Por inseguridad autoridades no levantan cadáveres en el Catatumbo, les toca a funerarias: Vivanco

SEMANA.: ¿Aumentó la violencia en el Catatumbo tras la salida de las Farc?

José Miguel Vivanco.: Efectivamente, la violencia y los abusos de los grupos armados se han disparado en el Catatumbo tras la salida de las Farc. Por ejemplo, la tasa de homicidios se ha duplicado desde 2015 en esta región. Lo que ocurre es que antes de la desmovilización de esa guerrilla había una división del territorio entre las Farc, el ELN y el EPL. Pero con el acuerdo de paz, el ELN y el EPL comenzaron una guerra brutal por el control del territorio y de las rutas de narcotráfico a Venezuela. En el contexto de esta guerra, estos dos grupos, así como una disidencia del Frente 33 de las Farc, han cometido todo tipo de abusos en contra de la población civil.

SEMANA.: ¿A qué tipo de abusos someten los grupos armados a las comunidades del Catatumbo?

J. M V.: Hemos documentado en terreno que los grupos armados en el Catatumbo cometen todo tipo de abusos: asesinatos, desapariciones, secuestros, reclutamiento de menores, violaciones sexuales, amenazas y desplazamientos forzados.

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SEMANA.: ¿De cuántas víctimas más o menos estamos hablando desde 2017? ¿Se mantiene un subregistro alto?

J. M V.: La cantidad y gravedad de estos abusos habla por sí sola. Desde 2017, se han desplazado, según cifras oficiales de la unidad de víctimas, más de 40.000 personas en el Catatumbo. Además, la Fiscalía está investigando más de 180 casos desapariciones, 17 casos de reclutamiento forzado y cerca de 1.000 amenazas. Pero en realidad la situación es aún peor porque muchísimos casos de abusos nunca se denuncian en parte porque la población tiene mucho temor a sufrir represalias por parte de los grupos armados.

SEMANA.: Se ha dicho que fue el ELN quien le ganó el pulso al EPL tras meses de enfrentamientos, ese control que ejerce un solo bando, ¿no ayuda a que disminuya el número de hechos violentos?

J. M V.: En efecto, en ELN logró en buena medida derrotar al EPL, cuyas tropas se dispersaron en distintos municipios de Catatumbo, así como más al sur del departamento de Norte de Santander. Sin embargo, la violencia y los abusos en el Catatumbo siguen siendo extremadamente graves. La cantidad de homicidios se mantiene en un nivel similar al del año pasado, es decir, con una tasa cerca de tres veces más alta que la tasa nacional.

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En cuanto a los desplazamientos, mientras en 2018, la enorme mayoría se debía a enfrentamientos entre el ELN y el EPL, este año parecen estar causados por enfrentamientos con la fuerza pública. Asimismo, los grupos armados ejercen un control opresivo sobre las comunidades rurales, a las que obligan a seguir sus reglas y caprichos. A todo esto, se le agrega la presencia cada vez más visible de la disidencia del Frente 33 de las Farc. 

SEMANA.: En ese ajedrez armado que se configura en Catatumbo, ¿qué papel juega la disidencia de las Farc?

J. M V.: Desde comienzos de 2018, se sabe que existe una disidencia de las Farc en el Catatumbo que podría estar formada tanto por excombatientes que volvieron a tomar las armas como por algunos milicianos de la exguerrilla que nunca se desmovilizaron. Este grupo está presente en municipios como Tibú, El Tarra, Sardinata y Convención. Lo curioso es que la disidencia opera en zonas que domina el ELN, pero no ha habido enfrentamientos importantes entre ambos, lo cual sugiere que existe cierta connivencia o hasta coordinación entre ambos grupos.

SEMANA.: ¿Por qué denuncian que las autoridades colombianas no han logrado que se investiguen y castiguen los abusos cometidos por grupos armados?

J. M V.: Los niveles de impunidad de los abusos cometidos por los grupos armados en el Catatumbo son enormes. Por ejemplo, en más de 770 procesos de homicidios por hechos cometidos desde 2017, se han logrado 61 condenas y apenas se han imputado a dos miembros de grupos armados, ambos del EPL. La Fiscalía no ha logrado siquiera imputaciones por ningún caso de reclutamiento de menores, desapariciones forzadas y amenazas cometidos desde 2017.

SEMANA.: ¿Y ello a qué se debe?

J. M V.: Mire, la presencia estatal, incluyendo de la Fiscalía, en el Catatumbo es muy deficiente. 9 de los 11 municipios de la región no cuentan con funcionarios del CTI. En Tibú hay apenas tres fiscales, uno de cuales tiene 2.400 procesos. En Sardinata hay un solo fiscal y solo tres fiscales en Ocaña se dedican a investigar abusos cometidos en el contexto del conflicto armado. Con esta falta de capacidad instalada, sumado al miedo que tiene la población de colaborar con las investigaciones por temor a represalias y la inseguridad que impide que las autoridades puedan salir a terreno incluso a levantar cadáveres, que los levantan la funerarias, es imposible que haya avances serios para instaurar el estado de derecho. No hay buena voluntad que alcance.

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SEMANA.: La violencia que actualmente se vive en el Catatumbo tiene un ingrediente adicional, la migración venezolana. ¿Qué papel juega ese nuevo actor?

J. M V.: La situación de los migrantes venezolanos en el Catatumbo es verdaderamente dramática. Muchos de ellos cruzan la frontera para buscar trabajo, comida y medicinas, y escapar de la emergencia humanitaria en su país, y terminan en el medio del conflicto armado. Muchos niños venezolanos terminan raspando coca y muchas mujeres se prostituyen, dos actividades que los exponen a muy serios riesgos de sufrir abusos por parte de grupos armados. De hecho, varios venezolanos han sido víctimas de desplazamiento forzado, homicidio y reclutamiento infantil cometidos por grupos armados. Algunos venezolanos han desaparecido y algunas mujeres y niñas han sido víctimas de violencia sexual.

SEMANA.: De acuerdo con los casos que ustedes registraron, ¿los venezolanos que cruzan la frontera son conscientes de los riesgos que corren pasando precisamente por ese corredor del lado colombiano?

J. M V.: Se estima que hay cerca de 25.000 venezolanos en el Catatumbo. Algunos tal vez crucen en busca de trabajo y llegan a Catatumbo por los limitados controles migratorios, pero muchos de los venezolanos en el Catatumbo saben los riesgos que están corriendo. Ellos saben que al cruzar la trochas están expuestos a abusos por parte de grupos armados, tanto en las trochas que cruzan para llegar a Colombia como en las zonas rurales y urbanas de Catatumbo. Pero es tal su desesperación por huir de la emergencia humanitaria en su país que incluso asumen estos terribles riesgos. Y cuando son víctimas de abusos, están en el peor de los mundos porque no solo desconocen generalmente los mecanismos disponibles en en Colombia para las víctimas del conflicto, sino que además temen denunciar los abusos por miedo a represalia de los grupos y también por miedo a ser deportados.