JEP ordena a cuatro gobernadores proteger cementerios donde habría cuerpos de víctimas de desaparición forzada

La JEP le dio un plazo de 10 días a los gobernadores de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca para que cumplan con un auto emitido por la justicia transicional en noviembre de 2022, que les ordena la protección de diferentes puntos de interés forense ubicados en los cementerios de cada uno de sus departamentos, en donde podría haber cuerpos de personas víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado.

Las medidas cautelares desde el año pasado, para estos 27 cementerios, fueron ordenadas en respuesta a una solicitud del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), para proteger los lugares donde se presume la existencia de cuerpos no identificados y cuerpos identificados no reclamados de víctimas de desaparición forzada, a la cual se sumó el Colectivo Orlando Fals Borda.

Precisamente, para dar cumplimiento a lo ordenado por la Sección para Casos de Ausencia de Reconocimiento, la Justicia Especial para la Paz (JEP) inició labores junto con miembros de la Fiscalía General de exploración y exhumación de posibles víctimas del conflicto armado que estarían en los cementerios Jesús María Estrada en Marsella, Risaralda, y El Carmelo, en Salento, Quindío.

En el cementerio Jesús María Estrada de Marsella, la Fiscalía exhumó cuatro cuerpos, mientras que las labores que se adelantan en el cementerio El Carmelo corren por cuenta de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

“En el cementerio Jesús María Estrada de Marsella se tiene información sobre la inhumación de al menos 553 cuerpos no identificados que llegaron por el río Cauca desde 1982, incluidas víctimas de la masacre de Trujillo, Valle. La JEP caracterizó el cementerio y señaló la existencia de 170 puntos de interés forense”, indicó la Jurisdicción Especial en un comunicado.

Las labores de exhumación de la Fiscalía son adelantadas por el Grupo de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube) y el de la Unidad de Investigación y Acusación por el Grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef).

Para garantizar la protección de los cuerpos de personas que no fueron identificadas e inhumadas en cementerios y fosas comunes, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) le solicitó a la JEP adoptar medidas cautelares en varias regiones del país para la protección de los cuerpos. Por ello, las acciones que adelanta la JEP en los cementerios de Risaralda y Quindío, donde adoptó medidas cautelares.

“Durante años, habitantes de Marsella, en un acto de empatía y respeto, rescataron cientos de cuerpos de personas asesinadas y arrojadas al río Cauca y les dieron sepultura en el cementerio Jesús María Estrada. Este acto permite hoy dar una luz de esperanza a cientos de víctimas que buscan a sus familiares desaparecidos”, añadió.

Las acciones del tribunal especial han contado con la participación de La Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, la Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná, el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial y el Centro de Estudios sobre el Conflicto, Violencia y Convivencia Social.

“La desaparición mantiene a los familiares de las víctimas en un estado de zozobra permanente, por lo cual el hallazgo, la identificación y la entrega digna de sus seres queridos es un objetivo y un compromiso”, destacó el tribunal ante la incertidumbre.

En el Quindío, las medidas se tienen en los cementerios de los municipios de Salento, Quimbaya, Pijao, Montenegro, La Tebaida, Génova, Filandia, Circasia, Calarcá, Buenavista y Armenia; en el caso de Risaralda, cubre estos sitios en Santuario, Santa Rosa de Cabal, Quinchía, Pueblo Rico, Apía, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató y Pereira.

Labores de la JEP en el cementerio de Sucre

La Jurisdicción Especial para la Paz también adelanta acciones de búsqueda de cuerpos de víctimas de desaparición forzada en el cementerio del municipio de Sucre, en el departamento de Sucre.

Pese a las medidas cautelares tomadas en septiembre del año pasado con el objetivo de proteger las áreas de interés forense, no ha sido posible avanzar con la demarcación del terreno por las condiciones de inundación presentes en el camposanto.

De acuerdo con investigaciones del equipo de búsqueda del tribunal, en este cementerio podrían reposar los restos de “víctimas de desaparición forzada a manos de miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Sucre del Ejército, que operó desde el municipio de Sincé, Sucre, con jurisdicción en La Mojana y la sabana sucreña, durante los años 2007 y 2008″.

El magistrado Óscar Parra, correlator del Caso 03 de la JEP, había ordenado la exhumación de los cuerpos para su identificación y posterior entrega sus familiares. El equipo forense de la JEP espera que las condiciones del terreno mejoren para continuar con las labores, ya que la inestabilidad del terreno dificulta el proceso de exploración.