Todos los ojos en la JEP: el duro golpe del rearme a la justicia

Después del anuncio de Jesús Santrich, Iván Márquez y alias el Paisa de volver al monte, había una reacción que se esperaba con gran expectativa: la de la JEP. Ante la fuga de Jesús Santrich, este organismo quedó en una profunda encrucijada al haber impedido, al lado de las otras cortes, su extradición a los Estados Unidos. Por eso, esta mañana en ese nuevo tribunal se vivían tensionantes momentos. 

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Apenas unas horas después de que los exguerrilleros hicieran público el video con el anuncio, la nueva jurisdicción convocó a una rueda de prensa. La presidenta de la entidad, Patricia Linares, fue la encargada de dar declaraciones. Lo primero que dijo era esperado: los tres disidentes de las desmovilizadas Farc serán excluidos de la justicia transicional. 

Vea la declaración de Patricia Linares

El Gobierno ya le había exigido a esa jurisdicción tomar medidas. El alto comisionado de paz, Miguel Ceballos, en una entrevista a la W Radio había hecho esa petición y había más allá. El funcionario habló de la necesidad de expedir "las órdenes de captura y las circulares rojas respectivas" para que "todo país que se entere o sepa del paradero de estas personas, incluyendo por supuesto Venezuela, las entregue a la justicia". Por otro lado, había abierto la puerta a una tesis que cada vez coge más fuerza: la alianza de estos tres disidentes con el ELN. 

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Linares aseguró que "las noticias de rearme de algunos exmiembros de las Farc hoy en la clandestinidad se encuentran en trámite en la JEP". La alta funcionaria, quien se ha convertido en los últimos años en una de las más grandes defensoras del sistema de justicia transicional, habló con preocupación. Aseguró que lo que sucedió "constituye sin duda un hecho de la mayor gravedad para el proceso de paz, que con sacrificio y no exento de dificultades se ha desarrollado en nuestro país".

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No era para menos. Desde su inicio, la JEP ha desarrollado su misión de ejercer la justicia transicional pactada en La Habana contra viento y marea. El organismo que comenzó a operar en enero de 2018 ha sido quizás el mayor receptor de críticas por parte de quienes no creen en el proceso de paz. El papel que jugaron en la libertad que se le concedió a Jesús Santrich encenderá una nueva polemica nacional que muy seguramente hará que desde el uribismo se proponga recortar sus competencias en la justicia del posconflicto. 

El presidente Iván Duque y el expresidente Álvaro Uribe han sido los principales voceros de ese malestar. El primero lo hizo en su frustrado intento por tramitar unas objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP, que finalmente fueron hundidas por el Congreso de la República. Como senador y luego como candidato, Duque era uno de los principales opositores a los beneficios judiciales que recibirían las Farc con los acuerdos de paz. El hoy presidente fue el autor de la demanda ante la Corte Constitucional que limitó el fast track y las facultades que tenía el Gobierno para darle celeridad al paso de la normatividad de la paz en el Congreso.

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Desde ese entonces, el presidente ha mantenido unos puntos que para el uribismo son inamovibles: que los jefes guerrilleros no deberían hacer política sin haber pasado por un proceso judicial, que se debe excluir el narcotráfico como delito conexo al político y por lo tanto amnistiable y que las Farc deben responder por su papel en el narcotráfico. En las objeciones, Duque fue más prudente que la posición uribista, pero también planteó puntos esenciales: quitarle a la JEP la competencia para pedir pruebas en los casos de extradición, eliminar la norma que impide la extradición de terceros que colaboren con la JEP y darle más poderes al alto comisionado para la paz en la decisión de determinar quiénes podían entrar al proceso. Es casi seguro que con el rearme de estos tres miembros de las Farc, estas banderas vuelvan a aparecer, pero con más chance de ser aprobadas.

Álvaro Uribe, por su parte, fue el primero en salir a achacarle a la justicia su responsabilidad en lo que está sucediendo. El expresidente habló en la FM antes de las seis de la mañana y luego salió a la calle microfóno en mano para despacharse contra el proceso y plantear la necesidad de modificar los pactos de La Habana.  "Hay que bajar esos acuerdos de la Constitución, capturar a esos bandidos donde estén, recuperar esta economía, profundizar la política social y, ¡mano firme contra esos bandidos que es lo que necesita este país!", dijo.  

Vea en video las declaraciones de Uribe

El problema es que en la JEP y en el proceso de paz no solamente están Santrich, el Paisa e Iván Márquez. Como lo recordó la misma Patricia Linares, el organismo estudia en este momento la situación jurídica de una buena parte de los protagonistas del conflicto armado en Colombia. "La JEP, cumpliendo con su mandato constitucional y legal, hoy administra justicia a 11.986 personas (exmiembros de las Farc, fuerza pública, otros agentes del Estado y terceros) que tuvieron participación directa o indirecta en el conflicto y que vienen cumpliendo a cabalidad con los compromisos y condiciones que les impone el sistema".

Si esas 12.000 personas pierden la confianza en el proceso, el país podrá vivir consecuencias muy negativas. De eso es consciente el Gobierno. En una declaración de prensa, el alto comisionado Ceballos -al lado del embajador Francisco Santos- le entregó un mensaje de tranquilidad a los desmovilizados que siguen creyendo en el proceso de paz. “El Estado nunca los va a dejar solos”, les dijo. Aseguró que la Casa de Nariño reconoce el valor de las declaraciones del jefe máximo de esa desmovilizada guerrilla que en la mañana del jueves pidió perdón al país por lo que está sucediendo. "Yo no me bajo del bus, es una noticia desafortunada pero se acaba esa ambigüedad de no saber ellos en qué estaban. A los compañeros se les acabó la voluntad de seguirle apostando a la paz, pero nosotros seguimos en el proceso. Los caminos ya están definidos", dijo en un entrevista a Blu Radio. 

En ese mismo sentido hizo el cierre de su intervención la magistrada Linares. Después de asegurar que Santrich, Márquez y el Paisa serán expulsados y perderán los beneficios del proceso, aseguró que "Colombia, las víctimas, la ciudadanía y la comunidad internacional pueden confiar en que la JEP cumplirá, como lo ha venido haciendo, con su responsabilidad y mandato constitucional y legal".  En medio de la preocupación nacional por lo que pueda significar el rearme de esa disidencia de las Farc, cumplir con ese propósito para ese nuevo organismo será cada vez más díficil. 

Vea al video en que numerosos personajes públicos defienden el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz