La JEP va por los desaparecidos en Hidroituango y la Comuna 13

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) les tiró un salvavidas a los familiares de 2.435 personas desaparecidas en los 19 municipios afectados por Hidroituango, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Después de sentir que con el llenado del embalse su memoria comenzaba a inundarse, la Sección para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SARV) decidió incluir la zona donde se desarrollaba el proyecto dentro la medida cautelar que ampara 16 zonas de todo el país donde habría fosas con personas desaparecidas. 

"Solicitar a Luis Pérez, gobernador de Antioquia, remitir el contrato celebrado y demás documentos relacionados con la fundación SOCYA, quien a partir del contrato celebrado con Empresas Públicas de Medellín y con la Fiscalía se encargó de ubicar posibles lugares de inhumación en sitios de interés para el proyecto. Esta información deberá remitirse dentro de los 10 días siguientes" a la presentación del auto 02 que confirmó la noticia. Pero esa no es la única solicitud. Carlos Mario Tobón, representante legal de EPM, debe entregar todos los documentos relacionados con el trámite. 

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A la lista de convocados, además, se suma Juana Pérez, representante de SOCYA que debe entregar la documentación relacionada con las acciones realizadas para la determinación de lugares donde probablemente se encontraron cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada. Así, mismo, deberán explicar cuál fue la metodología utilizada, los protocolos establecidos, la cartografía, material fotográfico y fílmico de lo que hayan recogido. Y es que de acuerdo a lo que a denunciado el Movimiento Ríos Vivos Antioquia: bajo el agua quedaron fosas comunes y sitios de enterramiento, en donde podrían estar los cuerpos de cientos de desaparecidos del conflicto armado. 

"Es importante recordar que, en el marco de la debida diligencia y el respeto por los derechos humanos, EPM solicitó en 2013 a la Fiscalía General de la Nación, como entidad encargada de la búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas, agilizar los procesos pendientes que se reportaran ante el ente investigador en la zona donde se construiría la presa y la zona de embalse", informó el grupo empresarial que este mismo miércoles informó que ya se encuentra tramitando la solicitud que hizo la JEP.

Con esta decisión, la jurisdicción de paz avanza en la solicitud de medidas cautelares promovidas por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) que solicitó proteger y preservar al menos 16 territorios de todo el país que concentrarían cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada. Antioquia, Cesar, Caldas, Santander y Sucre son los departamentos priorizados donde se encontrarían las fosas. Medellín, tarazá, ituango, Valdivia, Cáceres, Yarumal, Nechí, Peque, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, Buritica, Bertulia, en Antioquia; La Victoria, Riosucio, La Dorada, Samaná y Norcasia en Caldas; Lebrija, San Vicente de Chucurí y Cimitarra en Santander; Aguachica en Cesar y Sincelejo, Corozal, San Marcos y San Onofre en Sucre, son los municipios vinculados al proceso. 

Si bien la Sección de la JEP ha recibido información remitida por gobernadores, alcaldes y la Fiscalía, "aún no hay material suficiente para avanzar en las actuaciones", dice el comunicado. De hecho, abrió un incidente de medidas correccionales contra los alcaldes de tres municipios que desobedecieron la orden impartida en noviembre pasado de entregar información respecto a los posibles lugares donde podrían estar las fosas con personas desaparecidas. Ellos son: Miguel Enrique Franco de Nechí, José Mercedes Berrío de Cáceres y Maida del Carmen Balseiro de San Onofre. 

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Otro de los llamado fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. La JEP también puso la lupa sobre los desaparecidos de la Comuna 13 y a través del comunicado le pidió al funcionario entregar toda la información relacionada con el Plan de Atención a la Desaparición Forzada en Medellín. En ese sentido, deberá detallar planificación, implementación, compromisos, presupuesto, acciones, equipos profesionales y conclusiones. En especial, lo concerniente con los sitios denominados como La Escombrera y La Arenera. Allí, reposan los restos de más de 100 personas desaparecidas luego de la Operación Orión. 

El propio Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna‘, jefe máximo del Bloque Cacique Nutibara que operaba en la zona en la época de las desapariciones, declaró que en la Comuna 13, incluida La Escombrera, habría más de 100 fosas comunes. Y la Oficina de Derechos Humanos de la Personería de Medellín habla de 150 cuerpos bajo los escombros.

Desde 1999 la guerrilla dominaba sectores de esa comuna, que hace parte del corredor estratégico de la costa Caribe hacia el centro del país. Los paramilitares llegaron tiempo después a pelear ese territorio. La guerra llegó a tal punto que ni siquiera Medicina Legal podía entrar a retirar los muertos. Por eso, dos meses después de que Álvaro Uribe asumió la Presidencia en octubre de 2002, se llevó a cabo una operación militar de dimensiones nunca vistas en una ciudad.

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Varios paramilitares desmovilizados han contado a la Fiscalía que después de la Operación Orión las AUC se tomaron esos barrios. Uno de ellos narró la supuesta connivencia con la Fuerza Pública durante la Operación: "La entrada a la Comuna 13 se hizo aprovechando la Operación Orión. Recibimos ayuda de todas las autoridades. La orden que dieron fue acabar con las milicias y quedarnos en la zona. Para ser sinceros, toda la Policía nos ayudó. No sé si por miedo, pero trabajamos en conjunto". Así pues, según testimonios recopilados por SEMANA, en La Escombrera y en La Arenera (un sitio aledaño) estarían enterrados buena parte de los desaparecidos que dejó la incursión paramilitar en los días posteriores a Orión.