¿Se le fue la mano a la JEP?

El caso del exsenador liberal Álvaro Ashton acaba de entrar en un limbo jurídico, cuya definición marcará el destino de muchos otros expedientes de alto voltaje. El político vio sucumbir su carrera en diciembre de 2017 cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó capturarlo por el delito de concierto para delinquir. En efecto, en 2006, en el momento en que saltó de la Cámara al Senado, lo hizo gracias al apoyo determinante del temido bloque Norte de las autodefensas, que operaban el departamento del Atlántico. Al senador también le endilgaron el cargo de cohecho, pues se comprometió a pagar 1.200 millones de pesos a Gustavo Moreno, el hombre clave del cartel de la toga, para lograr que su viejo expediente por parapolítica permaneciera engavetado.

Ciertamente, el proceso por nexos con los paras descansó por mucho tiempo en el despacho del magistrado Gustavo Malo, hoy también tras las rejas. Luego, cuando estalló el escándalo del cartel de la toga, bastó revisar el caso para encontrar sólidas evidencias y, sin más, la corte ordenó detener a Ashton y enviarlo a la cárcel La Picota. Después, aparecieron otros líos judiciales. En su contra también hay un expediente asociado a delitos sexuales con menores y otro por la corrupción de Odebrecht.

Pero Ashton hizo un sorpresivo enroque con el que logró salir de prisión. Solicitó su entrada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Para ello planteó que los cargos por parapolítica y corrupción judicial tenían nexo con el conflicto armado y, por tanto, eran de competencia de ese tribunal de paz. La Sala de Definición rechazó admitirlo al señalar que ninguno de los cuatro procesos tenían una relación “necesaria y razonable con el conflicto armado”. Frente a la negativa, el político decidió apelar. Insistió en que la JEP debía asumir, al menos, sus expedientes de parapolítica y del cartel de la toga.

Patricia Linares, Fabio Espitia

Entretanto, su periodo de congresista concluyó, y la Corte Suprema decidió remitir el expediente, por falta de competencia, a la Fiscalía. Luego vino la gran sorpresa. La Sección de Apelación de la JEP le dio la razón a Ashton. Los magistrados de paz consideraron que el caso concreto de la parapolítica sí guarda una relación con el conflicto armado, pues cometió el delito de concierto para delinquir con el propósito de servir a los intereses económicos, políticos e ideológicos de las autodefensas. Además, concluyeron que el otro delito, el de corrupción judicial, eventualmente tendría “una conexidad consecuencial” con el primero y también lo admitieron.

Un mes después, en septiembre de 2019, Ashton consiguió de la JEP la libertad transitoria luego de confesar su responsabilidad y de asumir el compromiso de revelar la verdad no solo acerca de su caso, sino también de otros relacionados con parapolítica y el cartel de la toga. Siguiendo los pasos de Ashton, el también exsenador y cliente del cartel de la toga Musa Besaile tocó las puertas de la JEP. Bajo la misma lógica lo admitieron, aunque no ha logrado la libertad anticipada. El senador encarcelado Bernardo ‘Ñoño’ Elías hizo lo mismo y su proceso está en estudio ante la JEP.

Pero la Fiscalía se opone a que el Tribunal para la Paz asuma el caso del cartel de la toga. De hecho, se ha negado a remitir el expediente de Ashton a la JEP y en los últimos días acudió a la Corte Constitucional para trabar un “conflicto de competencia entre jurisdicciones”. El ente acusador dice que el auto de la Sección de Apelación de la JEP es “exótico” y advierte que avalar la idea de la conexidad consecuencial para atar delitos comunes al conflicto armado “permitiría la elaboración de largas e infinitas cadenas de causalidad, donde todos los delitos cometidos en Colombia terminarían siendo competencia exclusiva de la JEP al estar relacionados, así sea lejanamente, con un delito cometido en el contexto del conflicto armado”.

