JUSTICIA

Los luises de Odebrecht se libran de la justicia colombiana con 6,5 millones de dólares

Los brasileños llegaron a un acuerdo con la justicia colombiana de pagar el mismo monto que costó la coima del contrato de Ruta del Sol tramo dos. A cambio, el ente investigador cesará la investigación contra los tres luises por el delito de cohecho. Si se encuentran otros delitos se abrirían más investigaciones.

11 de enero de 2019
Desde Sao Pablo, Luiz Bueno Junior, expresidente de Odebrecht en Colombia, aseguró que tuvo reuniones con el exministro Andrés Uriel Gallego y con Gabriel García Morales para la estructuración del contrato. Cuando se acercaba la fecha de la adjudicación, en reunión privada el exviceministro García Morales habría exigido 6,5 millones de dólares a lo que Melo manifestó tener “dificultades éticas”.

A una semana de realizarse la audiencia de juicio contra el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, un juez de Bogotá avaló el principio de oportunidad a los tres luises, exrepresentantes de Odebrecht en Colombia.

El acuerdo era crucial para poder usar las declaraciones de los ejecutivos de la firma en los procesos que se adelantan contra los implicados en el escándalo. Con el aval de la jueza se destraba, por ejemplo, la comparecencia del principal testigo en contra de Melo. Luiz Bueno Junior ha señalado al expresidente de Corficolombiana como una de las personas que más ayudó a la consecución del contrato Ruta del Sol tramo dos, por el que se pagó una coima de 6,5 millones de dólares.

Desde Sao Pablo, Luiz Bueno Junior, expresidente de Odebrecht en Colombia, aseguró que tuvo reuniones con el exministro Andrés Uriel Gallego y con Gabriel García Morales para la estructuración del contrato. Cuando se acercaba la fecha de la adjudicación, en reunión privada el exviceministro García Morales habría exigido 6,5 millones de dólares a lo que Melo manifestó tener “dificultades éticas”.

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Por ello, para el pago de esta coima usaron una especie de figura de crédito. Odebrecht le desembolsó a García Morales a través del su departamento de Operaciones Estructuradas y después habrían cuadrado caja con su socio, durante la ejecución del proyecto. En este contexto, la Fiscalía asegura que el papel de Melo “fue definitivo para lograr la adjudicación del contrato”.

“Melo me autorizó a seguir adelante (....). La división de costos fue hecha durante la construcción de la carretera. La inversión fue de 10 millones de dólares. Cuando empezó la obra comenzaron los ajustes de cuentas. Yo tenía a Manuel Ximenes (brasileño representante de Odebrecht) y ellos tenían a Mauricio Millán”, dijo Bueno a las autoridades. Además, este aclara que Ximenes tenía la instrucción de dejar las cuentas claras entre los socios del consorcio.

El acuerdo que quedó en firme este viernes se pactó sobre la base únicamente del contrato madre de la Ruta del Sol tramo dos. Es decir, que los tres brasileños no serán procesados en Colombia por el delito de cohecho que se deriva del pago de 6.5 millones de dólares al exviceministro Gabriel García Morales para quedarse con el contrato. La reparación se hará por esta cifra y se entregará a las autoridades colombianas en tres contados: uno será ocho días después de esta decisión, es decir, cuando se suspenda el proceso penal contra los brasileños; el segundo quedó para el 30 de agosto de este año, y el tercero para el 31 de enero del 2020.

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“Los pagos que corresponden a la totalidad del dinero que fue entregado a funcionarios colombianos para conseguir el proyecto”, manifestó la jueza al impartir legalidad al acuerdo. El acuerdo no incluye lo sobornos posteriores de la constructora en Colombia. 

Cabe recordar que sobre este punto existió un choque de versiones entre los brasileños y el testigo Otto Bula, que destapó varios y millonarios contratos desconocidos para las autoridades y que fueron reconocidos por los brasileños. Varios de estos contratos también fueron detectados por el controller de Corficolombiana, Jorge Enrique Pizano, y puestos en conocimiento a las directivas de Corficolombiana y al hoy fiscal Martínez, desde el año 2015. En caso de abrirse una investigación, los luises serían procesados.

Este y otros temas ocasionaron que los últimos meses fueran de choque entre las partes, que no lograban llegar a un acuerdo. La negociación con Odebrecht duró estancada por varios meses después de que los brasileños presentaran una propuesta de reparación que fue rechazada por todas las ías. La multinacional ofreció el pago de 106.000 millones de pesos (unos 33,8 millones de dólares) para reparar por el soborno que la compañía brasileña pagó en Colombia.

Según el acuerdo de colaboración con Estados Unidos, este monto llegó a las 11,6 millones de dólares, de manera que partiendo de esta base, los ejecutivos buscaban resarcir todos perjuicios causados por corrupción y que a su vez se frenaran todos los procesos fiscales y disciplinarios abiertos en su contra.

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Pero en Colombia, los organismos de control avanzan a toda marcha para establecer montos de daños y multas que los ejecutivos brasileños tienen que pagar. De modo que los jefes de la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría no solo rechazaron la baja suma ofrecida por los brasileños sino que manifestaron que ponerle punto final a estos procesos es una figura que no existe en el ordenamiento jurídico.

En teleconferencia realizada desde Brasil, los brasileños Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soares pidieron perdón por la corrupción que desangró al Estado colombiano.

Uno a uno tomaron el micrófono ante la jueza de Bogotá: “Manifiesto mi arrepentimiento por las conductas impropias narradas a las autoridades colombianas en mi condición de colaborador de la justicia, solicito sentidamente disculpas por ellas corresponde con mi fiel propósito personal de enmienda y cual deseo propio de corregir los errores y de reparar los daños que se hayan podido ocasionar. Puedo garantizar que estoy totalmente comprometido de actuar con base en los valores de honestidad y ética”, aseguró Luis Antonio Mameri. Tanto Bueno como Da Rocha Soarez aseguraron además que en los últimos tres años aprendieron lecciones fundamentales para el resto de sus vidas.

Esta fue la última condición que les había impuesto la justicia colombiana para avalar o no el acuerdo.

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