Juez con culebras y saldo en rojo ganó tutela para no pagar impuesto de covid-19

El presidente Iván Duque implementó el 16 de abril una medida que les tocó el bolsillo a los funcionarios en Colombia. Mediante decreto creó el llamado “Impuesto Solidario”, que obliga a los trabajadores públicos que ganan más de 10 millones a entregar una parte de su salario.

La medida es gradual y establece que para salarios de 10 y 12 millones entregarán el 15 por ciento; los que ganan entre 12,5 millones y 15 millones de pesos deberán dar el 16 por ciento; los salarios que sean superiores a 15 millones e inferiores a 20 millones darán el 17 por ciento y quienes ganan más de 20 millones pagarán el 20 por ciento. 

El decreto está para revisión en la Corte Constitucional, en donde los nueve magistrados se declararon impedidos por estar entre los afectados por la medida. El impedimento les fue negado y el estudio continúa su curso normal. Sin embargo, un juez de Cali no esperó el veredicto final y comenzó a peluquear la decisión.

El juez estudió la tutela de un colega que reclamó que la medida atenta contra su mínimo vital, por lo que le puede causar un perjuicio irremediable. Su salario como juez municipal de Cali es de 10.311.868 de pesos. De eso viven los dos hijos que tiene con su esposa actual y dos hijos de su primera unión.

Las cuentas son así: del total devengado tiene un deducible de $4.952.680, por lo que en realidad recibe $5.359.188. De dicha suma paga la cuota de manutención para sus dos hijos del primer matrimonio que está tasada en 2.030.000. También sostiene a su compañera permanente, quien no está laborando y tiene a su vez dos hijos menores de edad.

El tutelante asegura que sus gastos suman 2.976.628, lo que le deja aproximadamente 352.559 para el pago de impuestos, combustible para su vehículo (se desplaza de Yumbo a Santiago de Cali, donde labora) y mantenimiento, e imprevistos.

Al estudiar las cuentas de su colega, el juez segundo administrativo de oralidad de Cali encontró que el decreto de Duque lesionó el límite negativo del derecho fundamental a la remuneración mínima vital. Considera que la medida del Gobierno resultó estar en este caso en contravía de la Constitución, porque le limita al accionante sus derechos fundamentales.

En las matemáticas del caso está que si se le aplica el impuesto del Gobierno del 15 por ciento, su colega estaría recibiendo 8.511.869 de pesos. De modo que tendría un faltante 924.220 de pesos mensuales, sin contar con que no se podría movilizar porque no tendría para la gasolina.

Para este juez de Cali, el salario debe permitirle al accionante y a su núcleo familiar llevar una vida modesta pero digna, acorde con su condición de juez de la República. Por ello ordena que se inaplique el decreto en el caso del accionante para los meses de mayo, junio y julio del 2020, y que se le conceda el amparo reclamado por la vía de la tutela. 

Como este caso hay varias intervenciones que están en estudio en la Corte Constitucional, el tribunal que se pronunciará de fondo sobre la medida gubernamental.