NACIÓN
“Sergio Jaramillo es un personaje bastante difícil”: Santrich
El jefe guerrillero se despachó contra el alto comisionado de paz y contra el gerente de las zonas veredales por los retrasos en los puntos de concentración. Dice que su presencia en las zonas va para largo.
Semana.com.: ¿A qué se refieren cuando dicen que el Gobierno les está incumpliendo?
Jesús Santrich.: Los sitios que se suponen iban a ser escenarios de recepción de la guerrilla no están acondicionados. En La Habana se pactaron unos requisitos mínimos para la estancia de los combatientes en las zonas pero el 20 de diciembre no había un sólo sitio pese a que nosotros ya estábamos en puntos de preagrupamiento. Una muestra de que había una voluntad política. En esos días se expidió un acta diciendo que a más tardar finalizando enero íbamos a estar en las zonas siempre y cuando estuvieran adecuadas. Es decir, con las condiciones sanitarias óptimas: el agua, la luz y conectividad. No eran exigencias exageradas sino lo que se había acordado.
Semana.com.: ¿No cree que exageran un poco cuando dicen que todas las zonas están retrasadas?
J. S.: En la zona veredal debe haber un sitio de recepción de la población para que no se mezcle con la guerrilla. Ninguna de esas áreas están adecuadas ni siquiera las áreas comunes como las aulas, sitios de recreación o vivienda. En el mejor de los casos la más avanzada, pero que con todo no alcanza a estar construida en un 25 %, es la que visitó el presidente Juan Manuel Santos en Puerto Asís, Putumayo. Y lo que se ha logrado también es porque la guerrilla ha puesto la mano de obra a disposición las 24 horas del día. Ahora la guerrilla le salió a deber al Gobierno. No sólo nos tocó construir unos campamentos improvisados para asentarnos mientras se adecuaban los puntos campamentarios sino que también trabajar en esos espacios y en los puntos donde debe estar la guerrilla con sus armas y sus pertrechos.
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Semana.com.: En el informe que entregó el Gobierno se dice que ustedes querían cobrar por el trabajo en esas zonas, ¿es cierto?
J. S.: Alguna vez se dijo que si esas eran obras contratadas, la fuerza laboral de los guerrilleros también tiene valor y se dijo que era sensato que se pagara. Sin embargo, después del acta que salió de la reunión conjunta en los Llanos del Yarí eso se descartó y de igual forma pusimos a disposición la mano de obra. Ahora, esas escuadras se han quedado paralizadas porque no hay material o una instrucción clara de los ingenieros. El gerente de las zonas veredales, Carlos Córdoba, sacó a la luz pública un hecho de manera infame porque el tema ya se había solucionado. No tenía ningún problema, no era un exabrupto. Si hay fuerza laboral y le están pagando a todo el mundo es normal que los combatientes también tuvieran la oportunidad.
"Si están apostándole a la desmoralización de la guerrilla están jugando a que el proceso completo coja un mal rumbo".
Semana.com.: El lunes el Gobierno los sacó de casillas, ¿por qué?
J. S.: Es muy delicada la cantidad de mentiras que dijeron Carlos Córdoba y Sergio Jaramillo. En esa rueda de prensa también estuvo el general Flórez, pero todo lo que él dijo fue sensato, pero lo que dijeron los otros dos personajes fue una mentira al país. Según los últimos informes que han llegado de Tumaco, una de las zonas que más criticaron, a los contratistas no les han pagado. En cualquier momento paran la obra. Eso allá va muy lento. Contra Romaña se dijeron muchas cosas, pero eso fue una infamia. Romaña estuvo en Bogotá hablando con Carlos Córdoba y se llegó a unos acuerdos que han sido totalmente cumplidos. No se están haciendo las exigencias que le dijeron al país.
Semana.com.: Si se creó la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) como el espacio para disolver cualquier diferencia que surgiera en la implementación ¿por qué el lunes ambos se sacaron los trapitos al sol de manera unilateral?
J. S.: A nosotros nos sorprendió esa rueda de prensa porque en esos mismos días el comandante Iván Márquez estaba en un área campamentaria. Durante cuatro días transitó por seis zonas dándoles ánimo y hablando con los guerrilleros sobre la necesidad de contribuir para acelerar esto. La dirección citó aquí en Bogotá una reunión para informar sobre lo que se estaba haciendo. Oh sorpresa cuando estos dos personajes salieron públicamente a hacer un balance unilateral cuando ahí está la CSIVI. Ya los habíamos hecho y eran nefastos. En la rueda de prensa que dio las FARC anterior a la de esta del lunes, se dio un parte positivo porque fue un compromiso en la CSIVI. Esta vez fue descortés e irresponsable porque lo que hace es herir la sensibilidad de la guerrilla. En algunos puntos hay hacinamiento, en otros no hay agua suficiente o energía, el combustible no llega, las vías están un desastre.
