"Hay seguimientos e intervenciones no autorizadas de mis comunicaciones": árbitro en caso Odebrecht

Por instrucción del fiscal general Néstor Humberto Martínez se acaba de abrir una investigación que deberá determinar sin efectivamente miembros Tribunal de Arbitramento del caso Ruta del Sol 2 fueron chuzados. La respuesta desde el búnker de la Fiscalía se da luego de que Jorge Enrique Ibáñez, el presidente de ese tribunal , denunció en SEMANA asedios en su contra. 

En la entrevista Ibañez aportó indicios documentales que darían cuenta de seguimientos y contó que otra integrante del tribunal, con las mismas sopechas de estar siendo vigilada irregularmente, consultó con Movistar y la respuesta del área técnica de la compañía fue que sus llamadas sí estaban siendo desviadas. Tras la denuncia el procurador general Fernando Carrillo también tomó cartas en el asunto. Ordenó que se analice la seguridad de Ibañez y compañía. 

Esta es la entrevista que desató la respuesta oficial:

SEMANA: ¿En qué estado se encuentra el tribunal de arbitramento de Odebrecht?

Jorge Enrique Ibáñez: Seguimos en etapa probatoria porque, aunque comenzó hace tres años y seis meses, tuvo dos fases: una preliminar y otra posterior cuando se solicitó la declaratoria de nulidad del contrato de Ruta del Sol 2; a partir de ese momento también coincidencialmente se reintegra el tribunal por la renuncia de los miembros anteriores. Aunque el tribunal recompuesto avanzó desde el 22 marzo del año 2017 hasta el año pasado (2018), lastimosamente murió el presidente del tribunal y por eso hubo necesidad de reintegrarlo. Por eso yo ingresé al tribunal el 10 de diciembre del 2018. Empezamos a revisar la actuación probatoria, hubo necesidad de decretar unas pruebas adicionales, entre ellas, un peritaje y en este momento están trabajando los investigadores intensamente en el tema. Esa será una prueba fundamental para tomar una decisión de fondo que debemos evaluar más o menos en un mes.

SEMANA: ¿Cuáles los puntos claves que tendrá que decidir el tribunal?

J.E.I.: El tribunal tiene que resolver si declara o no la nulidad del contrato, tal como lo pidió la ANI y lo pidió la Procuraduría. Ese es un tema que está sobre la mesa. Si no declara la nulidad necesariamente tiene que resolver sobre asuntos que fueron sometidos a consideración del tribunal desde el inicio, es decir, sobre ruptura del equilibrio financiero del contrato. Si declara la nulidad del contrato no se resuelve ninguna pretensión de las que inicialmente fueron formuladas sino que simplemente se resuelve sobre la validez o no del contrato y los efectos económicos que la ley prevé como consecuencia de la nulidad. Los efectos económicos que guardan relación con tres temas: si hay lugar al reconocimiento o no de alguna actividad económica desarrollada por el contratista dependiendo de la causal de nulidad que se utilice, si es que se llega a la nulidad. Dos, el reconocimiento puro y simple de las prestaciones ejecutadas hasta el beneficio obtenido por el Estado en tanto reporte un interés público para la comunidad. Y tres, dependiendo de lo que diga la Corte Constitucional con relación a la exequibilidad de la Ley 1882, la aplicación o no del artículo 20 que establece una regla para la liquidación de un contrato en caso de nulidad por objeto o causa ilícita.

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SEMANA: Usted viene alertando de temores en materia de seguridad, ¿de qué se trata?

