Jueces ‘vagos’: ganaban millonario sueldo y engavetaban procesos en la Justicia Penal Militar porque no iban a trabajar

Apretando tuercas, así llegó José Rodríguez, nuevo director administrativo de la Justicia Penal Militar, quien en sus primeras decisiones ordenó la declaratoria de insubsistencia contra cuatro altos funcionarios de la entidad por sus bajos rendimientos. Por trabajar poco y dejar que los expedientes contra militares y policías acumularan polvo y no avanzaran los procesos.

Según Rodríguez, se evidenció que los funcionarios tenían engavetados los procesos por su falta gestión laboral. “Tenemos que verificar que la justicia sea eficiente y eficaz, y eso significa que se tomen decisiones a tiempo, que no nos demoremos demasiado, si eso no sucede, tenemos que imprimir los remedios que corresponda”, dijo.

Añadió que, “hicimos algunos estudios que nos indicaban que algunas personas no estaban conforme a las expectativas de poner en términos sus decisiones y nos tocó adoptar ese tipo de medidas de declarar insubsistentes a algunas de esas personas que no trabajaban conforme con esas expectativas”.

Así mismo indicó que los afectados con la decisión fueron dos jueces y dos fiscales de instrucción militar, “que en sus despachos estaban asuntos muy demorados, sin trámites por tiempos prolongados, pero además observamos que no acudían a trabajar como se les demanda dentro de los horarios y del régimen que corresponde”.

Frente a este aspecto, Rodríguez explicó que, “eran funcionarios que no cumplían su deber de trabajar y de generar los productos que se esperan de ellos (…) venían muy poco, hay personas de las que se sabe que solo venían entre tres y cinco veces al mes a trabajar y así mismo estaban las estadísticas y los procesos, las decisiones no eran razonables, engavetados los expedientes, no se hacían las investigaciones porque los funcionarios no trabajaban como corresponden”.

Para el director administrativo las decisiones se tomaron en derecho, pero no descartó que los funcionarios afectados inicien procesos ante las autoridades competentes al considerar ellos que les violaron presuntamente sus derechos. “Es norma que se inicien acciones de tutela o acciones administrativas, pero tenemos todos los soportes para considerar que esas decisiones fueron adecuadas y conforme a la ley”.

Dijo que el proceso de revisión no queda allí y que se está validando la efectividad de otros funcionarios. “Estamos apretando tuercas y poniendo a funcionar el sistema de justicia penal militar, removiendo todos los obstáculos que impiden la adecuada prestación de un servicio y pueden venir más declaraciones de insubsistencias, porque estábamos revisando cada uno de los despachos”, añadió.

Las declaraciones del Director Rodríguez se dieron en medio de la respuesta que daba la Policía al por qué habían capturado a siete integrantes de la Policía en Bogotá, implicados al parecer en casos de corrupción. Según el general Marco Bolívar, Fiscal General Penal Militar y Policial, dos de los uniformados fueron capturados por haberle pedido, presuntamente, dinero a dos mujeres que habían sido sorprendidas cometiendo un hurto en la localidad de Teusaquillo en diciembre del año pasado.

Tanto el director Rodríguez como el general Bolívar coincidieron en que para cambiar la imagen de la Justicia Penal Militar es clave que se hagan públicos los procedimientos penales en dicha instancia, como sucede en la actualidad con la justicia ordinaria, en donde los ciudadanos tienen acceso libre a las audiencias penales.

“Con el anterior sistema no era fácil, no había los medios para publicitar, con este sistema sí. Desde el primero de julio del año anterior hasta hoy, en el nuevo sistema ya tenemos recepcionadas 503 denuncias, de las cuales ya han salido 155 con decisiones, es decir, un 31% de evacuación en este nuevo sistema acusatorio”, añadió el mando policial.