En la controversia también tercia la Procuraduría. “La JEP no puede convertirse en un escampadero de corruptos. Si Besaile tiene algo que decir contra alguien, incluso contra mí, que lo diga en la justicia ordinaria”, ripostó el procurador Fernando Carrillo al anunciar que se oponía a que el exsenador entrara en la justicia de paz. No es la primera vez que el Ministerio Público controvierte esos casos que considera por entero ajenos del conflicto armado. 

El mismo debate se presentó cuando la JEP admitió al coronel retirado del Ejército Bayron Carvajal en relación con la masacre de Jamundí. En ese episodio, ocurrido en 2006, el Batallón de Alta Montaña que dirigía Carvajal acribilló a nueve policías antinarcóticos de la Dijín y un civil. Al comienzo, se dijo que había sido un error, pero luego quedó plenamente constatado que Carvajal en realidad estaba al servicio del narcotráfico, por lo que lo condenaron como autor mediato a 29 años de cárcel. La JEP decidió asumir ese expediente y la Procuraduría brincó.Patricia Linares, Fabio Espitia

La Sala de Definición de la JEP le otorgó la libertad anticipada a Carvajal, pero este no pudo salir de la cárcel, pues en su contra hay otras medidas de aseguramiento por procesos relacionados con bienes del narcotráfico. La Procuraduría apeló y la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz definirá el asunto. Pero justamente esta instancia, la más alta en la JEP, ordenó asumir los procesos de Ashton por el cartel de la toga con la tesis de que ese escándalo guarda “conexidad consecuencial” con el conflicto armado. 

Resulta difícil establecer hasta dónde puede ir la competencia de la JEP. La representante Juanita Goerbertus, experta en justicia transicional, considera que habría que analizar caso por caso, pero advierte que “la tarea que tiene por delante la JEP es titánica, así que no creo que deba extralimitarse con casos en los que la relación con el conflicto armado sea poco clara”.

Por su parte, el senador Roy Barreras, exnegociador en La Habana del proceso de paz, considera que el expediente por la masacre de Jamundí nada tiene que ver con el conflicto. Pero, al mismo tiempo, no descarta que casos del cartel de la toga sí guarden alguna relación con la guerra. Para Barreras habría que ver cuál de aquellos delitos de soborno a magistrados sirvieron para encubrir casos de paramilitarismo. “Esos claro que tienen relación con el conflicto porque se cometieron para callar verdad sobre ese fenómeno, que es una expresión del conflicto; y es muy importante que estos protagonistas de la parapolítica vayan a la JEP, cuenten la verdad y lograr así desmantelar esos vínculos perversos entre los poderes locales y regionales y el paramilitarismo”, dice.

La JEP ya ha chocado con la Fiscalía, por lo que la Corte Constitucional ha tenido que pronunciarse. Néstor Humberto Martínez trabajó dos conflictos ante el máximo tribunal. El primero relacionado con la posibilidad de disponer sobre los bienes incautados a las Farc, y el segundo en torno al debate de si podía extraditar a Jesús Santrich. En el primer caso la corte le dio parcialmente la razón a la Fiscalía. Dijo que al ente investigador le correspondía manejar los bienes, pero que estos debían servir para reparar a las víctimas, como sostenía la JEP. Con relación a Santrich triunfó el Tribunal para la Paz, pues la corte determinó que el guerrillero gozaba de la garantía de no extradición hasta tanto no fuera expulsado de la JEP. Lo que ocurrió después es otra historia

¿Se pasó la JEP de revoluciones? Ahora la Corte Constitucional deberá contestar esa pregunta tras sopesar los argumentos y contraargumentos relativos al caso de Álvaro Ashton y sus confesos nexos con el cartel de la toga. Lo que decida el máximo tribunal constitucional dará la pauta para otros sonados casos y determinará la suerte de decenas de parapolíticos que aspiran a expiar sus culpas ante la JEP.