Cámara de Representantes deberá aceptar la renuncia del Defensor

Jorge Armando Otálora, defensor del pueblo, solo pudo resistir tres días en su cargo luego de la tormenta que se le vino encima por la denuncia de acoso sexual que le hizo su exsecretaria privada, Astrid Helena Cristancho.

Tres días en los que negó cualquier abuso a su subalterna, con el argumento de que todo fue producto de un noviazgo. Tres días de versiones encontradas en las que poco a poco fue perdiendo el respaldo de los que parecía tener a su lado. Y aunque Otálora aseguró que la “estabilidad” de la Defensoría “nunca ha estado en juego”, su permanencia cada vez era más insostenible.

Probablemente, Otálora, haya apostado por la estrategia de “quien nada debe nada teme”, y como tantos otros funcionarios caídos en desgracia, se sumó a esa tradición tan colombiana de quererse defender desde su cargo. Era imposible.

Desde organizaciones feministas hasta representantes a la Cámara; su partido, el Liberal; así como La U; Cambio Radical; Verdes; Polo; Centro Democrático; el colegio de defensores públicos y hasta algunos de sus funcionarios cercanos, pedían su renuncia. También la opinión pública en general. Las voces que le exigían abandonar su cargo se sumaban a medida que se destapaban más detalles del escándalo.

A Otálora le espera una investigación disciplinaria por abuso laboral, y otra, de carácter penal, en la Fiscalía, por presunto acoso sexual. De ambas se defenderá como ciudadano, sin ostentar la condición de funcionario público, y mucho menos la dignidad de defensor del Pueblo, la que le había encomendado el presidente de la República y el Congreso, a través de la Cámara de Representantes, que lo eligió.

Nunca antes un Defensor del Pueblo en el país había renunciado, por lo que el escenario que se espera en los próximos días no deja de ser inédito. Sin embargo, la ley 24 de 1992, que reglamentó el artículo 183 de la Constitución, precisamente el que define el Ministerio Público, tiene previsto esta circunstancia.

Aunque el jefe directo del Defensor es el Procurador general, en este caso Alejandro Ordóñez, Otálora debe presentar su renuncia a la Cámara de Representantes y esta debe ser aceptada por la plenaria.

En este caso, el Congreso está de vacaciones y su periodo solo inicia, según la Constitución, hasta el 16 marzo. Es en esa fecha donde volvería a reunirse la Cámara, sin embargo el gobierno citará a sesiones extraordinarias a partir del 16 de febrero. Y aunque fue citado para modificar la ley de orden público, las circunstancias hacen que una de las primeras ocupaciones de la Cámara sea aceptar la renuncia de Otálora.

La ley establece que en caso de ausencia definitiva o de renuncia el Presidente de la República procederá a encargar un Defensor, quien ejercerá las funciones respectivas mientras la Cámara elige uno en propiedad, según el procedimiento establecido en la Constitución.

Ese procedimiento señala que el Presidente deberá presentar una terna, conformada por personas con las mismas calidades personales y profesionales exigidas para magistrados de las altas cortes, que enviará a la Cámara de Representantes, encargada de la elección.

Eso, en el papel. Pero la realidad es otra. Otálora fue elegido en agosto del 2012 para un periodo de cuatro años (se posesionó el 2 de septiembre de ese año). Eso significa que le quedaban casi siete meses.

La gran pregunta es si, en este caso, se aplica al pie de la letra la norma, o si el presidente Juan Manuel Santos nombra un Defensor para que se ocupe del tiempo que le restaba a Otálora, y la nueva elección sea para elegir nuevo Defensor para un periodo de cuatro años, y no solo para los siete meses que restaban al periodo de Otálora.

La misma ley también señalaba que en caso de faltas temporales era el secretario general de la Defensoría quien asumiría las funciones del titular. Sin embargo, durante la administración Otálora, se instituyó el cargo de vicedefensor del Pueblo, que entre otras, se le atribuyó la función de remplazar al Defensor. Pero este renunció este miércoles.