El general (r.) Henry Torres Escalante | Foto: Archivo semana - Bernardo peña

NACIÓN

JEP le niega la libertad al general (r) Henry Torres Escalante, el primero capturado por “falsos positivos”

El tribunal consideró que el oficial, proceso por las ejecuciones extrajudiciales, los llamados falsos positivos, no aportó la verdad.

10 de septiembre de 2021

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la PAZ (JEP) no le concedió la libertad al general retirado Henry Torres Escalante. El alto tribunal concluyó que el aporte de verdad ofrecido sobre lo que ocurrió en la jurisdicción de la Brigada XVI no puede, por el momento, calificarse como extraordinario.

Según la JEP, el plan de aporte a la verdad y las versiones que el general (r) Henry William Torres Escalante ha entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz no cumplen con los parámetros de verdad plena exigidos por dicho tribunal para acceder de manera anticipada a la libertad. Por ello, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le negó el beneficio de la sustitución de la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad que había solicitado el alto oficial.

El excomandante de la Brigada XVI del Ejército, con sede en Yopal, seguirá recluido en la Escuela de Infantería Cantón Norte del Ejército Nacional, donde cumple una medida de aseguramiento decretada en el marco del proceso en su contra por hechos ocurridos en Aguazul (Casanare) en marzo de 2007. Esos hechos son estudiados por la JEP dentro del caso 03: ‘Muertes ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado’, conocidos como ‘falsos positivos’.

Para la JEP, el compareciente ha adoptado una posición eminentemente exculpatoria, señalando que no sabía que las bajas de combate reportadas eran resultado de confrontaciones simuladas y que durante su comandancia en la Brigada XVI del Ejército nunca impartió ese tipo de órdenes. Tampoco se evidencia que exista hasta ahora un aporte novedoso que supere lo que ya ha recopilado la jurisdicción ordinaria.

“La Sala no vislumbra, hasta este momento, que el compareciente haya efectuado el aporte extraordinario de verdad que se esperaría en esta justicia transicional del comandante de una unidad mayor del Ejército Nacional en la que se presentaron más de 170 hechos constitutivos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate”, advierten los magistrados en el auto.

La JEP le recordó a Torres Escalante que su sometimiento es integral. El caso por el que se encuentra privado de la libertad y aquellos cuyas órdenes de operaciones se emitieron en la Brigada XVI, durante su comandancia, no son los únicos por los cuales el general ( r ) comparece ante la Jurisdicción. También lo hace por múltiples casos reportados durante su permanencia en la Brigada XVI en los diferentes cargos que ocupó entre los años 2003 y 2007.

En 2020, SEMANA informó que el general Escalante ha cambiado su versión una y otra vez sobre los casos denominados de “falsos positivos”. En menos de seis meses, el general retirado Henry Torres Escalante se vio obligado a transformar su verdad sobre los falsos positivos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En la primera versión, el excomandante de la brigada XVI del Ejército le dijo a los magistrados que era inocente y que fue “engañado por los subalternos, que le disfrazaron acciones delictivas con operaciones legítimas”.

Las víctimas lo rechazaron de inmediato. Se negaron siquiera a escucharlo, y no era para menos. El oficial, que en ese momento se presentaba como una víctima, fue el primer general activo que cayó capturado por falsos positivos en Colombia. Ya venía de la justicia ordinaria con una acusación bastante avanzada por el asesinato del campesino Daniel Torres y su hijo menor de edad Roque, el 16 de marzo de 2007. Pero su situación judicial iba mucho más allá de estos dos crímenes.

Oficiales y suboficiales que fueron sus subalternos en Casanare también se presentaron ante la JEP y comenzaron a describir con lujo de detalles la responsabilidad de Torres. Estos uniformados admitieron al menos 60 operaciones ilegales contra civiles desarmados y aseguraron que la orden venía de arriba, de quien los “apretaba” por resultados.