J.E.I.: Coincidencialmente, en los últimos dos meses, en el caso personal he visto interferidas mis comunicaciones, tanto mi teléfono personal como el fijo. Adicionalmente, hay una serie de seguimientos con relación conmigo. Cerca de mi oficina, cerca de mi apartamento. Se movilizan permanente dos o tres carros que hacen seguimiento de lo que hago, hacia dónde me traslado, salgo de mi oficina y hay un carro permanentemente estacionado que se moviliza hacia arriba, hacia abajo. Salgo de la oficina a una hora tardía y tengo el agente que está mirando, observando. No me dicen nada. Los identifico. Sé que son personas que están haciendo un seguimiento especial. ¿Para quién? para el Estado o para personas que trabajan en una entidad del Estado, para interesados que estén próximos al tema... No lo sabemos. Estaré poniendo en consideración de las autoridades prontamente el asunto para que todos estemos al tanto y evitemos problemas adversos que se puedan presentar. El hecho cierto es que hay un seguimiento permanente y una intervención no autorizada desde el punto de vista de mis comunicaciones.

SEMANA: Esta denuncia ¿la comparten los otros integrantes del tribunal de arbitramento?

J.E.I.: Por lo menos con uno de los miembros del tribunal, que hace no mucho tiempo me dijo que recibió una información que también tuvo o tiene intervenidas sus comunicaciones. A su turno hizo sus averiguaciones y en ese momento verificaron que tenía intervenidas sus comunicaciones. Eso pasó el año pasado. Me dijo que le habían confirmado oficialmente que le tenían intervenidas sus comunicaciones; no me supo decir si de manera legal o ilegal. En mi caso nadie me ha confirmado que mis comunicaciones están intervenidas.

SEMANA: ¿Quién es esa persona?

J.E.I.: Se trata de la doctora Catalina Hoyos Jiménez, ella consultó con Movistar y en efecto le dijeron que las llamadas estaban desviadas. Consultó con la Fiscalía si había o no orden judicial, dijeron que iban a averiguar y nunca le dieron razón. 

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SEMANA: Catalina Hoyos también es integrante del tribunal que tiene el caso de Odebrecht…

J.E.I.: Sí, es integrante solamente de este tribunal. Los hechos de seguimiento que me relató ella son del año pasado, del 2018. Yo me integré a este tribunal el 10 de diciembre de 2018. De ahí para acá ha trabajado con ellos, de forma mancomunada y profunda.

SEMANA: ¿La doctora Catalina Hoyos le manifestó si los asedios a ella tenía relación con el caso de Odebrecht?

J.E.I.: No lo sé, pero cuando le comenté de mis temores y de mi preocupación por lo que está pasando me dijo: a mí también me pasó el año pasado y tuve este reporte de información oficial que decía que mis comunicaciones estaban intervenidas. Ahora, repito, no se si eso obedece a una  orden oficial o si es una actividad ilegal. 

SEMANA: ¿Aparte de ella y usted hay alguna otra persona integrante del tribunal con estas preocupaciones?

J.E.I.: Hay quienes tienen la preocupación pero no me han dicho que hicieron intervenciones a las comunicaciones o mucho menos seguimientos… 

SEMANA: Sin embargo decidieron no volver a sesionar en esta oficina... 

J.E.I.: Sí, por razones de seguridad yo he prefiero no sesionar acá. Para garantía de los demás, para garantía de que ninguna comunicación o  deliberación pueda tener trascendencia al exterior. Que acá en esta oficina puedan haber puesto algún micrófono o algún mecanismo desde afuera para tratar de intervenir la comunicación o para conocer el diálogo que acá se da durante las reuniones que tenemos.

SEMANA: ¿Cómo han sido los episodios de los seguimientos?

J.E.I.: Generalmente me instalan un carro en la oficina, al frente. A veces mueven el carro hacia la derecha o a la izquierda. Generalmente lo hacen entre las 5 de la tarde y la hora que me quede en la oficina, puede ser 11 o 12 de la noche. A veces salgo muy tarde. Me quedo en la oficina y está el carro instalado. Los que están alrededor de mi oficina me dicen que tenga cuidado porque hay un carro que siempre está allí al frente. Tan pronto como salgo de la oficina, se queda un instante más y se desaparece.

Jorge Enrique Ibáñez señala que estos vehículos son conducidos por una mujer que dice pertenecer a un organismo de seguridad del Estado. Pasan horas estacionados al frente de su oficina.

