JEP, sin mencionarlo, responde las quejas de Timochenko. Asegura que seguridad jurídica para firmantes comprometidos sigue en firme

Existe una gran tensión en el interior de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por las recientes declaraciones públicas de Rodrigo Londoño Echeverry, más conocido como Timochenko, el último máximo comandante del Secretariado de las Farc y el mismo que hace ocho años firmó el Acuerdo de Paz.

Tras darse a conocer la carta, en su cuenta de X, la JEP respondió sin hacer mención al excomandante guerrillero o a una situación en especial.

“La JEP garantiza la seguridad jurídica y el cierre de procesos judicial para los comparecientes que han cumplido con sus obligaciones y han contribuido a la verdad, la justicia y la restauración a las víctimas del conflicto armado en Colombia”, precisa.

En otra publicación, sin mencionar la misiva enviada este lunes, 2 de diciembre, la JEP asegura que “los procesos jurídicos para los comparecientes que han cumplido con sus obligaciones culminarán según lo acordado en el Acuerdo de Paz. Esto marca un paso importante hacia la consolidación de la paz en Colombia”.

Pese a que recientemente habían advertido que iban a evaluar el reconocimiento de responsabilidades en medio de la nueva imputación de cargos contra seis exintegrantes de las Farc por crímenes de guerra de reclutamiento y utilización de niños y niñas durante el conflicto armado los más recientes anuncios ponen a tambalear esta posición.

En una misiva enviada por el presidente del Partido Comunes - conformado tras la firma del Acuerdo de Paz - cuestiona al magistrado Ramelli y asegura que no están de acuerdo con un juicio en única instancia.

“Renunciamos públicamente al principio universal del derecho a presunción de inocencia para agilizar el proceso judicial, con el objetivo de ser juzgados y sancionados lo antes posible”, señala uno de los apartes de la agresiva misiva.

En la misma, el excomandante de las Farc asegura que “de manera incomprensible” la JEP “ha decidido dilatar el proceso judicial, aperturar un número inmotivado y asimétrico de Macro Casos, caer en la investigación del hecho a hecho, burlando a las víctimas con falsas expectativas que las revictimizan”.

Timochenko hizo referencia a las declaraciones públicas hechas por el magistrado Ramelli aseguró que el tiempo para tomar decisiones de fondo avanza rápidamente.

“Estamos haciendo todo lo posible, pero el tiempo es limitado. Lo que no logremos investigar será devuelto a la justicia ordinaria, y allí las sanciones ya no serán propias, sino de cárcel”, señaló el presidente de la JEP en entrevista con Blu Radio el pasado 30 de noviembre.

En la actualidad, los comparecientes se enfrentan a condenas entre los cinco y ocho años. Estas penas son restaurativas si reconocen su plena responsabilidad en los casos imputados. De ser vencidos en juicio dentro de la JEP la pena máxima es de 20 años de cárcel.

Sin embargo, de perder la competencia, los comparecientes se exponen a una sentencia mucho mayor, incluso, rozaría los 50 años de prisión por la gravedad de los delitos imputados, entre los que se encuentran homicidio, secuestro, desaparición forzada y tortura, entre muchos otros.

Estas críticas se suman a las presentadas por el mismo Timochenko a lo largo del presente año, en la que ha cuestionado a la JEP, considerando que ha sido “lenta” y hasta “revictimizante” con los que se han sometido.

El vicepresidente de la JEP, José Miller Hormiga anunció recientemente que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha realizado varias reestructuraciones con el fin de agilizar la toma de decisiones.

Mientras que en sus últimas ruedas de prensa como Presidente de la JEP, el magistrado Roberto Carlos Vidal manifestó claramente que cualquier interrupción al Acuerdo de Paz y la labor de la JEP le podría abrir la puerta a la Corte Penal Internacional (CPI).

“Cualquier cierre prematuro de la JEP le causaría un enorme perjuicio al país, pero sobre todo, a aquellos comparecientes que pertenecieron a las antiguas Farc y a los miembros de la fuerza pública, pues se podría ver comprometida la regularización de su situación judicial”, enfatizó el magistrado Vidal el pasado 26 de septiembre.