Explosivo: José Antonio Salazar ataca al canciller (e) por quitarle contrato de pasaportes a Thomas Greg. Dice que Petro dio la orden

SEMANA: ¿Qué opinión tiene sobre las más recientes declaraciones de la Cancillería, que insiste en que las resoluciones expedidas por usted en medio de la licitación de los pasaportes fueron emitidas fuera del “marco legal”?

JOSÉ ANTONIO SALAZAR (J. A. S): Inicialmente la doctora Marta Lucía Zamora, que era la directora de la Agencia Jurídica del Estado, conceptuó que había que conciliar y adjudicar el contrato, por eso tuvo que renunciar; después designaron al consejero Gustavo Gómez Aranguren y él indicó expresamente que quería consultar al Consejo de Estado y se haría la recomendación que de allí obtuviera, y lo desnombraron por ese motivo, pero con el argumento de que tenía más de 70 años. Ahora el que me está denunciando es un subalterno de Zamora, que encargaron con esa única finalidad, de que cambiara los conceptos y presentara las denuncias penales.

SEMANA: ¿Por qué insisten desde la Cancillería entonces que se hizo fuera de todo marco legal?

J. A. S.: Eso es lo que están inventando ellos, tratando de montar, pero han consultado con mucho abogado y no han podido encontrar que haya un error o una falla. Yo creo que las salidas que están buscando le pueden llegar a ocasionar un detrimento patrimonial al Estado enorme, muy grande. Acá lo que estoy diciendo yo es la forma de cambiar las instituciones, cómo no va a ser un concepto de la directora de la Agencia Jurídica del Estado institucional, esos conceptos deben permanecer, porque son institucionales, y terminan es encargando a un subalterno para que cambie los conceptos. Yo estoy absolutamente seguro de que lo que se hizo está jurídicamente bien, está bien soportado y recibo permanentes llamadas de muchos abogados de los más prestigiosos y conocedores de la contratación estatal, que me dicen que están de acuerdo conmigo.

SEMANA: ¿Qué les dice entonces usted frente a esas denuncias que están presentando para que se investiguen los delitos asociados a la expedición de actos administrativos”

J. A. S.: Que la falsa denuncia es un delito y que yo no fui ni del comité estructurador ni el comité de evaluación, es que es un desconocimiento total de las normas de la contratación estatal. Eso es todo un proceso, un contrato no es que se le antojó a un funcionario concederlo, está sometido a un proceso que se inicia con un estudio de mercado, posteriormente con la respuesta a las observaciones que formulen, se define un pliego de licitación y con fundamento en ese pliego se desarrolla un proceso por parte de un comité estructurador, donde hay un componente técnico, jurídico, financiero, son profesionales de distintas disciplinas y luego la evaluación la hace otro comité, que es diferente, donde igualmente hay funcionarios de diferentes disciplinas. La verdad es que yo he enfrentado todo esto es más que todo por una noción de lealtad con el subalterno que también tiene que existir, porque esas personas, a mi juicio, hicieron bien el trabajo y cómo voy a abandonarlos. Como no entienden bien cuál es el procedimiento en la contratación estatal, yo lo que estoy es poniendo la cara y pensando en esas personas que hace muchos años trabajan en el Ministerio. Para los abogados que conocen el tema de contratación la explicación es muy sencilla y fácil, pero donde no existe ese conocimiento hay lugar a que se creen conjeturas y se sienten dudas.

SEMANA: ¿Quién está entonces detrás de todo esto? ¿Quién está dando las órdenes en medio de todo este proceso, que sigue levantando tanta polémica?

J. A. S.: Desde un comienzo el señor presidente dijo públicamente que los contratos no se pueden adjudicar a la misma persona, ha sostenido siempre esa misma posición. Ustedes conocen ya el enfrentamiento público con la firma que terminó siendo adjudicataria del contrato, entonces el problema viene de allá, son instrucciones de la Presidencia de la República.

SEMANA: El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, sostiene que usted no tenía esas facultades para contratar esa licitación...

J.S.A.: El me las dio, me las entregó y me las ratificó, con la instrucción de resolver los problemas y ahí están, es que esos son acto administrativos que están por escrito y que entraron en vigencia, pues tanto así las tenía que me las revocaron de nuevo y me declararon insubsistentes, si nos las tuviera no necesitaban declararme insubsistente ni haberme retirado de esas funciones, esa es la mejor prueba que sí las tenía.

SEMANA: El canciller Murillo incluso le había entregado otras facultades, según lo que usted ha relatado en los últimos días...

J. A. S.: Él expresamente nos manifestó al canciller suspendido, Álvaro Leyva, y al asesor jurídico internacional, Juan Lozada, estando presentes los tres con el canciller Murillo, que no quería saber nada de esos pasaporte, que de todo eso se encargaba secretaría, lo dijo en la primera diligencia de empalme que tuvimos.

