JEP ratifica proceso contra el excomandante del Ejército Mario Montoya por falsos positivos en Antioquia

El excomandante del Ejército Nacional general (r) Mario Montoya Uribe recibió un nuevo portazo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En esta oportunidad, la Sala de Reconocimiento rechazó la solicitud de nulidad que presentó su defensa frente a la imputación que se anunció en su contra por las ejecuciones extrajudiciales que se presentaron en el departamento de Antioquia.

Pese a los reclamos de la defensa del oficial en retiro por una presunta vulneración al debido proceso por las fallas en la evaluación de la cadena de mando y la admisión de pruebas documentales y testimoniales, la Sala consideró que, en el extenso estudio jurídico de este caso, se llegó a una clara individualización de responsabilidades del general Montoya, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como comandante de la IV Brigada del Ejército.

En la respuesta a la solicitud de nulidad, la Sala aclaró que el general en retiro tomó la decisión de no aceptar cargos tras la imputación. Lo que sigue es que el expediente pase a etapa de juicio, en la cual el oficial podrá presentar sus pruebas frente a los hechos por los cuales es investigado. Igualmente, se le recordó que tiene varios recursos jurídicos que establece la ley.

En el caso en cuestión, se presentó una reseña de las respuestas de la defensa a los requerimientos, por lo que se consideró que se cumplieron todas las exigencias. “Trasladó todos los informes y menciones que a la fecha del llamamiento del señor Montoya Uribe tenía en su conocimiento y contaba con su digitalización y, por otra, se le garantizó las condiciones necesarias a él y a su abogado para que pudieran revisar el expediente digital y así hacer un correcto ejercicio de su derecho a la defensa”.

En octubre de 2023, la defensa de Montoya anunció que el oficial en retiro no aceptaba la imputación por 130 ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas documentadas en el departamento de Antioquia entre los años de 2002 y 2003. En esa oportunidad, pidió la nulidad de todo lo actuado.

“Dado que uno de los argumentos expuestos en la solicitud de nulidad es que el general Mario Montoya Uribe y su abogado no conocieron la totalidad de las versiones voluntarias e informes (...) y que, según alega el abogado defensor, esto impide que el compareciente pueda efectuar su reconocimiento o no de responsabilidad”, informó la JEP en su momento.

En la mencionada imputación, la Sala indicó que, desde su posición, el general Mario Montoya ejerció una presión constante sobre sus subalternos para lograr resultados operacionales, lo cual se consolidó con el mensaje de presentar “muertes en combate” como único indicador del éxito militar en la guerra contra la subversión, principalmente la guerrilla de las Farc.

La Sala de Reconocimiento advirtió que existían pruebas para comprobar la participación del general Montoya en estos hechos. “Por mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas ‘en combate’, emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados”, precisó el auto.

“No fueron conductas aisladas”, precisó la magistrada Catalina Díaz. Las pruebas recolectadas señalaron claramente la forma como se puso en marcha esta práctica para demostrar resultados operacionales. “Los ataques contra la población civil fueron sistemáticos”.

En este sentido, se encontró que “la obligación impuesta” por el general Montoya “a las unidades tácticas de reportarse en términos de ‘litros’, ‘chorros’, ‘ríos’, ‘barriles’ o ‘carrotancados’ de sangre fue una orden recurrente”. Las pruebas documentales y testimoniales indicaron claramente que, por medio de los programas radiales, el entonces comandante de la Cuarta División daba instrucciones claras y precisas a sus subalternos.

Entre estos, a los comandantes de los batallones de Infantería No.4 ‘Jorge Eduardo Sánchez (BAJES), donde se registraron el 80 % de las ejecuciones extrajudiciales entre los años 2002 y 2003. “Los asesinatos y desapariciones ilegítimamente presentados como bajas en combate se enmarcan, por un lado, en un contexto de alta intensidad de la confrontación armada en el oriente antioqueño a inicios de la década del 2000″.