Uber le responde al senador Jorge Enrique Robledo

El senador del Polo Jorge Enrique Robledo se ha convertido en una de las figuras públicas más críticas de Uber, una aplicación que permite acceder a un servicio de transporte que ya usan cerca de 2 millones de personas en Colombia. El congresista publicó este una serie de trinos con los que denuncia que las cifras que da esa ecompañía son "un engaño". 

Robledo recoge algunos números y calcula que si hay 88.000 carros de Uber y en 18 meses esta aplicación paga en IVA 77.000 millones de pesos, significa que al mes cada carro recibe de ganancia 161.281 pesos. Esta cifra no tiene sentido pues se sabe que un conductor podría hacerse al mes entre 2 y 4 millones al mes. Si ese monto fuera real tampoco sería rentable para los conductores, ni para la empresa misma. Lo que no se ha considerado es que posiblemente de esos 88.000 conductores, no todos trabajan de tiempo completo en la aplicación y ahí podría estar por lo menos una parte de la diferencia. 

El senador en otro trino también dijo que "todo en Uber es ilegal", desde el aplicativo hasta los seguros y la publicidad. En una entrevista hace unos días con este medio Robledo señaló que es ilegal que ellos busquen operar sin que tengan los deberes y responsabilidades de un prestador de servicio público. Dijo también que los seguros eran un engaño porque las aseguradoras daban una póliza para los carros privados, pero si pasaba algo con un cliente no podían responder por que se trataba de un servicio público. También dijo que Uber engañaba a los conductores haciéndoles creer que eran socios, cuando no se trataba más que de una forma de no pagarles salud, vacaciones y otras prestaciones sociales. 

En la serie de trinos que publicó el congresista este jueves también dijo que a miles de conductores de Uber les quitaron la licencia de conducir por 25 años por ser Uber ilegal. Hoy la sanción es de 3 años, pero a quienes sancionaron a 25 años les tocará esperar ese tiempo. "Violaron las normas porque, con engaños, Uber los indujo. Uber debe pagarles los daños y perjuicios que les causó", afirmó.

El senador también recordó que Uber había sido sancionada por desacatar una orden impartida por Superintendencia de Transporte que ordenaba “cesar la facilitación y promoción de prestación de servicios de transporte no autorizados, a través de voceros o terceros, o de medios publicitarios o de difusión de cualquier índole”, y por lo que tendrá que pagar 414 millones de pesos. "Es una ilegalidad descarada. Grave error de los medios publicarle propaganda ILEGAL a Uber", trinó.

La denuncia de Robledo no para ahí. Además dijo que el servicio que presta Uber podría ser legal, pero que ellos prefieren la ilegalidad porque de lo contrario no tendrían ganancia. "Uber vino a Colombia a engañar a los colombianos, a violar la ley, a corromper a las autoridades y a empeorar la movilidad", aseveró. Por último trinó que "Los taxis legales pueden ofrecer un servicio con la particularidades de Uber Pero se lo impide la competencia desleal de Uber. "Uber es un traba el progreso del país", pultualizó.

Ante los señalamientos SEMANA conoció en primicia la respuesta de Uber: 

• Uber Colombia SAS, como empresa debidamente constituida, está sujeta al régimen tributario nacional, reporta información a las autoridades y paga los impuestos que corresponden, incluyendo IVA e impuesto de renta.
• En el último año y medio la aplicación de Uber ha aportado más de 70.000 millones de pesos por concepto de IVA de servicios prestados desde el exterior que se entiendan aprovechados en el país.
• Uber es una compañía de tecnología no una empresa de transporte: El actual escenario no es de ilegalidad sino de falta de reglamentación. En Colombia bajo la Constitución a los particulares les está permitido hacer todo aquello que no esté prohibido por la Ley o la carta política. La no reglamentación y afecta a los más de 88.000 socios conductores registrados en la app de Uber y que se conectan a la aplicación cuando lo desean para generar ganancias adicionales y a los más de 2 millones de personas que usan la plataforma de Uber para movilizarse en las 12 ciudades donde la aplicación está disponible.
• La aplicación de Uber ha  solicitado y comunicado su apertura y total disposición para que se avance en la expedición de una normativa nacional que reconozca la categoría de movilidad colaborativa intermediada por aplicaciones, como ya lo han hecho más de 150 jurisdicciones alrededor del mundo, permitiendo a aplicaciones como Uber complementar los esquemas de movilidad en el país.
• Ahora bien, el derecho al desarrollo tecnológico es de rango constitucional y debe ser garantizado por el Estado, por lo que los usuarios y socios conductores son libres de elegir estas alternativas de movilidad y autoempleo. Los avances tecnológicos van más rápido que los marcos regulatorios, ahí está el reto, pero no por ello se puede calificar o generalizar lo innovador como ilegal.
• La norma de cancelación de licencias por 25 años es una norma inconstitucional, así lo declaró la máxima corte de este país.  En cualquier caso, los socios conductores no prestan servicios públicos de transporte. La misma SIC ha reconocido en diferentes conceptos de abogacía (2015- 2018) la diferenciación de los servicios prestados a través de aplicaciones y los servicios de taxis. El congreso debe regular estos aspectos.
• El decreto de taxis de lujo no está vigente, el nuevo plan de desarrollo expedido en mayo de 2019 lo dejó sin efecto. En todo caso, no era aplicable a aplicaciones como Uber.
• Todos los viajes solicitados a través de la app de Uber están asegurados con Allianz Seguros y cuentan con cobertura de responsabilidad civil y accidentes personales para los ocupantes del vehículo.
• Colombia necesita una regulación que fomente el uso de alternativas de movilidad intermediadas por la tecnología, que tenga como prioridad privilegiar el bien común de millones de ciudadanos y de las propias ciudades. Es lamentable que Colombia sea el único país de Suramérica  en el que ni siquiera existe una hoja de ruta para reglamentar los servicios de movilidad colaborativa. Por eso insistimos nuevamente en la importancia de generar espacios con los actores correspondientes y así lograr una regulación adecuada para usuarios y socios conductores.

Después de su suspensión en Colombia el pasado 20 de diciembre publicaron una carta en la que decían: Uber contribuye en la generación de oportunidades para más de 88.000 socios conductores, muchos de ellos discapacitados, mujeres y cabezas de familia, que han optado por una alternativa de autoempleo flexible para mejorar su calidad de vida". Agregaron que "Los tiempos cambian y es fundamental que las normas de cualquier país en el mundo logren adaptarse a la forma en la que evolucionan las sociedades". La suspensión de Uber fue apelada por la compañía y será un juez quien determine en segunda instancia si se mantiene la sanción o no.