“El general Montoya sabía o por lo menos debió haber sabido sobre los falsos positivos”

Semana.com: Usted asegura que este nuevo informe presenta evidencias sobre la responsabilidad de altos mandos en crímenes atroces. ¿De qué casos estamos hablando?

José Miguel Vivanco: El informe que presentamos hoy (martes) incluye evidencias que comprometen al general retirado Mario Montoya Uribe, quien fue el jefe del Ejército en un período en el cual las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército llegaron a niveles absolutamente inéditos en Colombia. Esta práctica criminal, la de los falsos positivos, no tiene parangón en la región en los últimos años. Algunas estimaciones muy serias de Naciones Unidas sugieren que al menos una de cada tres bajas reportadas en esa época por el Ejército podrían ser falsos positivos, lo cual es gravísimo.

Semana.com: ¿Cuáles son las nuevas evidencias?

J. M. V.: Las evidencias que presentamos consisten en los testimonios oficiales rendidos ante la Fiscalía de seis generales, activos o retirados, del Ejército colombiano. Específicamente, se trata de declaraciones de generales que ejercían cargos de alta responsabilidad cuando Montoya comandaba el Ejército y ellos declaran que Montoya sabía o como mínimo debió haber sabido sobre los falsos positivos, y no tomó medidas para evitar y sancionar estos delitos.

Semana.com: ¿De qué testimonios estamos hablando específicamente?

J. M. V.: Por ejemplo, el general Matamoros, que fue el jefe de operaciones de Montoya en el 2008, declaró ante la Fiscalía que el conocimiento del general Montoya sobre las bajas en combate era tal que él estaba “enterado de absolutamente todo lo que estaba pasando”. Parecería casi imposible que un general con ese nivel de conocimiento no supiera que sus tropas estaban asesinando de manera sistemática y a sangre fría a miles de civiles para hacerlos pasar por bajas en combate.

Del mismo modo, el general Matamoros sostuvo que le había hecho notar al general Montoya de las irregularidades en las bajas reportadas por las brigadas; por ejemplo, que las bajas no eran reportadas en las zonas donde había más tropas enemigas. Así mismo, los generales que rindieron interrogatorio declararon que el Ejército había tenido acceso a numerosos reportes de casos de falsos positivos varios años antes de que ocurriera el escándalo de Soacha. Todos estos testimonios sugieren de forma contundente que el general Montoya sabía o por lo menos debió haber sabido sobre los falsos positivos.

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Semana.com: Ha sido muy crítico con el papel de la Fiscalía en las investigaciones de responsabilidad de los altos mandos frente a los falsos positivos. ¿Cree que el fiscal general no está haciendo lo suficiente?

J. M. V.: Creo que el caso contra el general Montoya pone a prueba el compromiso del fiscal Néstor Humberto Martínez de investigar penalmente a los máximos responsables de falsos positivos. Hasta ahora no hemos visto avances en los casos de generales involucrados en homicidios. Más bien, los casos parecen haber sufrido retrasos llamativos que sugieren que no hay voluntad política de avanzar con estas causas. Sin embargo, el fiscal Martínez asumió su cargo hace pocos meses y todavía está a tiempo de mostrar un compromiso serio por la justicia.

Semana.com: HRW ha defendido que se juzgue la responsabilidad del mando, es decir, que los comandantes respondan por las acciones ilegales de aquellos que estaban bajo sus órdenes. En este caso, ¿hasta dónde debería llegar la responsabilidad?

J. M. V.: Las evidencias que nosotros tenemos y hemos presentado llegan hasta altos mandos del Ejército, incluido el general Mario Montoya. Otros oficiales contra los cuales hemos encontrado evidencias creíbles de que podrían estar involucrados en falsos positivos son el general Juan Pablo Rodríguez Barragán, que actualmente es el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, y otros excomandantes del Ejército, como los generales Óscar Gonzalez Peña y Jaime Lasprilla Villamizar.

Semana.com: Tienen evidencias que sugieran que el entonces ministro de Defensa, el hoy presidente de la República, Juan Manuel Santos, estaba al tanto de los falsos positivos.