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Semana.com.: Si todo es como ustedes lo pintan, ¿por qué el último informe del mecanismo tripartito habla de un 90 % de conformidad?
J. S.: Ese balance también se refiere a los traslados que se dieron. En la carta de Jean Arnault hace una descripción clara de las dificultades que hay, la misma que tuvo una respuesta desafortunada de la canciller y el señor Sergio Jaramillo que descalificaron a la insurgencia y a la misma ONU. No es cierto que eso esté en un 80 % adelantado. Esta situación genera una desmotivación porque además de que se está haciendo un esfuerzo, ahora nosotros le salimos a deber al Gobierno.
Semana.com.: En tiempos de implementación, ¿se empieza a desgastar la relación de las FARC con Sergio Jaramillo?
J. S.: Esa es una relación que hemos tratado de sostener a pesar de las obstrucciones de Sergio Jaramillo. Un personaje bastante difícil. Él no busca la norma y los acuerdos para resolver sino para obstruir, tiene una gran capacidad de interpretación obstructiva. Por otro lado, Carlos Córdoba, como lo dijo Carlos Antonio Lozada, además de mal gerente es un mentiroso, arrogante y no ha sido capaz de manejar las zonas. Nunca estuvo en Tumaco antes de decir las barbaridades que dijo del comandante de esa zona que ha puesto su interés y disposición. Invito al mecanismo para que haga un balance.
"Los excombatientes ¿Dónde se los puede imaginar uno?, en Bogotá mirando a ver qué encuentran en las esquinas de los semáforos o debajo de los puentes".
Semana.com.: Y, ¿cómo les ha ido con el ministro del posconflicto Rafael Pardo?
J. S.: Hay una buena relación, el hombre escucha. Es un poco contradictorio lo que hace el Gobierno porque antes de esa rueda de prensa el ministro fue a Tumaco y en declaraciones manifestó que eso no avanzaba. No es culpa nuestra, eso de que la guerrilla se atraviesa y no deja construir es falso. Todos han estado disponibles para trabajar.
Semana.com.: ¿Esto empieza a tener efectos sobre la tropa? ¿Se dice que cuatro personas se fueron de La Carmelita (Putumayo) por la condición de las zonas? ¿Hay disidencias?
J. S.: Se ha hecho una conducción del proceso de tal manera que todo esté cohesionado. Todo lo hemos ido consultando con los combatientes. En estos procesos tan complejos hay dificultades como ha sido el caso de las disidencias. De hecho, se han presentado algunas en el Bloque Oriental y otras del Sur pero para la dimensión de las FARC no alcanzan a fracturar esa unidad que se ha logrado mantener. Sin embargo, con estas series de hechos irresponsables yo pienso que de alguna manera se afecta la credibilidad de los combatientes en el proceso. Si están apostándole a la desmoralización de la guerrilla están jugando a que el proceso completo coja un mal rumbo.
Semana.com.: ¿Sienten un plan tortuga en la implementación del acuerdo?
J. S.: El fast track va muy lento. Ese espectáculo que se dio durante la discusión de la Jurisdicción Especial de Paz en la plenaria del Congreso fue lamentable. Ellos han hecho su papel en el caso de la Amnistía y otras normas. Es como si estuviéramos haciendo una especie de renegociación.
Semana.com.: Cómo van las cosas todo apunta a que ustedes se quedarán en las zonas más de los 180 días, ¿verdad?
J. S.: El proceso de reincorporación dura años. Yo creo que sí porque hay que adelantarlo en términos económico, social y político. Los procesos productivos hay que iniciarlos ahí. La mayoría de nuestros combatientes son campesinos, indígenas e hijos de comunidades afrodescendientes. ¿Dónde se los puede imaginar uno?, en Bogotá mirando a ver qué encuentran en las esquinas de los semáforos o debajo de los puentes. Eso no tendría sentido. ¿Dónde se van a arraigar si las zonas que hemos seleccionado es donde han vivido siempre?, donde han convivido han echado sus raíces. En esas zonas muchos de los guerrilleros tienen sus familias. No los vamos a mover para Marte o para Saturno. Es en ese escenario donde deben hacer su proceso de reincorporación.
