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Judicializan a presuntos responsables de homicidios de líderes sociales y reinsertados de las Farc
Los señalados responsables de estos hechos, supuestos integrantes de estructuras criminales distintas, fueron identificados como Eduard Andrés Carrillo Montejo, alias ‘el Flaco’, y Luis Fernando Marulanda Ríos, alias ‘Geovany’.
Este fin de semana un presunto integrante de la banda delictiva Los Pelusos fue judicializado por el homicidio de una líder social en Ocaña, mientras que también fue procesado un disidente de las Farc señalado de cometer varios crímenes contra reincorporados en Putumayo.
Así lo informó la Fiscalía General de la Nación, que a través de su Unidad Especial de Investigación (UEI) esclareció múltiples hechos delictivos relacionados con homicidios, amenazas y desplazamientos forzados, que dejaron 29 víctimas, entre ellas una líder social en Norte de Santander.
Los señalados responsables de estos hechos, supuestos integrantes de estructuras criminales distintas, fueron identificados como Eduard Andrés Carrillo Montejo, alias el Flaco, quien haría parte de Los Pelusos, y Luis Fernando Marulanda Ríos, alias Geovany, presunto disidente del Frente 1 de las extintas Farc en el sur del país.
En el primer caso, el ente acusador imputó cargos contra alias el Flaco por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.
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La investigación contra ese sujeto se relaciona con su posible participación en el asesinato de María del Carmen Flores, quien era líder social del barrio Colinas de la Esperanza de Ocaña, Norte de Santander, y empleada de la alcaldía de ese municipio. El crimen ocurrió el 16 de mayo de 2019 en esa misma población.
Se conoció que Carrillo Montejo cumple una medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por otro proceso que adelanta la Fiscalía.
El resultado de la investigación se suma a la captura e imputación de cargos contra el señalado cabecilla de milicias de Los Pelusos en Ocaña, Anderson Jair Quintero Quintana, alias el Abuelo, quien cayó en septiembre de 2020 y a quien le fueron imputados cargos por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico o porte de armas, homicidio en grado de tentativa y hurto calificado y agravado.
En esa investigación, alias el Abuelo fue también judicializado por tres homicidios y una tentativa de homicidio en esa población, así como en el municipio de Sardinata.
Asimismo, se le atribuye su presunta participación en los homicidios de Nelson Pacheco y Denis Alfonso Manzano Navarro, el primero ocurrido en la vereda Concepción de Ocaña el 10 de abril y el otro, perpetrado el 6 de enero en el barrio Santa Clara del mismo municipio.
Entre tanto, en el marco del llamado Proyecto Putumayo contra Grupos Armados Organizados, la Unidad Especial de Investigación también logró la judicialización de Luis Fernando Marulanda Ríos, luego de su captura el pasado 1 de febrero en la terminal de transporte de Florencia, Caquetá.
Alias Geovany era requerido por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, desplazamiento forzado agravado, amenazas y reclutamiento ilícito.
A este presunto disidente de las Farc se le atribuye la posible responsabilidad en 13 homicidios, 11 desplazamientos forzados, una tentativa de homicidio, dos casos de amenazas y uno de reclutamiento de menores.
Los hechos por los cuales es investigado ocurrieron en Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo, Putumayo, así como en Piamonte, Cauca, y Curillo, Caquetá, donde hay registro de 28 víctimas, 17 de ellos reincorporados de las Farc, un integrante del Ejército Nacional y 10 civiles.
El juez de control de garantías de Puerto Guzmán acogió la petición de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Marulanda Ríos.
En el último año, con el direccionamiento estratégico del fiscal general de la nación, Francisco Barbosa Delgado, la UEI logró un avance del 63,52 % en esclarecimiento de homicidios de defensores de derechos humanos, y de 52,71 % en casos de reincorporados y sus familiares.