Judicial
JEP ordena al Gobierno presentar informe sobre medidas tomadas para proteger a firmantes del Acuerdo de Paz en Miravalle, Caquetá
Esto debido a las denuncias por amenazas y desplazamientos forzados que se han presentado en las últimas semanas. Detrás de estas acciones están las disidencias.
La oficina del alto comisionado para la Paz tiene cinco días para entregarle a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un informe en el que explique las medidas que se han tomado para proteger a los firmantes del Acuerdo de Paz que se encuentran en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reintegración (ETCR) de Miravalle, zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, en Caquetá.
Esta misma documentación deberá ser enviada por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Secretaría Técnica de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, Ministerio de Defensa Nacional, al director del CCOET, a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), al Partido Comunes y sus apoderados judiciales; y al Ministerio Público.
Esto debido a que en los últimos días, por las amenazas que han recibido por parte de las disidencias de las Farc que se encuentran en una lucha por el territorio. La JEP, igualmente, le ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que envíe documentación relacionada con la implementación de los esquemas de seguridad para los firmantes que se encuentran en este Espacio.
La Sala de Ausencia de Reconocimiento y Verdad calificó como “compleja” la situación de seguridad de los firmantes que se encuentran en esa zona, haciendo énfasis en las declaraciones dadas por varios líderes que pusieron de presente la “intensidad” y amento de los conflictos armados.
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“En la zona del Pato Balsillas, hay enfrentamientos y allí se encuentra el antiguo ETCR de Miravalle. Desde la firma del Acuerdo de Paz al 6 de febrero de 2024, 1456 líderes y lideresas han sido asesinados, entre ellas, Ludivia Galindes, presidenta de junta en Miramar y luego de ASOJUNTAS en el municipio de La Montañita”, asevera la decisión.
Igualmente, se advierte que 38 de los 415 firmantes del acuerdo de paz que han sido asesinatos “estaban llevando a cabo su proceso de reincorporación en este departamento. En la zona Norte y Suroccidental, municipios dela Montañita, Doncello y Puerto Rico las PPR ha sufrido homicidios selectivos y amenazas por las disidencias de la FARC”.
La UNP deberá entregar información sobre el ”estado de implementación material en condiciones óptimas y efectivas del esquema de protección para el AETCR Miravalle y de los esquemas de protección asignados a los comparecientes”, principalmente los dos líderes de la zona.
“En el caso de tener alguna falla con la implementación total de estas medidas de protección se reemplacen los vehículos defectuosos en un término de cuarenta y ocho (48) horas. Deberá presentar un informe de cumplimiento (...) Los lineamientos que han diseñado para implementar acciones integrales de protección a la población del AETCR de Miravalle”.
Además, el Ministerio de Defensa y el director del Comando Conjunto Estratégico de Transición (CCOET) enviar en cinco días ”los resultados de las operaciones e impacto del desmantelamiento de las organizaciones criminales en el departamento del Caquetá con énfasis en el municipio de San Vicente del Caguán, AETCR de Miravalle y zonas aledañas, y dé explicación detallada sobre el despliegue de seguridad y la presencia con la que se cuenta que garantice la seguridad de las personas que habitan este lugar”.
