JEP le pide al Gobierno cumplir órdenes para proteger la vida de excombatientes de las Farc

Este viernes, la Sección de Ausencia y Reconocimiento de la JEP requirió al Consejero Presidencial, “Emilio Archila, (para) que adopte e implemente, a través de la Mesa Técnica, el Plan Estratégico de Seguridad y Protección, incluida la sostenibilidad de los recursos administrativos y financieros necesarios”.

La solicitud la hizo con el fin de proteger a los excombatientes en todo el territorio nacional. En la misma solicitud, se le pide al director de la UNP, Alfonso Campo Martínez, que presente el plan de acción y cómo proyecta evacuar el trámite de las solicitudes y los estudios de riesgo pendientes.

La Jurisdicción Especial para La Paz pide que se lleve a cabo “el nombramiento y término de contratación de los 686 escoltas y los 40 analistas que se requieren para cubrir las necesidades identificadas en el plan de acción; que se destine el presupuesto aprobado para la vigencia 2021, y se realice la sostenibilidad financiera de los nombramientos mientras subsista el riesgo para la seguridad de los excombatientes de las Farc-EP”.

Dice la JEP que hay solicitudes en este tema advirtiendo que no han sido atendidas con efectividad, principalmente ante el incremento de la violencia que afecta a los excombatientes, sus familias e incluso los escoltas.

Y es que, desde que se firmó el acuerdo de paz, el 26 de septiembre de 2016, han sido asesinados 252 excombatientes de las Farc, de acuerdo con una alerta emitida en las últimas horas por Carlos Ruiz Massieu, representante especial y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

También manifestó su preocupación frente al aumento de asesinatos de exguerrilleros, destacando que entre las víctimas se encuentra la excombatiente Yolanda Zabala, de 22 años, quien fue asesinada con disparos junto con su hermana de 17 años en el departamento de Antioquia el pasado 1 de enero.

Sin embargo, la preocupación no solo radica en el asesinato de excombatientes, sino en que la ola de violencia en el país también afecta a líderes sociales e incluso a los mismos militantes de partidos políticos.

“El 24 de diciembre fue asesinado Alejandro Pérez, concejal del Partido Conservador en el departamento de Córdoba. Su asesinato demuestra una vez más la necesidad de adoptar medidas de protección para miembros de todos los partidos políticos”, recordó Ruiz Massieu.

En su declaración, el representante de la ONU también alertó sobre la falta de presupuesto para implementar esquemas de seguridad para los excombatientes.

“El Secretario General ha advertido reiteradamente en sus informes sobre las consecuencias de los continuos déficits presupuestarios de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección, una unidad que provee esquemas de protección colectiva e individual para excombatientes. Todavía permanecen más de 550 vacantes para guardaespaldas y más de 1.000 solicitudes de protección personal siguen pendientes de revisión”, señaló el funcionario del organismo mundial.

Además, insistió en que “se debe dar prioridad a esta situación, ya que tiene consecuencias directas para la seguridad de las y los excombatientes. También es importante asegurar que las mujeres excombatientes tengan igual acceso a medidas de protección”.