La resurrección de Santrich

Detrás de la libertad de Jesús Santrich y su próxima entrada al Capitolio para hacerse congresista, hay un mensaje severo de las altas cortes al Gobierno nacional. Los cuatro máximos tribunales del país tuvieron que participar para contener el propósito del presidente Iván Duque de poner al exlíder guerrillero en un avión de la DEA y entregarlo a la Justicia de Estados Unidos. A cambio de eso, al menos de momento, Santrich acudirá a la Secretaría de la Cámara de Representantes para cumplir los trámites de rigor a fin de posesionarse en una de las diez curules que el acuerdo de paz le asignó a la extinta guerrilla de las Farc.

El país político y la opinión pública están profundamente divididos entre quienes creen válida la ecuación de la paz y quienes la rechazan a tal punto que pretenden reversar lo acordado. Santrich se volvió el símbolo de ese pulso feroz. Su triunfo momentáneo dejó a la rama judicial –con excepción de la Fiscalía– en posición contraria al Gobierno, que reaccionó ante la libertad del exguerrillero en forma categórica: “No podemos dejar de llamar a las cosas por su nombre: alias Jesús Santrich es un mafioso”, dijo el presidente Iván Duque.

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Hace ya un año y un mes empezó la puja en torno al exguerrillero de lentes oscuros y frases provocadoras. El entonces fiscal Néstor Humberto Martínez sorprendió al país con la captura de Santrich porque, según la DEA, lideraba un plan para enviar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos. La Fiscalía General dijo que se trataba de un delito posterior a la firma de la paz y que por tanto la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) nada tenía que ver. Allí se abrió una batalla jurídica que zanjó la Corte Constitucional al determinar que a la JEP le correspondía verificar que la fecha de la conducta fuera posterior a la firma y que para cumplir esa misión podría ordenar pruebas.

Aunque la JEP quedó facultada para solicitar las pruebas, como era de esperarse Estados Unidos se negó a remitirlas y reafirmó que con el indictment era suficiente. Luego de varios ires y venires, la Sección de Revisión de la JEP decidió mantener en favor de Santrich la garantía de no extradición y ordenó su libertad inmediata. El Tribunal para la Paz explicó que no había podido constatar la fecha por carencia de pruebas y pidió a la justicia ordinaria investigar el asunto para que la eventual conducta no quedara impune.

Foto: La Corte Constitucional sepultó las objeciones a la JEP el mismo día que la Corte Suprema de Justicia apartó a la Fiscalía del caso Santrich y ordenó su inmediata libertad.

En ese momento, hace dos semanas, los colombianos vieron la macondiana escena en que guardias del Inpec empujaron a Santrich en su silla de ruedas unos centímetros afuera de la cárcel, para que enseguida agentes del CTI le leyeran sus derechos y lo retornaran a prisión. El exguerrillero asegura que no recuerda nada porque minutos antes, en un baño, se había cortado las venas con una cuchilla de afeitar al conocer el rumor de que Duque declararía la conmoción interior y sin más lo pondría en un avión de la DEA.

El amago de libertad tuvo como telón de fondo la renuncia irrevocable, por razones de dignidad, de Néstor Humberto Martínez y la filtración a los medios de comunicación del famoso video, la llamada prueba reina que demostraría que Santrich sí estaba en negocios de narcotráfico. Los magistrados entendieron esa maniobra como un intento por dejarlos en ridículo, ya que la JEP había solicitado insistente e infructuosamente ese video, entre otras pruebas. Lo que ha ocurrido en los últimos días con relación a Santrich es la respuesta de la rama judicial a los mensajes que ha enviado el Ejecutivo.

La pugna entre estos poderes empezó como un desaire desde el día uno, y, para perjuicio del país, ha ido escalando hacia un enfrentamiento que promete agravarse en las próximas semanas, seguramente con consecuencias negativas para la institucionalidad. El 7 de agosto pasado, cuando Iván Duque se posesionó como jefe de Estado, los magistrados de las altas cortes extrañamente no tuvieron asiento en la primera fila durante la ceremonia en la plaza de Bolívar. Los ubicaron en la última hilera. En su momento, eso no pasó de un error de protocolo, pero ahora simboliza la brecha entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Y esa distancia se ha ido tornando en desconfianza mutua, expresada en los altibajos de este caso.

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El martes, el Consejo de Estado produjo un fallo de segunda instancia con el cual confirmó que Santrich tiene investidura de congresista electo para ocupar una de las curules otorgadas a la guerrilla, en virtud del acuerdo de paz. Esto a pesar de que lo capturaron en abril de 2018 antes de tomar posesión como representante a la Cámara y que otro excombatiente ocupa ahora su curul. La noticia llegó cuando Santrich esperaba en un calabozo la decisión de si el proceso por su recaptura le correspondía a la Fiscalía ante un juez ordinario o si debía quedar a cargo de la Corte Suprema. Los abogados del exguerrillero alegaron que él, como congresista electo, era un aforado y que, por tanto, la autoridad competente era la corte.

