fuimos Héroes, le pidió a Duque no objetar la estatutaria.

Del otro lado están los militares que siempre han tenido reparos. El general (r) Jaime Ruiz Barrera, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), explica que, aun si Duque objeta, no se afectaría el proceso de los militares que se acogieron a ella. Piden, al igual que el Centro Democrático, que se amplíe el número de magistrados. “La justicia transicional está bien, pero nos preocupa quién nos va a juzgar, porque por lo menos 18 de los actuales magistrados tienen conflictos de intereses”, asegura.

El general Uscátegui no se encuentra en ninguno de esos dos grupos y ha preferido guardar silencio. Su hijo asegura que lo entiende. “Que no me vengan a decir que si hablo me lo van a recapturar. En últimas, que hagan lo que tengan que hacer, pero que se haga justicia en Colombia”, recalca el representante Uscátegui. Mientras tanto, su padre está a la espera de que la nueva jurisdicción lo llame pronto a rendir descargos.