Nación
Judicializan a 25 personas del IGAC en Tolima por emitir ilegalmente licencias ambientales
Entre los procesados se encuentra el director territorial, señalado de abusar de su puesto para cometer los actos de corrupción, sin importar el daño ambiental generado.
Las autoridades informaron de la captura de 25 personas señaladas de gestionar ilegalmente trámites en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en la sede regional del Tolima, esto a cambio de dinero y dádivas. Entre los detenidos se encuentran 14 funcionarios de la entidad y el cabecilla de un grupo delincuencial denominado Los del Instituto.
Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía dan cuenta de que, durante dos años, los hoy procesados al parecer detenían las peticiones que realizaban los usuarios para direccionar los trámites de manera irregular hacia otras áreas y así tramitar de manera fraudulenta licencias ambientales para beneficiar constructoras sin importarles el daño ambiental en ecosistemas en ese departamento, entre otras acciones.
Según informó la entidad, dentro de los procesados está incluso el director territorial del IGAC Tolima, Mauricio Fernando Mora Bonilla, varios funcionarios de la entidad, además del cabecilla de la organización criminal Los del Instituto, Luis Carlos López Guevara, quienes al parecer concertaban para cometer los actos de corrupción al interior del instituto.
La imputación de cargos estuvo relacionada con el grado de participación y la posible responsabilidad de los detenidos, por los que se imputaron delitos como concierto para delinquir, concusión, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, daño en los recursos naturales y ecocidio, prevaricato por omisión y acceso abusivo a un sistema informático. Dando como resultado, una medida preventiva de aseguramiento en centro carcelario para cinco personas, a otras once se les impuso la misma medida pero en sus casas, a tres de los implicados no se les impuso medida privativa de libertad, y finalmente, a los cinco restantes se les dejó en libertad pero relacionados con el proceso.
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Se informó que los judicializados fueron capturados el 1 de diciembre por agentes del CTI adscritos a la Unidad de Administración Pública. En el operativo se habrían allanado diferentes estructuras y se registró inmuebles en varios municipios del Tolima, Barranquilla y Bogotá.
Entre los imputados con medidas carcelarias se encuentra Luis Carlos López Guevara, quien era un contratista y presunto cabecilla del grupo delictivo, se logró establecer que este hombre era el responsable de conseguir los clientes y hacía los contactos con sus cómplices. Fue el único que aceptó todos los delitos imputados.
Se le sumó Mauricio Fernando Mora Bonilla, director territorial de la entidad, quien habría abusado de sus funciones, dando agilidad a los trámites que de manera especial le presentara Luis Carlos. Y otros detenidos como Daniel Francisco Flórez Castro, Camilo Alejandro Chamorro Rojas y Carlos Javier Lugo Botero.
A quienes se les dictó medida restrictiva de la libertad en sus casas fueron: Juan Alexander Roa Lozano, quien fungía como secretario de Infraestructura de la Alcaldía de Ambalema y es señalado de haber ofrecido una cava de pescado a funcionarios del IGAC a cambio de trámites de un predio en el municipio, el hombre renunció a su cargo durante el proceso.
Se agrega a Marlon Mauricio Solano Colmenares, topógrafo de la entidad; Manuel Antonio Lis Díaz, ingeniero de quien se presume permitió el acceso al sistema de la entidad para hacer trámites irregulares; Julián Felipe Charry Reyes, oficial de catastro y quien también renunció durante el proceso. Sandra Alejandra Villalo Rojas y Yussi Yarleth Sierra, quienes son judicializadas por ingresar de manera irregular al sistema del Igac de manera remota desde sus casas para hacer trámites y proyectar resoluciones.
La Fiscalía informó que Diego Armando Reyes Ávila, oficial de Catastro del IGAC; Fabián Ardila Roa, funcionario; y Cristhian Daniel Calderón Caballero también renunciaron a sus cargos luego de entrar en el proceso judicial. Y entre los funcionarios de Cortolima vinculados se encuentran Fernando José Alcántara Guzmán y Óscar Fernando Cardozo Osuna.