Al mediodía del miércoles, es decir, al siguiente día del fallo del Consejo de Estado, la Sala Penal de la Corte Suprema produjo una decisión con la que apartó a la Fiscalía del caso Santrich, anuló la legalidad de su recaptura y ordenó su inmediata libertad. Para sustentar esa determinación, los magistrados de la Sala Penal se apartaron de su tradición jurídica según la cual los congresistas adquieren el fuero cuando realizan acto de posesión formal. Ese veredicto abrió las puertas de la celda de Santrich, e hizo que el expediente contra el exguerrillero pasara a la Sala Especial de Instrucción de la propia Corte Suprema. Este órgano y no la Fiscalía investigará si estaba despachando un cargamento de cocaína, como asegura la DEA. Sobre la liberación de Santrich, Estados Unidos dijo, por medio de la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus: “Respetamos la decisión del tribunal (...) pero nos parece lamentable”.

Las objeciones: Q. E. P. D.

El panorama ahora es más que complejo: Jesús Santrich asumirá como flamante congresista de Colombia, mientras Estados Unidos lo reclama por narcotráfico, el presidente de la república lo califica de mafioso y la vicepresidenta advierte que se va a volar. Al mismo tiempo, la Procuraduría le pide a la JEP revocar la negativa a extraditarlo, y a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema que lo recapture una vez más. En medio de semejante enredo legal, el exguerrillero insiste en que el video y las demás pruebas de la DEA son un montaje para hacer trizas la paz. “Ha pasado más cocaína por la nariz de los que dudan de mí que por mis manos”, aseguró.

A partir de la noche del miércoles, cuando el país apenas asimilaba la orden de libertad a favor de Santrich, la Corte Constitucional le propinó otro revés, no menor, al Ejecutivo.

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Duque prometió en campaña que haría “correcciones” al acuerdo de paz, y ha enfocado ese propósito, principalmente, en rediseñar la JEP por medio de reformas desde el Congreso. El fallo de los magistrados constitucionalistas de esta semana implica que fracasó la apuesta de trabajo legislativo del Gobierno y el Centro Democrático en función de ese propósito.

Foto: El presidente Duque asegura que no lo han derrotado y que insistirá en el propósito de hacer ajustes de la JEP. Se trata, dice, de defender principios para alcanzar una paz con legalidad.

El Gobierno Duque debutó en el Congreso hace diez meses al formular varias reformas constitucionales que modificarían la JEP. Todas naufragaron. A pesar de prolongadas reuniones, el Gobierno no logró concretar un acuerdo que permitiera al menos sacar avante algunas de las reformas. Después, Duque decidió tomar un camino inédito: presentó seis objeciones por inconveniencia a la ley estatutaria de la JEP, a pesar de que esta ya había pasado por revisión de la Corte Constitucional.

En medio de un gran debate jurídico, las objeciones llegaron al Congreso y ese tema se convirtió en un punto de honor tanto o más que la extradición de Santrich. En ese enfrentamiento también la Fiscalía se alineó con el Ejecutivo. El entonces fiscal Martínez se convirtió en el jefe de debate y principal defensor de las seis reformas que, aunque pocas, eran de gran impacto.

En la Cámara de Representantes, la postura de oponerse a las objeciones consiguió la mayoría contundente de 110 votos. En el Senado lo hizo con 47. En esta última votación, el país revivió épocas en las que congresistas cambiaban de bando a último momento, huían del recinto y aparecían oscuros nombramientos de sus financiadores en entidades públicas. El marcador se apretó al máximo, y el secretario del Senado, Gregorio Eljach, y el presidente de la corporación, Ernesto Macías, decidieron que, según sus matemáticas, los 47 votos no eran mayoría.  

El veredicto desató choque con los partidos que se pusieron la camiseta de la paz. Aunque había una segunda oportunidad para votar, el clima alcanzó máxima temperatura, y del tire y afloje salió una decisión salomónica: la oposición se retiró del recinto, y ante la falta de quorum el veredicto quedó en manos de la Corte Constitucional. Las objeciones, que ya traían una cruz en la frente, quedaron listas para su sepultura.

Hace dos semanas, el expediente del trámite de las objeciones llegó a manos del magistrado Antonio José Lizarazo, quien por segunda vez se declaró impedido para escribir la ponencia de una decisión relacionada con la columna vertebral de la justicia especial para la paz. En esta ocasión, el impedimento contó con un ingrediente insólito y escandaloso: Estados Unidos le retiró temporalmente su visa sin que existiera una explicación clara del episodio, por lo que el magistrado insistió en hacerse a un lado. Por supuesto, todos sus colegas se negaron a esta posibilidad.  

