"Duque pretende reparar menos víctimas": Juanita Goebertus

SEMANA: ¿Por qué está prendiendo las alarmas con el Plan Nacional de Desarrollo?

Juanita Goebertus: Los recursos para la implementación del Acuerdo de Paz están en riesgo, porque el artículo cuarto que contempla el plan plurianual no tiene una sección específica de paz, contrario a lo que establece la Constitución desde el acto legislativo 01 de 2016. Estamos mostrando que las bases del plan dejan entrever que no hay recursos adicionales, están violando lo que indica la Constitución.

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SEMANA: En plata blanca, ¿esto cómo afecta la implementación?

J. G.: Esos 37 billones de pesos que incluye el plan plurianual están distribuidos entre los distintos pactos, dice cuánto se aporta del pacto para la equidad, para la legalidad, para el emprendimiento. Hemos mostrado que si uno compara esos 37 billones con el plan marco de implementación se encuentra con que la apuesta de este gobierno sería únicamente concentrarse en el 29 por ciento de los recursos requeridos para la construcción de paz -incluyendo toda la implementación del acuerdo de paz-. Nos preocupa el tema de financiamiento. Además, el principal objetivo del acuerdo de paz no era simplemente la dejación de las armas por parte de las Farc, sino el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la transformación de esas regiones más afectadas por el conflicto y para hacerlo hay que volcarse realmente sobre esas zonas que han sufrido la peor institucionalidad, la presencia de economías ilícitas y tienen los mayores indicadores de pobreza. Y lo que uno se encuentra en las distintas metas del plan en temas como la pobreza, la educación, la salud, la política para juventudes y tercera edad, es que los recursos y las metas destinadas a la paz son bajísimas. El que más tiene solo tiene en 4 por ciento de recursos destinados a la ruralidad, cuando insisto allí es donde se concentra la mayor cantidad de la desigualdad.

SEMANA: También ha dicho que el Plan de Desarrollo deja desamparadas a las víctimas, ¿por qué?

J. G.: En cuanto a la reparación de víctimas esta sería la meta más baja de la historia en un cuatrienio. Pretenden reparar en el próximo cuatrienio a 282.000 víctimas menos que en el anterior, cuando hay un universo de ocho millones de víctimas y solo hemos logrado reparar al 12 por ciento –una cifra baja a pesar de los esfuerzos tan grandes que se han hecho-. La pretensión del gobierno Duque no es avanzar de manera más rápida en la reparación de víctimas cada año, todo lo contrario, es reparar menos. Eso nos deja en una situación muy grave frente a ellas y frente a toda la legitimidad del acuerdo de paz.

SEMANA: ¿Cómo le fue a la restitución de tierras en el Plan de Desarrollo?

J. G.: El Plan de Desarrollo no contempla ni una sola meta de restitución de tierras, a pesar de que todavía el reto -solo para evacuar lo que ya se había registrado administrativamente en el gobierno anterior- implica por lo menos 15.000 solicitudes que tienen aval del gobierno anterior y que deben seguir su curso y frente a las cuales el gobierno Duque no se estaría comprometiendo. En la reincorporación el problema es diferente, hay una meta concreta de 2.500 personas reintegradas –se refiere a reintegración individual- pero no hay ninguna meta frente a los 13.000 excombatientes de Farc que deben completar su proceso de reintegración. Es decir, que no hay una ruta clara que nos diga al final del cuatrienio cuántas personas habrán culminado su ruta de reincorporación o por lo menos avanzado un 50 por ciento-si la ruta va a ser de ocho años-. Esto es muy preocupante por los riesgos de seguridad nacional.

SEMANA: El presidente Duque en su discurso siempre habla de reincorporación a la vida civil de quienes se arrepientan genuinamente, pero usted justamente habla que no le están dando recursos, ¿qué va a pasar si se mantiene esta lógica?

J. G.: Si en el discurso por lo menos nombran la reincorporación, al menos a eso deberían ponerle un motor, por supuesto la misión es más amplia, se necesita que se transforme la realidad de los territorios más afectados. Cuando menos, desde un punto de vista de seguridad nacional, tendría que metérsele la ficha a la reincorporación. No hay unas metas concretas que nos permitan decir que el gobierno Duque le apuesta a que a la finalización de su cuatrienio cuántos de los 13.000 excombatientes de las Farc estarán en proceso de reincorporación efectiva, cuántos de ellos habrán recibido asistencia psicosocial, estarán empleados, habrán tenido un proyecto de desarrollo socioeconómico o que este culminado, en curso o que tenga algún tipo de resultado exitoso. Todo ese proceso está pendiente. Igualmente grave es que parte de la apuesta del acuerdo es que ese proceso de reincorporación generara obligaciones para los excombatientes, es decir, que el curso de su proceso implicara que ellos contribuyeran al desarrollo de las comunidades, como medida de reparación y sanción. Yo quisiera que hubiera una meta clara, nada de eso está reflejado en el plan de desarrollo.

