Judicializados 22 militares por escándalo de falsas incorporaciones de soldados al Ejército Nacional

El pasado 26 de julio se conoció la captura de más de 2 decenas de militares que estaban, al parecer, vinculados a una red de corrupción al interior del Ejército Nacional realizando falsas incorporaciones. Los uniformados fueron detenidos tras una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación. El proceso lo tomó la justicia ordinaria luego de que fuera remitido por la Justicia Penal Militar. En la redada contra la corrupción se identificó que los uniformados presuntamente estarían beneficiándose con el trámite de las libretas militares y en el proceso de incorporación.

Entre los detenidos que fueron judicializados este fin de semana están: un teniente coronel, dos mayores, un subteniente, varios sargentos y cabos que laboran en Guaviare; además de una psicóloga y un odontólogo. “Estas personas se habrían prestado para certificar la incorporación y existencia de personal que nunca hizo parte de las filas militares”, reporta el ente acusador.

De igual manera desde la Fiscalía advierten que sus investigadores tienen información sobre que los procesados habrían presentado denuncias ante la Justicia Penal Militar por supuestas deserciones de los soldados inexistentes. Esto último habría motivado capturas de personas inocentes, quienes terminaron siendo procesadas por este delito.

La Fiscalía imputó a los investigados como posibles responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, fraude procesal, constreñimiento para delinquir agravado, abuso de funciones públicas, falsedad ideológica y material en documento público; y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Pero los cargos no fueron aceptados por ninguno de los involucrados.

En medio de lo que las autoridades han llamado un entramado de corrupción, se habría presentado un desfalco al Estado superior a los 320 millones de pesos. El material probatorio recolectado pretende demostrar que se falsificaron exámenes médicos de incorporación, procesos administrativos, asignaciones de material de guerra, alimentación, pagos de nómina, entrega de kits de aseo, y pagos de bonificaciones en efectivo para soldados que supuestamente se encontraban en zonas de conflicto.

Al parecer los señalados en participar en actividades ilícitas habrían alterado bases de datos para justificar los requerimientos que hacían, y habrían usado huellas digitales de otros funcionarios sin su autorización. Sobre todo, en las pruebas psicotécnicas de incorporación.

Cabe recordar que las 24 capturas se dieron en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Nariño, Quindío y Santander.

En su momento, Semana conoció que uno de los casos corresponde a un alto oficial detenido en Bogotá. Fuentes judiciales agregaron que el oficial capturado se encontraba en curso de ascenso a teniente coronel, y los hechos por los cuales fue capturado se dieron cuando estaba al mando de un batallón del Ejército.

Este medio tuvo acceso a otros detalles de la investigación en contra del mayor, en donde se señala que los posibles hechos irregulares se presentaron el 7 de diciembre del 2020 en el Valle del Cauca, con un contrato por un valor de 6.000.000 millones de pesos para la adquisición de Acpm y lubricantes.

Entre los motivos de la investigación se señala que se originó por “hechos económicos dejados de registrar contablemente”.

Hay que mencionar que otro de los escándalos que golpeó al Ejército por presunta corrupción se presentó en 2021, cuando la propia institución informó que fueron capturados dos oficiales y un suboficial por presunta corrupción administrativa.

“En desarrollo de una operación enmarcada en la protección de la fuerza, con el objetivo de prevenir, detectar y neutralizar actuaciones individuales de integrantes de la institución que no corresponden a los valores y principios, ni están enmarcados en la ley, permitió dar cumplimiento a las órdenes de captura emanadas de la Fiscalía General de la Nación especializada en delitos contra la administración pública de dos oficiales y un suboficial retirado”, indicó el Ejército.

Añadió la autoridad militar en su momento que “esta acción, que se realizó en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Dijín en una operación de contrainteligencia enmarcada en la política institucional de cero tolerancia ante posibles hechos de corrupción, según las primeras informaciones, habría ubicado en el Batallón de Infantería Vencedores, en Cartago, Valle del Cauca, al parecer irregularidades en solicitudes de pagos correspondientes a rubros de gastos reservados”.

Así mismo, indicó el Ejército que “la investigación se encuentra en curso por parte de la Fiscalía General de la Nación, por lo que goza de la reserva legal. (…) La operación lleva varios meses en desarrollo, cumpliendo con todos los preceptos establecidos en la Ley Estatutaria de Inteligencia y Contrainteligencia. El Ejército Nacional tomará las acciones disciplinarias y medidas administrativas a las que haya lugar, conforme en derecho corresponda”.

SEMANA conoció que el 17 de marzo de este año se inició la respectiva investigación, en la segunda sección del batallón Vencedores, para verificar algunos pagos de recompensas que se produjeron en el 2020. La alerta llegó a los organismos de investigación luego de una información que habría entregado una subteniente, quien habría hecho la respectiva denuncia