“El Estado no hizo lo suficiente para impedir la tragedia de la UP”

Parecen lejanos en el tiempo aquellos días en los que militantes de la Unión Patriótica (UP) se veían obligados a hacer política en los cementerios. Cada semana, recuerda Aída Avella, las reuniones políticas se sucedían en los panteones y en las iglesias, para despedir a los amigos y compañeros asesinados por las balas del paramilitarismo o de agentes del Estado, que encontraban fácil blanco en los miles de dirigentes, congresistas, concejales y diputados, quienes por llevar una rosa amarilla (el símbolo de la UP) en la mano, eran señalados de ser el brazo político de las FARC.

Casi 20 años después del mayor exterminio político que recuerde la historia reciente de Colombia, los sobrevivientes, las viudas y los huérfanos volvieron a reunirse con la misma mística. Ya no había lágrimas de dolor. Las que salieron de los ojos de  Imelda Daza y Jahel Quiroga, las mujeres que dedicaron su vida a contar los muertos de la UP, esta vez, en primera fila, eran de emoción.

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La UP volvió a reunirse, esta vez en el Salón Bolívar de la Casa de Nariño, donde el presidente Juan Manuel Santos reconoció que los más de 6.500 asesinatos selectivos de finales de los años 80 y comienzos de los 90, dos candidatos presidenciales incluidos, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, fueron un terrible error del Estado colombiano.

Fotografía: Presidencia de la República.

“Fue una tragedia -reconoció Santos-. Conllevó a su desaparición y causó un daño indecible (…) El Estado no tomó medidas suficientes para prevenir los asesinatos, atentados y las demás violaciones, a pesar de las evidencias de que esa persecución estaba en marcha (...) esa tragedia nunca debió suceder”.  

El mandatario, ante casi un centenar de víctimas y militantes de la UP, dijo que Colombia es un país muy diferente al del exterminio de la UP, mientras miraba a Aída Avella, aquella concejal de Bogotá que milagrosamente se salvó de morir por una bazuca, tuvo que abandonar su familia en Sogamoso y hacer una nueva vida en Ginebra (Suiza), como operaria de una fábrica de chocolates.

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Precisamente, aseguró el presidente, la firma del acuerdo de paz es ese compromiso de que la política no volverá a ser víctima de las balas de la violencia. Por eso exigió a los agentes del Estado abstenerse de la estigmatización “que tanto daño le hizo a la democracia colombiana”.

“Me comprometo solemnemente a que los movimientos políticos, incluida la organización que se conforme una vez se desmovilicen las FARC, tendrán plenas garantías para expresar sus ideas. El exterminio de la UP no se repetirá”, dijo el mandatario.

No fue el único compromiso. Recordando parte del contenido del acuerdo final firmado el pasado 24 de agosto entre el Gobierno y las FARC, Santos subrayó que lo sucedido con la UP “no lo vamos a olvidar”, por eso se debe esclarecer todo lo sucedido mediante la comisión de la Verdad de la que trata el capítulo de víctimas. “La paz es perdón, es reconciliación, es reencuentro. Pero la paz también es admitir responsabilidades. (…) La UP tenía sueños de construir una Colombia mejor, y hoy debe inspirarnos a construir ese país que todos queremos”.

Ante la CIDH

Aída Avella saludó el reconocimiento del jefe del Estado. Pero tal vez no le gustó la palabra “exterminio” para referirse a la UP. Prefiere que se le llame por el que considera su verdadero nombre: “genocidio”.

Y aunque pareciera suficiente el acto solemne que conmovió a los militantes de la UP, Avella exigió que el compromiso y las garantías de no repetición sean completas. Para ello, consideró, se debe “remover” el principal obstáculo para poder participar en igualdad de condiciones en la política colombiana: acabar el estigma. “Quien piensa distinto no puede volver a ser señalado de enemigo”.

La presidenta de la UP también le exigió al mandatario poner fin a a casi 30 años de impunidad, pues ese ha sido “el factor multiplicador del exterminio”.

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Pero no fue la última petición. Aunque dijo que en buena hora llegaba el reconocimiento del mandatario, le sugirió dar más pasos y admitir el protagonismo del Estado en la matanza de dirigentes de la UP ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Petición que fue acompañada con el aplauso de los asistentes.

“Hace 30 años se escapó la paz porque mataron la esperanza. Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Manuel Cepeda Vargas, las marías, las lucías, las mercedes, los pedros, los juanes, este acto los dignifica y la paz será la mejor forma de repararlos”.

Aída se abrazó con Mariela Barragán, la viuda de Bernardo Jaramillo, quien vio cómo su esposo cerraba los ojos en sus brazos tras ser baleado en pleno Puente Aéreo de Bogotá, el 22 de marzo de 1990. Casi 30 años después, en la Casa de Nariño, los militantes de la UP celebraron con cantos y flores amarillas su regreso. "Podrán cortar las flores, pero no podrán detener la primavera", se leía en una de las decenas de camisetas amarillas que por primera vez entraban a la sede de Gobierno. Dos décadas después de que sus sueños de Presidencia fueron sepultados, entre otras, por responsabilidad del Estado.