Así mataron el sueño de los Juegos Nacionales de Ibagué

Cuando los aviones están a punto de aterrizar en el aeropuerto Perales de Ibagué, hay una imagen que desde el aire pocos pasajeros pueden ignorar: un campo derruido a lo lejos que da la impresión de haber sido sacudido por un terremoto.

En 33 hectáreas, los escombros sepultan un antiguo velódromo, un centro de alto rendimiento, unas gradas de sóftbol, una enfermería, una ciclorruta y unas canchas en las que hace años los niños corrían pateando balones. Donde antes había 1.022 árboles, ahora hay agujeros arcillosos. Y maleza. Y polvo. Y una espantosa soledad.

Pero por allí no pasó ningún terremoto, sino una defraudación al erario que puede llegar a sumar más de 140.000 millones de pesos. Cualquiera que haya crecido en las últimas dos generaciones en Ibagué, recordará que en esas 33 hectáreas de pulmón verde quedaba un parque deportivo donde la gente por primera vez se montó en una rueda volante.

La escena poblada de ladrillos reventados, varillas al aire y una piscina vacía dan físicas ganas de llorar.

El parque de antes fue demolido por el consorcio al que se le adjudicó la construcción de una parte de los escenarios que albergarían los XX Juegos Nacionales de 2015, esos que no pudieron llegar a Ibagué por la parálisis de las obras.

Vera Construcciones (empresa de Málaga, España) y las colombianas Construcciones y Obras de Ingeniería Civil, más el arquitecto Benjamín Tomás Hererra, se unieron para ganar la licitación. Fueron los únicos que se presentaron. Pero no terminaron la construcción, la abandonaron definitivamente en abril de este año.

El proyecto, que costaba casi 90.000 millones de pesos incluidas adiciones, quedó apenas iniciado por cuenta de un entramado de corrupción cuyos cerebros están comenzando a rendir cuentas ante la justicia. De haberse ejecutado el contrato con transparencia, Ibagué tendría hoy, sólo en el parque deportivo, un complejo de raquetas, estadio de atletismo, tejódromo, pista de BMX, complejo acuático, patinódromo, estadio de softbol, coliseos y demás. Pero ni el tejódromo, que consiste en una sencilla placa en concreto, fue terminado.

La historia del parque también se repitió en la unidad deportiva de la calle 42, donde está la piscina de clavados. Allí las obras costaron 39.000 millones de pesos. El contratista también es una megaempresa española: Ortiz Construcciones, firma que se presentó junto a tres locales: Proyectos S. A. Sucursal Colombia, Triventi Ingeniería S.A.S. y Diseño e Ingeniería Especializada S.A.S. 

El caso se repite milimétricamente: una gran empresa española que se une a otras pequeñas compañías colombianas sin experiencia y que, por las características específicas de los pliegos de la licitación, terminan siendo los únicos proponentes. Detrás de este último contrato estuvo Jorge Alexánder Pérez, a quien conocen en Ibagué como el ‘Chatarrero’. A ese oficio, el de vender chatarra, se dedicaba antes de ganar la licitación.

“En la 42 tampoco terminaron las obras. Tumbaron las placas que había y dejaron los huecos. Donde estaban las canchas de baloncesto, voleibol y el patio de banderas, hicieron excavaciones profundas. Es una pena todo”, dice Diana Ximena Cepeda, actual directora del Instituto Municipal para el Deporte de Ibagué (Imdri).

Los mayores perjudicados con todo este estropicio son los deportistas de alto rendimiento que ya no tienen donde entrenar. Las ligas quedaron peor que antes de los juegos. Se trata de una camada de jóvenes que en unos años no llegarán al nivel esperado. El daño es incalculable.

“En Ibagué la única cancha de fútbol reglamentaria es la del estadio. Ya no tenemos piscina de 50 metros. Por las mismas carreras de los contratistas, las piscinas quedaron con fallas. La de clavados la desocuparon. Le cambiaron el enchape, pero lo dejaron mal puesto. En los baños pusieron baldosas resbalosas, eso hay que volverlo a cambiar. Ya una deportista  con discapacidad física se le volteó la silla, tumbo la puerta. Este tipo de cosas no se pueden aceptar. Es un desastre todo”, continúa Diana.

Los exfuncionarios que han ido cayendo

En una audiencia en la Procuraduría que se llevó a cabo este año, se oyó decir que el ‘Chatarrero‘ iba a “robarse” un anticipo. Así lo dijo de manera textual el empresario español de Vera Construcciones y representante del consorcio del Parque Deportivo, Juan Ramón Hernández. “Quería robarse el anticipo comprándose cemento a sí mismo”, dijo.

Dicha confesión también estuvo acompañada de datos que comenzaron a desentrañar quiénes eran los cerebros del desfalco. Hernández aseguró, palabras más, palabras menos, que alguien de Bogotá le había dicho que se presentara a la licitación que estaban armando Orlando Arciniegas Lagos y Carlos Alberto Ángel.

Orlando Arciniegas, imputado por seis delitos. Fotografía: Cortesía El Olfato.com.

