Juegos Nacionales de Ibagué: Ratifican fallo fiscal por $3.823 millones

Han pasado siete años de uno de los hechos de corrupción más grandes en la historia del país: los Juegos Nacionales de Ibagué. Obras abandonadas, contratistas que nunca más volvieron a responder y funcionarios públicos que entregaban a dedo y al mejor postor los contratos para la construcción de los estadios para las justas deportivas.

Estos constantes y notables incumplimientos llevaron a que los Juegos Nacionales se cancelaran y se buscara una sede de emergencia para realizar las competencias. En las investigaciones adelantadas se evidenció un multimillonario desfalco por parte de los contratistas y funcionarios de la Alcaldía de Ibagué.

Fueron cerca de 80.000 millones de pesos los que se giraron desde la Alcaldía para la construcción de 15 escenarios deportivos. Sin embargo, ninguna se concretó y a pocos meses de la realización de las competencias la construcción solamente alcanzaba un 30% del cronograma. Esto generó una enorme afectación tanto a las finanzas de la capital tolimense, así como a la vida diaria de los ciudadanos que se quedaron sin lugares para practicar deporte.

Este lunes, la Contraloría General ratificó el fallo fiscal por 4.388 millones de pesos por la irregularidad en la entrega de un contrato para la construcción del edificio de artes marciales en la capital del Tolima. En este caso se encontró que el contrato No 074 de 2015 le fue entregado de manera irregular al Consorcio Escenarios Unidad Deportiva 2015 integrada por Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. -Sucursal Colombia y Diseño e Ingeniería Especializada SAS

Para el organismo de control fiscal, los dineros del mencionado contrato no fueron amortizados en su totalidad, como lo estipulaba el contrato, y tampoco restituidos al contratante, el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI).

Tras la revisión de elementos materiales probatorios se determinó que la mencionada obra nunca se concluyó y el polémico contrato fue liquidado de manera unilateral por el IMDRI, mediante Resolución 183 del 3 de octubre de 2017, en la cual se constató que en relación a este edificio existía un anticipo sin amortizar correspondiente a 3.823 millones de pesos.

Sin embargo, según explicó el contralor delegado para la Responsabilidad Fiscal, Eduardo Pineda Arrieta, esta cifra no fue desvirtuada, así como tampoco restituida a favor del contratante, razón por la cual la Contraloría constituyó el daño patrimonial en esa cuantía, la cual fue debidamente indexada.

En el fallo se indica que se determinó la responsabilidad del contratista y su relación directa con el daño. Los integrantes del citado consorcio fueron involucrados de manera solidaria, “de conformidad no solo con las disposiciones en materia de responsabilidad fiscal sobre el tema, sino también de contratación estatal en lo que respecta a sujetos consorciados”.

En medio del proceso fiscal, la firma Triventi Ingeniería SAS adelantó un proceso de liquidación y “pese a las gestiones que adelantó la Contraloría General para solicitar prelación de créditos en el proceso concursal, se desestimó tal petición, no quedando otra opción que exonerarlo del fallo, al encontrarse debidamente liquidada la empresa al momento en que este fue proferido”.