SEMANA: Una de las quejas repetitivas que tienen en los territorios más afectados por el conflicto es que el gobierno no está apoyando la sustitución de cultivos ilícitos, ¿esta queja tiene asidero en el Plan de desarrollo?

J. G.: El tema de cultivos de uso ilícito es preocupante. El gran reto que dejo el gobierno Santos está en las 95.000 personas que firmaron los acuerdos de erradicación concertada, que por supuesto todavía no han hecho la fase de sustitución. Soy muy crítica de ese diseño porque se avanzó muy rápido en la erradicación voluntaria, pero sin una visión de mediano y largo plazo clara de sustitución efectiva. Y en el Plan de Desarrollo de Duque se dice que solo se avanzaría en 64.000 casos de sustitución efectiva, con lo cual anuncian ya de plano que les van a incumplir a un grupo amplísimo de familias que erradicaron y a las que no les van a hacer proceso de sustitución. En cambio hay una meta de altísima de erradicación forzada: 1.367 hectáreas.

SEMANA: ¿Cómo va la articulación entre los planes de intervención territorial que tiene este nuevo gobierno con lo que se pactó en La Habana?

J. G.: La ley de orden público creó las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) generando una tensión con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que se acordaron en La Habana con el acuerdo de paz. En la discusión del proyecto buscamos que en las zonas donde ambos planes coinciden queden bajo la sombrilla de un gabinete de paz liderado por civiles. De esta forma no se desconoce la participación de más de 190.000 comunidades que ayudaron a formular los PDET en los 170 municipios donde fueron ubicados.

SEMANA: ¿Y qué pasó?

J. G.: Resulta que el Plan Nacional de Desarrollo apunta a una articulación de todos planes de implementación del acuerdo de paz pero deja por fuera las Zonas Estratégicas de Intervención Integral. Es decir que en la hoja de ruta de intervención integral, no se articulan.

SEMANA: ¿Esta es una forma más suave pero efectiva de hacer trizas la paz?

J. G.: Veo que hay un gobierno en donde hay algunos funcionarios tratando de remar en la dirección correcta para implementar el acuerdo de paz, pero veo un sector amplio del gobierno cercano a sectores de la bancada del Centro Democrático que realmente lo que quisieran es hacer trizas el acuerdo de paz. Y si uno no le pone recursos a la implementación del acuerdo nos enredan la paz. Por eso hemos hecho tanto énfasis en que las palabras y las declaraciones internacionales del presidente de su supuesto compromiso con la implementación se traduzcan en recursos y metas concretas.

SEMANA: ¿Que en el plan plurianual no se incluyan inversiones para la paz puede tener consecuencias jurídicas?

J. G.: Sí, hay un riesgo de inconstitucionalidad muy grave, si el artículo cuatro no se modifica por parte del gobierno nacional, incluyendo una sección específica de paz y garantizando a través de la incorporación de una serie de artículos que permitan por ejemplo marcar los recursos del presupuesto general de la Nación destinados para la implementación del acuerdo de paz como tal.

SEMANA: Ahora, de alguna forma la corte en la Sentencia C-630/17 dejó todo el desarrollo de políticas públicas sujeto a la disponibilidad fiscal de la administración de turno y de alguna forma también a la voluntad polítca, ¿esa es la lectura que usted tiene?

J. G.: La Corte Constitucional, al revisar el Acto Legislativo 2 de 2017, señaló que el Acuerdo de Paz es una política de Estado, vinculante para todas las instituciones públicas.

SEMANA: ¿Ve respaldo en el Congreso para que en comisiones y en debates se logre modificar?

J. G.: Vamos a hacer toda la tarea, estamos trabajando con los distintos senadores y representantes de comisiones terceras y cuartas conjuntas -que es por donde inicia el trámite del Plan de Desarrollo- y hemos hecho también acercamientos con varios funcionarios del gobierno buscando que se puedan hacer las modificaciones en los primeros debates.

SEMANA: ¿Con cuáles funcionarios se han reunido?

J. G.: Con el Ministerio de Hacienda para mostrarles nuestras propuestas de cómo modificar el texto del articulado, y con los distintos sectores de salud y educación, para avanzar en el mejoramiento de las metas de cobertura y de calidad en la ruralidad.

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SEMANA: ¿Han hablado del tema con la Farc?

J. G.: No nos hemos reunido.