Miembros del secretariado de las Farc, a responder por secuestro ante la JEP

A los 31 miembros del estado mayor de las Farc les llegó el momento de hablar sobre los secuestros que esta guerrilla hizo por todo Colombia y que fue una de las maneras “de financiación” y “táctica de guerra” que implementaron en el marco del conflicto armado, con mayor fuerza entre 1998 y el año 2000, mientras negociaban la paz con el gobierno de Andrés Pastrana.

La orden para hablar de este tema llegó de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que como corte para juzgar los crímenes cometidos en el conflicto colombiano, citó a quienes fueron los jefes farianos para que rindan versión sobre “el Caso 001”, código asignado para dicho crimen. “Esta versión tiene como propósito el acopio de información para contribuir a la búsqueda de la verdad”, explicó la JEP.

Esta citación no es voluntaria y todos los comandantes de la extinta guerrilla deben cumplirla, como lo aclaró la magistrada Julieta Lemaitre, quien aseguró que la asistencia  es obligatoria. La audiencia se realizará de forma privada entre el 14 de febrero y el 27 de mayo. “Esperamos que cuenten toda la verdad”, dijo Lemaitre, quien aclaró que estos testimonios se compararán con nueve informes entregados por la Fiscalía, organizaciones sociales y víctimas.

Luego de conocer las versiones y comparar con los informes ya mencionados, los jueces de la JEP concluirán y los excomandantes deberán aceptar o rechazar dicha sentencia. Si aceptan, se realizará un evento público en el que reconocen la verdad ante las víctimas. En caso de que un compareciente mienta, irá a juicio. Además, la inasistencia de alguno de los excomandantes podría considerarse un incumplimiento, por lo que el involucrado podría perder los beneficios del acuerdo de paz. Esto pone contra las cuerda a hombres como Iván Márquez, quien desde hace varios meses se encuentra en un lugar desconocido del Caquetá.

La Fiscalía ha documentado 6.162 casos de secuestro, con 8.163 víctimas, que involucran a los guerrilleros. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, más de 39.058 colombianos fueron afectados por este crimen, esto contando a las víctimas directas y sus familiares, quienes muchas veces tuvieron que pagar millonarias cifras de dineros para lograr la libertad de sus seres queridos. La jurisdicción especial conocerá los delitos relacionados con esta práctica entre 1993 y 2012 y podrá otorgar penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia, sean guerrilleros o militares.