"El ministro Botero está intentando confundir a los colombianos": Vivanco sobre falsos positivos

SEMANA.: Human Rights Watch encontró pruebas que vincularían a nuevo militares con los falsos positivos, ¿Qué tanta evidencia hay en su contra?

José Miguel Vivanco.: Hemos identificado evidencias contudentes que podrían implicar en falsos positivos a 9 generales que el gobierno nombró en puestos clave del Ejército. Las pruebas incluyen documentos militares, como ordenes de operaciones y de pagos de recompensas, así como testimonios de soldados que involucran directamente a los oficiales en crímenes atroces. También hemos tenido acceso a informes de la Fiscalía General de la Nación y a sentencias judiciales que aportan información sólida sobre el presunto rol de estos oficiales en falsos positivos.

SEMANA.: Uno de los involucrados es el comandante del Ejército, general Nicacio de Jesús Martínez Espinel, ¿qué hay en su contra?

J.M.V.: El general Nicacio de Jesús Martínez Espinel fue el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, que opera en el Cesar y La Guajira, entre octubre de 2004 y enero de 2006. Según informes de la propia Fiscalía, durante ese período las tropas bajo su mando cometieron al menos 23 presuntas ejecuciones extrajudiciales. Por muchos de estos casos, ya hay suboficiales que han sido condenados y cumplido condenas. 

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Entre estos casos hay uno muy grave en el cual hay evidencias que podrían implicar directamente al general Martínez Espinel. Se trata del asesinato, en febrero de 2005, de Nohemí Esther Pacheco Zabata, una niña indígena de 13 años, que fue secuestrada de su hogar por la noche, asesinada y reportada como una guerrillera de las Farc dada de baja en combate. El general Martínez Espinel firmó un documento, que damos a conocer con el informe, en el cual certifica un pago de 1 millón de pesos colombianos por esta y otras “bajas”. El documento firmado por el general Martínez Espinel dice que en esta operación, en la que fue asesinada una niña indígena inocente, se lograron “excelentes resultados”. Dos soldados y un paramilitar fueron condenados por este crimen, pero el general Martínez nunca ha dado explicaciones ante la justicia.

SEMANA.: Este mismo miércoles el gobierno respondió los cuestionamientos revelando los certificados del comandante del Ejército. Uno es de la Procuraduría y otro de la Contraloría, ¿esos documentos los blinda?

J.M.V.: Pareciera que el Ministro Botero está intentando confundir a los colombianos. Nosotros no hemos dicho que existan investigaciones de la Procuraduría o la Contraloría en contra del general Martínez Espinel. Lo que hemos dicho y documentado de forma contudente es que hay evidencias muy preocupantes que exigen que, como mínimo, el general de explicaciones públicas sobre su posible rol en las 23 ejecuciones extrajudiciales cometidas cuando era subcomandante de la Décima Brigada Blindada. Aquí está en juego la credibilidad y legitimidad de la comandancia de las Fuerzas Militares para dirigir a un Ejército capaz de cuidar a la población de forma profesional y respetuosa de los derechos humanos.

SEMANA.: ¿Qué explicación le encuentra a que se asciendan generales con estos antecedentes?

J.M.V.: En Colombia existe un absoluto doble estándar. Por un lado, cientos de soldados de rangos medios y sobre todo bajos han sido condenados por su rol en falsos positivos. Pero, por el otro, los generales gozan, en la práctica, de garantías para no ser perseguidos penalmente y poder avanzar en su carrera militar con total impunidad.

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SEMANA.: ¿En Colombia hay lentitud para castigar falsos positivos? ¿Por qué?

J.M.V.: Colombia, como dije, ha logrado enormes avances para investigar y condenar a cientos de soldados de rangos medios y bajos; pero no ha avanzado en los procesos penales en contra de generales del Ejército que podrían tener un rol en estos abusos; por ejemplo, porque comandaron las brigadas responsables de estos crímenes. Hay un único caso que ha avanzado: el del general Henry William Torres Escalante, quien fue llevado a juicio. Lamentablemente, sin embargo, el proceso penal en su contra se suspendió debido a normas vinculadas a la JEP. Hay otros casos donde los retrasos son absolutamente inadmisibles. El más notable involucra al general Mario Montoya. En 2016, la Fiscalía anunció que lo imputaría por su rol en falsos positivos; pero nada de ello ha ocurrido, a pesar de la impresionante evidencia contra él que hemos hecho pública a lo largo de los años. Ello incluye el testimonio de al menos 6 generales del Ejército, así como cientos de documentos militares que demuestran que él sabia sobre estos atroces crímenes.

SEMANA.: ¿Cree que avanza a buen ritmo las investigaciones por asesinatos extrajudiciales que adelanta la JEP? ¿Qué le preocupa?

J.M.V.: Los procesos ante la Jurisdicción Especial de Paz recien están comenzando. En cuanto a los falsos positivos, los jueces han tomado cerca de 45 declaraciones a soldados y han comenzado a investigar a dos unidades militares en particular: el batallón La Popa y la Brigada Móvil XV. Lo que me preocupa, sin embargo, es la definición de “responsabilidad de mando” que, debido a la enorme presión de los militares, fue aprobada por el Congreso en 2017 y podría ser utilizada para evitar que rindan cuentas los altos mandos responsables por falsos positivos.

SEMANA.: ¿De cuándo datan los últimos casos reportados por asesinatos extrajudiciales?

J.M.V.: Todos los años recibimos denuncias creíbles sobre un puñado de ejecuciones extrajudiciales cometidas por tropas del Ejército. Sin embargo, se trata de muy pocos casos en comparacion con los cientos de casos que cometían los soldados entre 2002 y 2008, y en particular durante la comandancía del general Mario Montoya, entre 2006 y 2008. Según la Fiscalía, los casos llegaron a ser más de 700 solo en 2007.

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SEMANA.: ¿El gobierno está transmitiendo el mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar?

 J.M.V.: Efectivamente, creo que nombrar a estos generales en puestos clave trasmite un mensaje muy tóxico y preocupante: da a entender a las tropas que participar en graves violaciones de derechos humanos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar. Cualquier soldado pensará que puede salirse con las suya, así como lo han hecho tantos generales implicados en falsos positivos que viven en la plena impunidad y han sido premiados con promociones en el Ejército. Ello socava enormemente la credibilidad y el profesionalismo de las Fuerzas Militares.