Semana.com.: Se habla de inconformidad con algunos contratos que firmó el Gobierno para garantizar su subsistencia en las zonas, ¿ustedes tenían alguna aspiración con ellos?
J. S.: La aspiración que teníamos era que la contratación para la ejecución de proyectos fuera transparente. Que el virus de la corrupción no afectará esos recursos sino que hubiera una nueva forma de ejecutar el erario y que se beneficiaran las regiones. Sin embargo, están ocurriendo cosas dramáticas. Los costos de las cosas los están elevando hasta el 100 %. Todo se ha elevado de manera exorbitante. Si a nosotros nos hubieran dado los recursos habríamos comprado cuatro veces lo que se ha llevado allá.
Semana.com.: ¿Les dieron o no la espalda a los combatientes que se sometieron a la ley de Justicia y Paz?
J. S.: El acuerdo es para todo el que ha estado en rebelión. No podemos hacer excepciones de unos o de otros. Seguramente habrá gente que abandonó a las FARC que se va a beneficiar del acuerdo y en eso no podemos poner obstrucciones. La crítica que le hacíamos a la Fiscalía es que mientras hay unos cuantos miles de excombatientes que han pedido la Amnistía de iure, no se aceleran esos trámites pero sí los de quienes abandonaron las filas de las FARC. No es que nos opongamos. Todo el que se pueda beneficiar que lo haga.
"La clásica fotografía del desmovilizado que le entrega su arma al Gobierno eso no va a ocurrir".
Semana.com.: ¿Cómo ha visto al fiscal Néstor Humberto Martínez?
J. S.: La Fiscalía en general ha tenido un papel en negativo en el proceso de reconciliación. Cuando estaba el fiscal anterior -no tan nefasto como este-, casi que la mayor parte de los fiscales los concentraron para actuar contra las FARC. Más de 300 % fiscales estaban destinados a construir los procesos contra nosotros. Hasta contrataron a la señora Springer para hacer sus algoritmos. Este fiscal se ha empeñado en obstruir la Jurisdicción Especial de Paz y aspectos esenciales de los acuerdos como la creación de la Unidad de Investigación del Paramilitarismo. Él lo quiere poner bajo sus fueros. No se ha podido adelantar las acciones contra el paramilitarismo.
Semana.com.: ¿En los próximos tres meses habrán dejado las armas?
J. S.: Todo esto se trata de apartar el uso de las armas en la política y nosotros ya lo hicimos. Ya las hemos apartado. En gran medida el proceso de dejación comenzó cuando hicimos el cese al fuego, la segunda etapa fue cuando hicimos el preagrupamiento y la tercera se consumó el día que nos metimos a los puntos de normalización. Las armas están fuera de combate. Se han apartado de su uso en la política. Ya comenzó el proceso de destrucción de armas inestables y el registro.
Semana.com.: ¿Vamos o no a ver una postal de la dejación de armas?
J. S.: Nosotros hemos dicho que no necesariamente. La dejación no es tripartita, es la ONU con nosotros. Hacemos los registros, cogemos los fusiles y los colocamos en los conteiner y luego serán utilizadas para construir tres monumentos. No creemos que sea necesario que haya fotografía sobre eso. La clásica fotografía del desmovilizado que le entrega su arma al Gobierno eso no va a ocurrir.
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Semana.com.: Su accionar coincide con algunos puntos donde trabajó Odebrecht, ¿la empresa brasilera pagó o no ‘vacunas‘?
J. S.: Yo no creo que Odebrecht haya financiado a las FARC. Sin embargo, decirlo no nos corresponde a nosotros. Eso le corresponde es a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). En este proceso lo primero que opera es el reconocimiento al derecho a la rebelión. Seguramente habrá casos no indultables que van a la JEP pero acá no vamos a juzgar o a hacer autoinculpaciones innecesarias. Esperaremos que vengan esas acusaciones y responderemos a ellas con la verdad que es lo que hemos dicho. Eso no implica que ahora nos vamos a convertir en delatores en todo el que contribuyó a la financiación de la rebelión. Aquí hay mucha gente que ha contribuido de uno u otro partido, sector y apellido. La rebelión no se hace con el viento, sino con recursos y cuesta. Afortunadamente ha llegado el inicio del camino de la paz que ojalá no tenga más obstrucciones.