Foto: La magistrada Patricia Linares preside la JEP e integra la Sección de Apelación que deberá revisar el fallo de primera instancia que negó la extradición de Jesús Santrich. Mientras el embajador Kevin Whitaker insiste en que Santrich vaya extraditado a Estados Unidos. Hace dos semanas, la embajada revisó las visas de varios magistrados colombianos.

Desde el día uno en que se manifestaron reparos de Duque a la JEP, se especuló que detrás de las objeciones había un interés del Gobierno norteamericano, especialmente relacionado con los cambios hechos en materia de extradición. Este temor quedó para muchos confirmado cuando se supo del retiro de una segunda visa, la de la magistrada Diana Fajardo, una de las juristas del bando que se la juega por el proceso de paz.

A pesar de las presiones y los escándalos derivados del debate político, casi tres meses después de que Duque convirtiera las objeciones en su principal tema en el Congreso, la Corte Constitucional cerró esa puerta definitivamente. El alto tribunal concluyó que en las dos Cámaras se hundieron las objeciones con una votación superior o igual a la mitad más uno. Al revisar con lupa el quorum del Senado, la corte concluyó que se componía de 106 curules, al restar la de la senadora electa Aída Merlano, contra quien la Justicia profirió orden de captura antes de posesionarse por “corrupción al sufragante agravado”. Y la de Iván Márquez, quien no se posesionó y ahora enfrenta un proceso de pérdida de investidura.

El fallo de la Corte Constitucional gravita en torno al artículo 134 de la Constitución, que establece que en ningún caso podrán ser reemplazadas las curules de quienes tengan una medida de aseguramiento en su contra por hechos relacionados con corrupción electoral, como en el caso de Merlano. Así las cuentas, el quorum del Senado se calculó sobre la base de 106 curules, de las cuales se restaron los votos de 14 parlamentarios impedidos para votar. En consecuencia, la mitad más uno de esta cuenta da 47: el número exacto de votos que alcanzó la oposición en el recinto del Senado.

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La decisión de la Corte Constitucional de sepultar las objeciones trae un detalle que permite creer que las altas cortes estaban alineadas para darle un triple golpe al Gobierno. El máximo tribunal constitucional reconoce en su fallo que un congresista adquiere investidura desde el momento en que gana la elección y no desde que se posesiona. Este es exactamente el mismo argumento atípico que la Corte Suprema de Justicia recogió en el fallo con que asumió competencia frente al caso de Jesús Santrich.

El viernes los magistrados de la Constitucional remitieron su veredicto definitivo –el acta de defunción de las objeciones– a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Ante esto, Duque no tiene más opción que promulgar la ley estatutaria de la JEP y olvidarse de los ajustes que quiso incorporar.

Al conocer el sentido de la decisión de la Corte Constitucional, Duque manifestó que la acatará, pero con una salvedad: “Nunca dejaré de defender los principios que han motivado al pueblo colombiano para que tengamos una paz con justicia, una paz en la que todos creamos. Así seguiré procediendo todos los días de mi vida”.

Funcionarios de alto rango, como el comisionado para la paz, Miguel Ceballos, han anunciado que insistirán en el Congreso con un proyecto de reforma constitucional para rediseñar la JEP. El Gobierno también asegura que no piensa plantear una asamblea constituyente. Pero líderes del Centro Democrático como la senadora Paloma Valencia no lo descartan: “La idea de la constituyente no es mala porque estamos viendo que las personas que componen las altas cortes están tomándose las atribuciones de fallar no en derecho, sino en su posición política”, dijo.

El fuerte pulso entre el Ejecutivo y el Poder Judicial está lejos de concluir. Los magistrados tanto de la justicia transicional como de la justicia ordinaria dicen que no fallan con consideraciones políticas, sino con autonomía y apego a la Constitución, en la que está consignado el acuerdo de paz.

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Pero de cualquier forma en los próximos días, cuando Santrich ingrese al Congreso, la sola foto generará escozor. Arremeterán las críticas contra los magistrados por haber despejado los escenarios judiciales que indirectamente llevaron a eso. Y cuando el polémico exguerrilero empiece a ejercer como legislador con sus intervenciones incendiarias, los ánimos se exasperarán como nunca.

También en las próximas semanas Iván Duque formulará la terna para escoger el fiscal general que reemplace a Martínez Neira, quien fue un gran aliado para el Gobierno. La elección le corresponde a la Corte Suprema, la misma que, tácitamente, le acaba de decir al presidente que no hay una agenda coordinada. La nueva ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco –hasta este miércoles magistrada de la Corte Suprema–, tendrá la compleja tarea de desactivar la pugna y recomponer las relaciones entre ambos poderes. La jurista intentará lo que parece nada menos que una misión imposible.