El primero -mano derecha del exalcalde de Ibagué, Luis H. Rodríguez, en temas de contratación- hoy está preso en una cárcel de Pereira. La Fiscalía le imputó los delitos: lavado de activos, enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación a favor de terceros, celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y concusión.

Arciniegas fue quien construyó los pliegos de las licitaciones. Desde la Fiscalía dicen tener cómo probar que antes de entrar a trabajar como asesor de la Alcaldía, con poder de decisión para manejar recursos en la Secretaría de Hacienda, viajó a España para atraer a los contratistas a cambio de comisiones a las que denominaron internamente “asesorías”.

El segundo hombre mencionado por el español Hernández es el gerente del Imdri de la pasada administración, Carlos Alberto Ángel, sobre quien pesa hoy una orden de captura. Este exfuncionario ya había confesado ante la Fiscalía, el pasado 13 de junio, que Arciniegas le había dado 100 millones de pesos por ayudar a que la española Typsa se quedara con el contrato de los diseños de todas las obras de los juegos.  

Primer condenado dijo que alcalde pedía 20 %

Pero ese cataclismo de los escenarios deportivos no sólo vino por cuenta de los contratistas. Hay pruebas que indican que si hubo corrupción, fue en asocio con la administración Luis H. Rodríguez, quien para las elecciones en las que salió ganador fue avalado por el Partido Liberal, el Conservador y Alianza Verde.

La semana pasada, el presidente Juan Manuel Santos le pidió a la Fiscalía que investigara al exmandatario, pues en más de un año no ha asumido ninguna responsabilidad. Hace pocos días, la Fiscalía ordenó la captura de su exsecretario de Hacienda, Oswaldo Enrique Mestre Campos, haciendo cada vez más estrecho el cerco. 

Porque no sólo se trata de pruebas en contra de los hombres de confianza o exasesores de Luis H. El nombre del exalcalde ya ha sido mencionado en el proceso por el que han ido desfilando varios de los involucrados en el desfalco.

El Juzgado Segundo Penal Especializado de Ibagué condenó a 72 meses de prisión a Amaury Blanquicet Pretelt, un pequeño empresario que prestó algunas de sus firmas -entre ellas, Asesores SPD- para recibir dineros de anticipos por trabajos que nunca realizó.

En una entrevista con un fiscal, Blanquicet dijo que Luis H. pedía el 20 % de los contratos. El abogado Rodolfo Salas, quien representa a las víctimas en los procesos penales, dice que el testimonio de Blanquicet en contra del exalcalde fue rendido en virtud de un preacuerdo para obtener beneficios. “Lo dijo en una entrevista frente a un fiscal, y eso es un material probatorio”, agrega Salas. 

La participación de Blanquicet en el entramado está probada por ahora en el contrato que la Alcaldía adjudicó para los diseños, uno que costó 11.500 millones de pesos. Aún falta que investiguen todos los contratos de obra. Blanquicet recibía los cheques y luego se los pasaba a Arciniegas para que los cobrara o los consignara en cuentas, hasta llegar a sumar 1.312 millones de pesos que nunca fueron usados para las obras de los juegos. Al contrario, Arciniegas se gastó la plata en propiedades, inversiones y lujos.

Uno de esos cheques, por ejemplo, fue emitido por la suma de 325 millones de pesos. El mismo día en que Blanquicet le entregó el título valor a Arciniegas, este canceló una cuota de un apartamento en Bogotá: el No 205 de un edificio de la calle 95 con 21. El inmueble, que había sido separado por Arciniegas, fue escriturado en junio del 2015 a nombre un testaferro: Gloria Inés Martínez, esposa del empresario ibaguereño Ivanhoe Ocampo. Gloria y Arciniegas eran íntimos amigos.

El director de Fiscalías y Seguridad Ciudadana, Luis González, dijo en días pasados que Mestre Campos (el ex de Hacienda) y Ángel (el exgerente del Imdri) estaban huyendo. Y también dijo que se venían más órdenes de captura. En contra de Luis H. hay 13 investigaciones en Procuraduría. Pero el proceso penal, que ya ha alcanzado a sus hombres más cercanos, aún no lo toca. Por ahora.

Camilo Enciso, secretario de Transparencia de la Presidencia, dice que el exalcalde tiene una enorme responsabilidad sobre sus espaldas. Luis H. sabía –dice Enciso- lo que estaba ocurriendo con la contratación. Es imposible que no estuviera enterado de los movimientos de Arciniegas, pues juntos asistían a rendir cuentas sobre los avances de las obras. “Pero además según se afirma en la sentencia condenatoria contra Blanquicet, consintió y aprobó que dineros públicos llenaran los bolsillos de sus funcionarios. Y los propios”, dice Enciso.

Desde la Fiscalía también aseguran que el proceso para que los máximos responsables de la contratación rindan cuentas -desde lo disciplinario y lo lo penal- avanza con cada testimonio de los implicados. Porque huellas dejaron. Ya han verificado flujos económicos, cuentas bancarias, propiedades, dinero a nombres de terceros. Y las decisiones no tardarán en llegar. “Porque uno no puede echar a perder a toda una generación de deportistas y seguir como si nada”, dice una de las fuentes.    

*Periodista de Semana.com