Judith Pinedo, en riesgo de caer en la cárcel por supuestamente vender una playa

¿Playa o baldío? La discusión sigue vigente 10 años después y las posiciones de las partes están muy claras a esta altura del largo proceso judicial. La semana pasada iniciaron las audiencias definitivas que determinarán si la exalcaldesa de Cartagena (2008 – 2011), Judith Pinedo Flórez, y otros funcionarios distritales del momento son responsables de los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, todo dentro de la investigación por la venta de un lote de 240 metros cuadrados al Hotel Dann en el sector de El Laguito, el mismo terreno que ocupa desde hace 47 años y en el que está construida parte de la piscina.

En los últimos días la Fiscalía General de la Nación insistió en la petición de cárcel contra Pinedo Flórez y la exmandataria ha recalcado, en múltiples oportunidades, que tomó la decisión de la venta con base en documentos legales y bajo la autorización del Concejo de la ciudad. El juicio oral está en etapa final y las audiencias continuarán el próximo 26 de agosto con los alegatos finales de las partes, por lo que se espera que una decisión sea anunciada en los próximos meses.

El lío en el que se señala a la María Mulata, como es conocida popularmente Pinedo, se inició en el año 2011, luego de que William García Tirado, representante a la Cámara en ese momento, denunció a la mandataria por su presunta responsabilidad en la venta de la playa a la promotora inmobiliaria del Hotel Dann, en la zona conocida como ‘El Polígono de las velas’, en el barrio El Laguito.

Los precedentes al hecho se explican porque en 1999 la ciudad recibió de la Nación cientos de terrenos baldíos para ser escriturados a nombre del Distrito.  Y en el 2006, el Concejo Distrital facultó a la administración para vender estos baldíos con el fin de obtener recursos para inversión social.

Según el ente investigador, Pinedo y Viviana Ejaiek, secretaria de hacienda de Cartagena en ese momento, realizaron la venta pasando por alto el concepto de la Dirección General Marítima (Dimar) que categorizaba el terreno como un bien de uso público al tratarse de una zona de baja mar.

En los últimos días, Pinedo rechazó la petición de la Fiscalía y la calificó de injusta y carente de rigor. La exmandataria señala que el ente investigador se ha equivocado desde un principio argumentando la venta de una playa, a pesar de que todas las pruebas indican lo contrario. “No me explico por qué si hay demostración suficiente de que no hay delito alguno, la Fiscalía no se atreve a reconocer que se equivocó y defiende lo que es justo”, dice.

La exmandataria insiste en que es imposible que el terreno se tratara de una playa porque tenía escritura pública y que solo cumplió la orden del Concejo de vender unos activos para financiar el presupuesto de Vivienda de Interés Social del año 2008, el mismo que según sus palabras fue aprobado en el año 2007, cuando ella aún no se había posesionado en la alcaldía. “Dicho bien fue propiedad de la alcaldía de Cartagena desde el año 1999, con escritura pública debidamente registrada en el Registro de Instrumentos Públicos y no impugnada por autoridad alguna. Yo llego a la alcaldía en el 2008”, afirma.

Esta es una nueva etapa del proceso, ya que en desarrollo del mismo la Procuraduría General de la Nación inicialmente suspendió a Pinedo en el 2013 por un periodo de 12 meses. Pero, en febrero de 2016, en un fallo de segunda instancia fue absuelta al declarar que sus actuaciones habían sido correctas y bajo derecho.

Ese, precisamente, es uno de los argumentos destacados por la señalada exmandataria. “Del anterior estudio se puede colegir, que el carácter jurídico de baldío del lote de terreno, denominado Polígono Hotel las Velas le fue dado por mandato de la ley, por encontrarse ese bien en los supuestos previstos en las Leyes 137 de 1959 (artículo 7) y 388 de 1997( Artículo 123), normatividad que le concedió el derecho de dominio y posesión sobre el inmueble al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, con la condición de transferir a su vez esa propiedad a título de compraventa a favor de un particular”.

