Jueces ponen en su lugar al presidente Gustavo Petro y le aclaran que “integrantes de la primera línea no son detenidos ilegales”, hay pruebas contra ellos

Al debate sobre dejar en libertad a integrantes de la primera línea para convertirlos en gestores de paz se sumaron los jueces al poner sobre la mesa, y con toda claridad, que no se trata de “detenciones ilegales”. Son personas judicializadas en el marco del debido proceso y la presunción de inocencia.

El magistrado Hugo Alexander Ríos, presidente del Tribunal de Bogotá, aseguró que es equivocado señalar que los capturados y judicializados en el marco de la protesta, en diferentes ciudades del país, fueron víctimas de una persecución judicial o decisiones acomodadas. Están, en criterio del magistrado, privados de la libertad como consecuencia de medidas de aseguramiento ordenadas por los jueces.

Actualmente hay más 650 personas procesadas en el marco de las investigaciones y el trabajo de la Fiscalía. De estas, al menos 300 estarían en ese listado de beneficiados por el Gobierno y que se podrán convertir en gestores de paz. El magistrado aseguró que no opina sobre cómo se hará este proceso, pero advierte que no pueden culpar a los jueces o señalarlos de detener ilegalmente.

“Todas las decisiones de los jueces se han tomado sobre la base de un ordenamiento jurídico, son decisiones legítimas. Quienes han sido privados de la libertad, están allí por una orden de autoridad competente emitida de conformidad con los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley, luego no hay ninguna detención ilegal. Ahora bien, quien considere que está detenido ilegalmente, pues hay unas acciones que las conocen como habeas corpus para quien considere que está retenido detenido ilegalmente”, dijo el magistrado.

Las decisiones que se adoptaron, según el magistrado, y que derivaron en las medidas de aseguramiento, fueron conforme a derecho y porque existía una inferencia de autoría o responsabilidad, además de cumplirse los requisitos para la privación de la libertad, no por consideraciones políticas.

“Entonces hablo y ratifico la legitimidad de las decisiones de nuestros jueces a través de las cuales se priva de la libertad a personas que atentaron contra la vida, contra la integridad y contra los bienes de las personas. Me parece que no hay ninguna discusión, no hay detenciones ilegales, no hay retenciones, aquí lo que hay son personas privadas de la libertad por orden de autoridad legítima”, insistió el presidente del Tribunal.

El Gobierno explicó los alcances de esta propuesta, de liberar a los integrantes de la primera línea. El ministro del Interior, Alfonso Prada, advirtió que no se trata de amnistías e indultos, es una “figura transitoria” autorizada por la ley en el marco de la paz total. Prada aseguró que esa fue una promesa que hizo el presidente de la República una vez se enteró que ganó las elecciones y desde ese momento vienen trabajando.

“Desde ese momento nos impartió instrucciones el presidente y desde el 7 de agosto, en forma responsable y muy coordinada como Gobierno, hemos estado revisando las alternativas que se tienen para ello. Tenemos alternativas en la Ley 418 que acabamos de reformar a través de la Ley 2272 para convertir a muchas de las personas que han trabajado dentro de organizaciones sociales humanitarias”, dijo Prada.

El magistrado dijo que estarán atentos para atender los requerimientos del Gobierno y entender el alcance de los decretos o leyes que se promulguen con relación a este asunto, que claramente deberá ser revisado por la rama judicial como órgano de poder público.