Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali: “Jamás pretendimos legalizar los bloqueos”

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró este martes que con la expedición del Decreto 0304 de 2021, que establecía la creación de una mesa de diálogos con los jóvenes manifestantes del paro en la ciudad, no se pretendía legalizar los bloqueos. El mandatario municipal se refirió así a la decisión de una jueza que ordenó suspender la vigencia de esa norma, tras señalar que la medida será acatada por la administración municipal.

Ospina indicó que su despacho presentará en los próximos tres días un recurso que le permita continuar con los diálogos porque el decreto buscaba darles garantías a las conversaciones y, tras insistir en que a diferencia de lo que se ha asegurado, este no legalizaba los bloqueos.

“Creamos un decreto que da interlocución a quienes están en movilización y protesta, este jamás tuvo como objetivo, como manipuladamente (sic) algunos pretendían desarrollar, legalizar los bloqueos. Nuestro decreto invita a una sociedad a que se visibilice entre distintos”, indicó el funcionario.

De igual manera, señaló que a pesar de la demanda interpuesta por la abogada María del Mar Machado Jiménez, que llevó a que se suspendiera el decreto, es necesario iniciar diálogos con la demandante porque se deben aclarar las verdaderas razones del decreto.

“Es importante invitar a la señora María del Mar Machado a que podamos establecer comunicación dado el interés que ella presenta sobre estos asuntos. Entiendo su señalamiento y la queremos convocar a diálogo”, dijo.

Ya en relación con la decisión de la jueza Lorena Silvana de suspender el decreto, Ospina aseguró que, aunque la decisión se cumplirá de manera inmediata, la administración municipal buscará que se sigan elaborando las posibles soluciones a las problemáticas de los diferentes sectores.

De igual manera, les dijo a los manifestantes que comprendan que, a partir de este martes, la Alcaldía tiene una imposibilidad legal de continuar con las mesas de diálogo, por lo cual, no se podrán mantener las conversaciones.

“Por una medida cautelar han sido suspendidos los efectos del decreto. Solicitamos que sigan existiendo espacios con la Iglesia y la comunidad internacional, no nos vamos a apartar de la decisión de la jueza y por eso no podremos mantener las mesas”, indicó el funcionario.

El mandatario aseguró que su administración cumplirá con los compromisos de inclusión social, el reconocimiento y la construcción colectiva de oportunidades, que fueron acordados por el gobierno municipal y los manifestantes antes de que se conociera el fallo de la jueza.

El polémico decreto

Este grupo de Primera Línea es el que mantiene el control de los bloqueos en Cali, por lo que entre líneas el decreto se lee como una legitimización de los bloqueos. Asimismo, el documento expresa: “El gobierno distrital se compromete en el marco de la protesta pacífica, conforme lo prevé el Decreto Nacional 003 de de enero 5 de 2021, a privilegiar la comunicación verbal, respetuosa y permanente entre las autoridades, lo organismos de control y los manifestantes para la resolución de los conflictos y desacuerdos, así como la prevención de hechos de violencia y el uso indebido y desmedido de la fuerza por parte de la Policía Nacional, velando por la inclusión en el marco del respeto ciudadano y los lineamientos que traza la Corte Suprema de Justicia”.

Este decreto también busca regular la presencia del Esmad en las protestas pacíficas: “(...) Con el fin de que las actuaciones de los efectivos de la fuerza policial y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) se sujeten a tales protocolos y no intervengan en el desarrollo de la manifestación pública y pacífica realizada en el marco de la Constitución Política y la Ley por los puntos de resistencia”.

Y aunque la intención del alcalde Ospina era adelantar el diálogo con los promotores de los bloqueos, el decreto no cayó muy bien en algunos sectores de la ciudad que consideran que se está abriendo una puerta ambigua, que puede ser utilizada para la prolongación de los bloqueos, pues al entregarle reconocimiento es una invitación para que en futuras manifestaciones el taponamiento de las vías sea una opción de hecho.

La demanda

De acuerdo con la demanda interpuesta por la abogada María del Mar Machado Jiménez, las personas que adelantan los bloqueos a la vía pública estaban “impidiendo la libre circulación de personas y vehículos”, se amparan en el decreto de diálogos para impedir las labores de la fuerza pública, en contravía al Decreto Presidencial de Asistencia Militar del pasado 28 de mayo.

Para la abogada, la Alcaldía estaba desconociendo el decreto del gobierno Duque, por lo cual argumentó que el decreto que instala las mesas de diálogo “adolece de un vicio insaneable al infringir las normas por la vía directa, lo que resulta ser criterio suficiente para otorgar la medida cautelar de urgencia”.

En el documento se señalaba que, “se está presentando un hecho fáctico”, en el que las personas que adelantan los bloqueos a la vía pública, “impidiendo la libre circulación de personas y vehículos”, se amparan en el decreto de diálogos para impedir las labores de la fuerza pública, en contravía al Decreto Presidencial de Asistencia Militar del pasado 28 de mayo.

La abogada señala que la vigencia del Decreto 0305 es un atentado grave contra la institucionalidad constitucional y legal. Lo anterior generaría, a su juicio, una desfragmentación de la unidad nacional y “una afectación grave y directa a los derechos de terceros que se verían afectados por el impedimento de la fuerza pública para actuar frente alteraciones del orden público y la forma en que se afectarían las garantías sustanciales del debido proceso de todos los actores involucrados en las manifestaciones públicas.