J. M. V.: En nuestro estudio encontramos un solo dato al respecto: el general Fredy Padilla de León sostiene que el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, participaba de reuniones con el Comité Internacional de la Cruz Roja en las cuales se discutían denuncias sobre falsos positivos. Por otro lado, sabemos que el ahora presidente Santos tomó medidas importantes para detener y sancionar los falsos positivos, incluidas la reforma de directivas claves del Ministerio de Defensa, como la directiva 29, la solicitud de retiro de 27 oficiales luego del escándalo de Soacha y el nombramiento del general Suárez como inspector general del Ejército. La responsabilidad penal del comandante surge cuando este no tomó medidas apropiadas para detener o sancionar los abusos.

Semana.com: Este año Human Rights Watch ya había denunciado varios casos de altos mandos del Ejército que estaban bajo investigación por su presunta participación en los llamados falsos positivos. ¿Qué ha pasado con esos casos?

J. M. V.: Las demoras en las investigaciones sobre oficiales presuntamente involucrados en casos de falsos positivos son muy preocupantes. Si bien cerca de 800 soldados o suboficiales han sido condenados, sólo un puñado de coroneles han rendido cuentas ante la justicia y los casos en contra de los generales bajo investigación no avanzan. Por ejemplo, en octubre del 2015, la Fiscalía anunció que había llamado a interrogatorio a cinco generales. Sin embargo, a la fecha, más de un año después, no se ha resuelto la situación jurídica de ninguno de ellos. Por el contrario, el ministro el Defensa, Luis Carlos Villegas, promovió el ascenso de uno de estos oficiales, el general Emiro José Barrios Jiménez, quien fue ascendido a mayor general el pasado mes de noviembre. El caso en contra del general Montoya ha sufrido atrasos igual de escandalosos: en marzo, la Fiscalía anunció que lo citaría a una audiencia de imputación, pero sin mayor explicación esa audiencia aún no se ha llevado a cabo.

Semana.com: ¿Cuál ha sido la posición del Ejército colombiano ante las denuncias que ha hecho Human Rigths Watch en repetidas ocasiones?

J. M. V.: Lamentablemente, la reacción habitual del Ejército es corporativa. Los miembros del Ejército normalmente se defienden los unos a los otros y nos acusan de tener segundas intenciones o estar promoviendo una agenda proguerrilla, lo cual es un disparate que nadie cree. Lo mismo les ocurre a todas las organizaciones que hacen denuncias contra el Ejército. Esa actitud es lamentable porque si los miembros del Ejército realmente creen que los falsos positivos fueron crímenes aislados cometidos por supuestas “manzanas podridas”, entonces deberían apartarse de esas personas, en lugar de intentar protegerlas mediante intentos frustrados de expandir el fuero militar o de una reinvención del principio de “responsabilidad del mando”, lo cual intentan en la actualidad.

Semana.com: Tras la firma del nuevo acuerdo de paz, causó malestar en HRW la inclusión de una "fe de erratas" a último momento que modificaba la llamada "responsabilidad del mando". Usted sugería que tanto el Ejército como ACORE habían tenido injerencia en ese tema. Eso indica que el Ejército tiene mucho poder político en Colombia. ¿Tiene conocimiento la HRW de qué militares habrían presionado para modificar el Acuerdo de paz?

J. M. V.: No tenemos nombres y apellidos de los militares que habrían impulsado estas presiones. Lo que está fuera de discusión y es de conocimiento público es que la definición a la medida a la regla de responsabilidad del mando contenida en la versión final del acuerdo surgió a último minuto, luego de quejas de ACORE y de una reunión de los negociadores de paz con los altos mandos de las Fuerzas Armadas. También está claro que esta reforma atolondrada se impuso de forma descarada para proteger a los altos mandos del Ejército bajo investigación por falsos positivos.

Semana.com: ¿Por qué llegan estas nuevas denuncias en momentos en que precisamente el Congreso discute una Ley de Amnistía como parte de la implementación de los acuerdos de paz?

J. M. V.: Estamos examinando la Ley de amnistía con gran detenimiento y tenemos fundadas preocupaciones. Estamos haciendo un análisis a contrarreloj porque sabemos que la ley se aprobaría la semana entrante y ya haremos públicas nuestras observaciones. Pero simultáneamente avanzamos con temas, como los falsos positivos, que tienen una prioridad central para nosotros y que, por su gravedad, son temas de investigaciones permanentes de HRW. Afortunadamente, nuestro equipo de trabajo está en condiciones de avanzar con diversos temas complejos al mismo tiempo.