SEMANA: ¿Usted ha intentado acercarse a estas personas?

J.E.I.: Sí, en una ocasión. La persona me señaló que ella era de una institución oficial y que estaba haciendo una actividad de seguridad, no me supo decir para quién, por qué o en qué condiciones. Al indagar por la autorización judicial que tuviera para hacerlo simplemente se reservó a dar cualquier consideración adicional. Pero a estas alturas no sé si se trata de una misión oficial, para quién, por qué o en qué circunstancias. Razón por la cual queda uno prevenido con el tema.

SEMANA: Es decir, usted abordó a esta mujer y ¿qué respuesta le dio?

J.E.I.: Era una señora que estaba al interior de un vehículo y dijo que pertenecía a un organismo de seguridad del Estado y que estaba cumpliendo con una misión oficial. No más.

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SEMANA: ¿Se identificó?

J.E.I.: Dio un nombre y un número de identidad que lo reservo para hacer todas las verificaciones.

SEMANA: ¿Por qué siente que estos seguimientos son para usted?

J.E.I.: Es curioso. Me instalan un carro en frente, rotan tres vehículos distintos, se mueven durante un buen tiempo. Si salgo de la oficina se van. Diez o quince minutos y se van. Saben que trabajo acá, me reúno acá, solo me dedico a la actividad judicial y están permanente verificando a qué ahora entro, a qué hora salgo. Si me quedo en la oficina hasta tarde allí se quedan los carros.

SEMANA: ¿Por qué concluye que sus teléfonos están intervenidos?

J.E.I.: Primero, porque se interrumpen constantemente las comunicaciones. Hay una intervención en ellas. Y a veces uno encuentra que hay aparentemente otro interlocutor que se mete o sabe que hay una escucha detrás. Simplemente cuando uno lo detecta se corta la conversación. Es seguido. Segundo, porque muchas de las cosas que hablamos para este proceso o otras actividades, la saben otras personas. Es la única manera en que uno llega a la conclusión que alguien está conociendo de nuestras comunicaciones entre los miembros del tribunal y otras personas que conocen de cerca las conversaciones supuestamente confidenciales en relación con el tema. Eso nos impide saber con tranquilidad cómo manejar los temas.

Nada obsta para pensar que inclusive puede haber equipos de comunicaciones cercanas a la oficina para grabar comunicaciones o reuniones que pudiéramos tener de trabajo en esta oficina. Tanto que hemos resuelto no hacerlas acá, las hacemos preferencialmente en el centro arbitral o en un sitio distinto donde podamos estar tranquilos de que no nos estén grabando o poniendo micrófonos. 

SEMANA: ¿Quiénes son esos terceros que acceden a esta información y que les causa tanta sorpresa?

J.E.I.: Ciertas personas que tienen proximidad con el tribunal y que saben qué pretende uno decidir. Nos hemos encontrado con otros que tienen información de lo que pensamos decir creyendo que ya lo resolvimos. Y son personas próximas al tribunal. No quiero decir que estas sean las que nos estén interviniendo. Pero curiosamente saben anticipadamente cuál será el sentido de nuestras decisiones a pesar de que no las hemos comentado, las hemos mantenido en reserva en absoluta confidencialidad.

SEMANA: En el mes y medio en que ha percibido los seguimientos en el proceso sobre Odebrecht ¿ha tenido alguna actuación especial?

J.E.I.: Nada distinto a la actividad probatoria que se está adelantando y la proximidad de la fecha a que debemos tomar una determinación, son las únicas coincidencias.

SEMANA: ¿Cuál puede ser una cifra aproximada de lo que usted llama los efectos económicos que están en juego en este proceso? 

J.E.I.: En este momento estamos esperando unos dictámenes periciales que nos permitirán calcular distintas cuantías. Prefiero ser cauteloso del tema hasta tanto tengamos una definición de la cuantía y un análisis total.

SEMANA: Con los datos que usted recogió de la persona que admitió estar siguiéndolo qué ha hecho, ¿ha presentado denuncia formal?

