"En Colombia no sólo despojaron la tierra con plata o plomo"

En un territorio como el colombiano, con 114 millones de hectáreas entre reservas, llanuras, montañas y selva, los baldíos han sido históricamente un tema complejo. Por orden de la Constitución, esas tierras sin dueño pertenecen a la Nación y solo el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), hoy Agencia Nacional de Tierras (ANT), puede disponer de ellas. Sin embargo, en 2014 la Corte Constitucional debió expedir una sentencia para reiterar que los bienes estatales no pueden adjudicarse por prescripción, así alguien los haya vuelto productivos, fenómeno que estaba sucediendo sobre todo en Boyacá, Casanare y Santander.

Como a comienzos de 2016 la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó unas decisiones de tribunales regionales, se temió un choque de trenes entre las cortes en el que quedarían en medio los registradores y, por ende, la Superintendencia de Notariado y Registro. Pero al final el asunto se resolvió cuando los magistrados de la Corte Constitucional revocaron la entrega de esos predios. El tema es fundamental en contextos de posconflicto, especialmente de cara a la necesidad de establecer un banco de tierras para implementar el primer punto del acuerdo de paz con las Farc. Según los cálculos de la superintendencia, los baldíos representarían 1.200.000 hectáreas.

Semana.com: Mientras la Corte Suprema se enfrenta a la Corte Constitucional sobre los baldíos de la Nación, ¿dónde queda la superintendencia?

Jorge Enrique Vélez: Seguimos las instrucciones de la Corte Constitucional. Han sido absolutamente claras. A los abogados en la primera clase de Bienes nos dicen: los bienes del Estado no se adquieren por prescripción. Yo les ordeno a los registradores devolver esas sentencias. Y los jueces han llegado hasta a denunciarlos por desacato. A un registrador lo amenazaron con una multa de 6.800 millones de pesos, y después dijeron que era un error, que le habían metido más ceros.

Semana.com:   El argumento de la Corte Constitucional se basa en la Ley 160 de 1994, pero la Corte Suprema ratificó sentencias basadas en la Ley 200 de 1936. ¿Hay doble normatividad?

J.E.V.: No. Solo hay que mirar la historia de los títulos. La Ley 200 presume que si la tierra está explotada, podría ser privada. La Ley 160 de 1994 establece que la propiedad privada se acredita con el registro de las escrituras. No es un choque de normas, es una mala interpretación.

 Semana.com: Entonces, ¿qué hacer con los jueces que entregan los baldíos por prescripción?

J.E.V.: Respetar sus conceptos jurídicos, pero la superintendencia no los tendrá en cuenta. El Juzgado de San Miguel, por ejemplo, ha sacado más de 100 sentencias así. Hay presión por entregar de esta manera sobre todo en Boyacá, Santander y Casanare. La Corte Constitucional ya revocó las decisiones y, expresamente, los funcionarios públicos deben seguir su jurisprudencia, es decir las sentencias más recientes, las T-488 y T-549.

Semana.com: ¿En qué casos ha habido ilegalidad?

J.E.V.: El caso de un juez de Monterrey, Casanare. Prescribió un predio sin antecedente registral, es decir, presuntamente baldío, con un área de 11.000 hectáreas cuando la Unidad Agrícola Familiar (UAF) -lo mínimo con lo que puede vivir un campesino para recibir dos salarios mínimos de la tierra- para esa región es menos de 3.000 hectáreas.

Semana.com: La semana pasada el alcalde de Ricaurte se entregó a las autoridades pues se hizo pasar por campesino para que le adjudicaran un baldío en 2010 que terminó usando como pista de motocross...

J.E.V.: Eso es un descaro. Pero es distinto a la pelea entre las cortes, porque lo que hizo fue hacerse pasar por un campesino pobre para que el Incoder le adjudicara, incumpliendo los requisitos de la Ley 160 de 1994.

Semana.com: ¿Y cómo va el Fondo de Tierras?

J.E.V.: Está muy definido: por una parte, habrá 2 millones de hectáreas de lo que antes era reserva forestal en la cuenca del Magdalena. Otro millón proviene de la extinción de dominio del narcotráfico, paramilitares y guerrillas. Y tenemos plazo hasta 2022  para barrer todo el territorio. Lo cual no afecta para nada la propiedad privada. El barrido comienza con laboratorios pilotos en 11 municipios, para lo cual ya está abierta una licitación. Dentro de cinco años vamos a saber qué pasa en todo el país: qué es parque nacional, qué es privado, qué es minero, agrícola…

Semana.com: Mejor dicho, el choque de cortes no va a poner en jaque el primer punto del acuerdo…

J.E.V.: Todo lo contrario. La Corte Constitucional fue clara y el barrido va a evitar las malas interpretaciones.

Semana.com: ¿La gente va a entender por fin el derecho agrario?

J.E.V.: Es que por eso se ha perdido la tierra en Colombia. Yo diría que el 95 por ciento de las facultades en el país no dictan derecho agrario. Y por eso los abogados deshonestos encontraron cómo robarse los predios. No despojaron la tierra  “con plata o con plomo” sino judicialmente.

Semana.com: El viernes denunció a algunos de sus empleados por participar en una red ilegal. ¿Qué descubrió?

J.E.V.: Había un carrusel de funcionarios que cambiaban y levantaban hipotecas, embargos, falsas tradiciones en el sur de Bogotá, pero también tenemos investigaciones en Cali, en Antioquia. Inclusive algunos me han llamado a decirme que me cuentan todo. Pedí monitorear todo el país.