SEMANA: ¿Hay desconocimiento de los funcionarios de este Gobierno frente a lo que se maneja en el Ministerio y cómo se ha manejado esta licitación de pasaportes?

Hay desconocimiento de la institucionalidad y en lo que está manejando de las normas contractuales, porque eso es un procedimiento que tiene muchas etapas y como lo he manifestado, en el que intervienen muchas personas de distintas disciplinas: economistas, contador, administrador de empresas, abogados, la parte tecnología, dactiloscopistas, eso no es una cosa que llegue de un momento a otro, es un procedimiento complejo y eso fue lo que se hizo.

SEMANA: ¿De la Cancillería lo han llamado, ha tenido la oportunidad de hablar con el canciller Murillo o con el canciller suspendido en medio de toda esta polémica?

J.A.S.: Con el doctor Leyva hablo, porque somos amigos desde hace muchísimos años, el canciller Murillo lo que se dedicó fue a sacar toda persona que tenga rastro de haber tenido alguna comunicación cercana con el Canciller Leyva o conmigo, han sacado más de 10 personas muy competentes del Ministerio por la cercanía con el canciller que está suspendido. Entonces, por eso es que siempre he dicho yo que el canciller Murillo se comporta como si hubiera llegado de titular, porque eso no es propio de un encargado.

SEMANA: ¿Cree que le quieren echar el agua sucia a usted de todo lo que está pasando por esa adjudicación?

J.A.S.: Por supuesto que están pretendiendo enlodar mi nombre y crear vicios donde no existen, con el único propósito de deshacer lo que está bien hecho, esa es el propósito, es un propósito deliberado. Ese proceso de licitación tuvo el acompañamiento de la Contraloría General y la Procuraduría, ambos organismo de control me enviaron mensajes para que concluyera el proceso; la Contraloría me envió dos mensaje de advertencia, como diciéndome bueno continúe con el proceso, porque no puede suspenderlo, y la Procuraduría obró de la misma manera. Entonces no entiende uno ahora todo esto. Haga una consideración, el canciller Leyva está suspendido porque declaró desierta la licitación y ahora el canciller Murillo no solo pretende volver al tema de declaratoria desierta, sino que comete una falta más grave en desacatamiento de los expuesto. El canciller Leyva fue suspendido por mucho menos.

SEMANA: Lo que usted dice es que la Procuraduría podría entrar también a investigar al canciller encargado, Luis Gilberto Murillo...

Lo que estoy relatando es el hecho concreto, ya la Procuraduría verá cómo toma sus decisiones. Un hecho concreto es que Leyva fue suspendido porque declaró desierta la licitación y fue suspendido del cargo para que no siguiera haciendo lo mismo, y ahora Murillo, que vuelve a restablecer supuestamente la declaratoria desierta de la licitación, con el agravante que ya estaba adjudicada. Si la conducta de Leyva es disciplinable, imagínese usted estas conductas reiterativas del canciller Murillo y la gente que ha sacado como consecuencia de ello.

SEMANA: ¿Qué viene ahora en todo este proceso?

J.A.S.: Realmente no sé qué va a pasar, porque el procedimiento alterno que están haciendo para una nueva licitación parece que está ahí suspendido y ya los términos se van abreviando, porque el contrato actual va solamente hasta el comienzo del mes de octubre. Entonces, ya estamos a menos de seis meses para estructurar el proceso de licitación y lo que más reclamaban las compañías era que les debían dar por lo menos seis meses para empezar a ejecutar el contrato, es decir, adjudicarlo y esperar seis meses para empezar su cumplimiento, entonces ya como van los tiempos, eso no se va a dar nunca.

SEMANA: ¿Si la justicia lo llama por todo este tema, usted está dispuesto a resolver todas las inquietudes?

J.A.S.: Claro, por supuesto yo acudo, estoy dispuesto a eso en cualquier momento. Como le digo, si van a poner en juicio la licitación, los primeros a los que tienen que llamar es a los miembros del comité estructurador y el comité evaluador, porque yo simplemente atiendo una recomendación que hace el comité de evaluación, recomendación de la que uno no se puede apartar si no tiene los motivos para hacerlo y nunca tuve los motivos, entonces eso es lo que no está bien. Yo soy el más tranquilo de todos, porque para llegar a mí tienen que coger con los comités para saber qué fue lo que pasó.

Lo que pasa ahora es que al tipo este de la Agencia Jurídica del Estado, que es un subalterno, lo encargaron para eso, para que cambiara los conceptos de Marta Lucía Zamora y la manifestación que hizo el doctor Gustavo Gómez Aranguren, de consultar al Consejo de Estado, y proceder a formular una denuncias, eso es lo que hizo el Señor ahí obedeciendo una orden superior, que es abiertamente ilegal.