J.E.I.: He hecho algunas averiguaciones, puse al tanto al señor Procurador. No lo he hecho todavía en la Fiscalía, aspiro hacer unas verificaciones para tener una definición más completa. Repito, no sé si hay una decisión oficial tras los seguimientos a un miembro o a unos miembros del tribunal y por qué, aspiro a que eso no sea así. O si es una actividad por fuera de la ley o por fuera de toda actividad judicial oficial, espero que no sea nada de los anteriores… 

SEMANA: ¿Qué le dijo el Procurador?

J.E.I.: Que concurriera para coadyudar cualquier mecanismo que permita garantizar la protección personal del presidente del tribunal como de los demás miembros si se requiere. 

SEMANA: ¿Cómo funciona el tribunal de arbitramento?

J.E.I.: Generalmente, un tribunal de arbitramento está integrado por tres personas que son particulares que asumen la función judicial. El tribunal se reúne en audiencias en la sede de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y las demás reuniones, generalmente, se hacen en las oficinas de los miembros del tribunal. En este caso y en los casos en que también soy presidente generalmente hacemos las reuniones en mi oficina. Soy presidente de muchos tribunales de arbitramento. También podemos hacer reuniones en otros lugares si es necesario, por ejemplo, si requerimos reunirnos con peritos, podemos hacerlo acá, en la sede del centro de arbitraje o en otro sitio donde podemos estar cómodos. 

SEMANA: Los seguimientos que denuncia se dan coincidencialmente cuando la Corte Constitucional tiene una preocupación similar ¿Creen que esos asedios tienen origen común?

J.E.I.: No lo sé. Pero me preocupa mucho la situación de los honorables magistrados de la Corte Constitucional. Hay una coincidencia cuando menos curiosa: en la Corte Constitucional se está dando la discusión de la ley 1882 y nosotros estamos analizando ese tema para los efectos de la aplicación de esa ley, es nuestro deber revisarla para efectos de adoptar la decisión que en derecho corresponda. Es coincidente que lo que ocurre allá también esté pasando acá, ojalá que no sea más que una mera coincidencia y que no corresponda una realidad. Lo cierto es que desde hace mes y medio yo siento seguimientos e intervenciones y eso le genera a uno temor a angustia. Aspiro a que eso se supere. Por supuesto por sobre cualquier temor está el deber que la ley nos impone.

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SEMANA: ¿Usted lleva otro caso de tal delicadeza que pueda generar estos seguimientos?

J.E.I.: No. Yo he tramitado y resuelto casos de gran complejidad técnica e económica pero no de las características de Ruta Sol. Esto es algo totalmente distinto y solo este proceso tiene unos ribetes especiales que solo se parece a casos como el de los Nule con relación a la calle 26 hace 7 años. 

SEMANA: ¿Dentro del trabajo del Tribunal han dejado constancia de estos asedios que está denunciando? 

J.E.I.: Lo hemos comentado pero generalmente es un trabajo que hacemos verbalmente todos los días; por supuesto hemos comentado la  preocupación y si hay lugar a dejar la constancia lo haremos en la oportunidad correspondiente porque no hemos vuelto a tener una reunión  oficial con las partes desde hace dos meses exactamente. Le he manifestado esto a todos los integrantes del tribunal y a todos los abogados que intervienen en el proceso. A todos los puse en conocimiento, a los agentes del Ministerio Público, a los miembros de la Defensa Jurídica del Estado y a todos los abogados de las partes que han intervenido. Todos conocen mis preocupaciones. 

SEMANA: ¿Dentro de un mes habrá veredicto?

J.E.I.: Aspiramos a que haya una decisión a más tardar la primera semana del mes de julio, es decir, en dos meses aspiramos a tener una decisión de fondo. Estamos trabajando con imparcialidad, dedicación, objetividad para eso. Llevo exactamente 21 años como árbitro. En temas cruciales relacionados con infraestructura 10 años ocupando de temas nacionales y de las principales ciudades del país.