En diálogo con SEMANA, Pinedo dice que es muy difícil explicar que alguien es señalado de vender una playa, cuando en el fondo hay un tema técnico y jurídico, con escrituras y todo lo que ello conlleva. “En el 2006 también quedó hecho un acuerdo que regula los lotes baldíos de Cartagena y establecieron un procedimiento. Lo que hizo la secretaría de hacienda fue enviarle cartas a todo aquel que se encontró que estaban en propiedad de una escritura, algunos de ellos entre 15 y 20 años. Entre esos estaba la del denominado Hotel Dann”.

William García Tirado, exconcejal y excandidato a la Alcaldía de Cartagena en las pasadas elecciones locales.

Para la exalcaldesa todo parece tener un tema político de trasfondo e indica que, finalmente, quien firmó el acuerdo del año 2006 es William García Tirado, quien acabó de competir contra William Dau por la alcaldía de la ciudad.

“Yo creo que ellos estaban convencidos en el 2007 que al año siguiente iban a tener un alcalde de su grupo y por eso sustentaron el presupuesto de la ciudad en la venta de esos activos. Pero, parece que se fueron para atrás, cuando ganamos nosotros e hicimos todo con base en la regulación, pero independiente de ese grupo. Hasta ahora es una suposición, pero podría tener sentido porque es raro que quien primero firma la venta, después la demandó”, señala Pinedo haciendo alusión directa al grupo político de William García Tirado.  

En respuesta, el reciente excandidato García Tirado le dijo a SEMANA que tales señalamientos son completamente falsos, que el acuerdo fue firmado por el 100 por ciento de los concejales del momento y, además, no autorizó la venta de playas si no de baldíos. “Ese ha sido el error de siempre, confundirlos. En ninguna parte dice que se podía vender terrenos como el del Hotel Dann. Ellos no solicitaron el concepto a la Dirección General marítima (Dimar), tampoco verificaron la ubicación geográfica, ni la historia. Mi denuncia fue ratificada por todas las autoridades que regulan el manejo de los baldíos. Tengo la constancia porque antes de que hicieran la venta fui donde la secretaria de hacienda y le advertí que era un delito vender una playa. En la intervención el fiscal da cuenta de que el Concejo nunca autorizó la venta de esa playa”, agregó.

Pinedo también señala que durante esto 10 años del proceso García Tirado fue citado muchas veces para que ratificara su denuncia y nunca lo quiso hacer, “hasta faltando un mes para las elecciones pasadas la Policía lo tuvo que conducir a declarar y lo que dijo fue que no le constaban las condiciones de la venta, que solo lo había oído por ahí y por eso lo había dicho”.

El exconcejal también calificó de falsas estos comentarios de Pinedo y afirma que siempre ha ratificado su concepto frente a la venta del polígono en cuestión, que estuvo insistiendo muchos años en la Fiscalía para que se avanzara en el proceso, pero que el mismo pasó por tres o cuatro fiscales y la defensa de la exalcaldesa se dedicó a dilatar las audiencias.

“Solo hasta el año pasado en plena cúspide de la campaña a la alcaldía me citaron de un día para otro para que fuera a una audiencia, pero tuve que presentar una excusa porque estaba en la ciudad de Bogotá. Ellos de manera arbitraria mandaron una conducción policial, llamé, corrigieron el error y me pidieron excusas y me citaron para el mes siguiente. En esa audiencia ratifiqué lo que me correspondía. La justicia tarda, pero llega”, dice García.

Pinedo, una de los pocos dirigentes políticos que es recordado por su buen trabajo en la Alcaldía de Cartagena, en medio de tantos hechos de corrupción de esos años, cree que es absurdo que teniendo el material probatorio que aclaran todo el juicio haya llegado a ese punto. “La Fiscalía le pidió estudios del terreno a Agustín Codazzi, pero nunca los presentó, a última hora los abogados se dan cuenta y obligan a que se destape esa prueba. Ahí está y a pesar de eso la fiscalía sigue con la acusación”, insiste.

German Arias, el fiscal anticorrupción delegado ante el Tribunal de Bogotá, ha insistido en que se trata de un bien de uso público y la condena de acuerdo con lo que expresa la ley, no tiene beneficio de casa por cárcel. Pero la decisión sobre el sonado caso de la exalcaldesa está en manos del juez promiscuo de Turbaco, Alfonso Meza de la Ossa, quien será quien defina si es enviada a la cárcel como lo pide el ente investigador o concluye que esta actuó siempre en derecho.