Dan beneficio de casa por cárcel a dos exdirectivos de Reficar

El 25 de junio del año pasado se instaló la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra siete de los implicados en uno de los mayores descalabros a las finanzas públicas. El escándalo de la refinería de Cartagena, Reficar. Seis meses después, un juzgado de Paloquemao comenzó a tomar decisiones frente las peticiones de la Fiscalía, con lo que se da comienzo formal al primer proceso que busca sancionar penalmente a los responsables de un desfalco de más de 610.000 millones de pesos.

El costo es de 18 veces los sobornos de Odebrecht en Colombia y se calcula una deuda hasta el año 2031. La Fiscalía considera este como el peculado más grande de la historia del país. 

El inicio del escándalo se remonta al año 2006, cuando se eligió a Glencore Internacional AG como la inversionista mayoritaria del proyecto con el que se cumpliría el sueño de los costeños de tener una refinería propia. Sin que se advirtieran mayores irregularidades, un año más tarde fue elegida Chicago Bridge & Iron (CB&I) para hacer la ingeniería, compras y la construcción de la refinería. 

Sin mayores avances en las obras, en 2008 Glencore toma la decisión de retirarse del proyecto y Ecopetrol se vio obligado a asumir el 100 por ciento de la construcción. Es así como firmó dos nuevos contratos con CB&I, esta vez bajo la modalidad de costos reembolsables, lo que implicó que todos los costos fueran asumidos por el Estado colombiano. 

La Fiscalía concentró la imputación en la firma de estos contratos denominados Memorandum of Agreement (MOA) y Proyect Invoicing Procedure (PIP), a través de los cuales se dio aprobación sin soporte a miles de millones de pesos de recursos públicos.  

Entre las irregularidades recogidas por el ente investigador estan facturas rechazadas que fueron pagadas, desembolso de dinero a empleados que nunca ingresaron a trabajar. CB&I facturó los mismos equipos a través de subcontratistas, lo que constituyó un doble pago; maquinaria descompuesta por la que se desembolsaron recursos, capataces que no laboraron nunca. Las hojas de control de ingreso ya tenían impresa la hora de entrada. Se pagó por columnas construidas por CB& que luego fueron demolidas por orden de ellos mismos. Cuentas elevadas de hoteles, SPA, bebidas, comidas, gastos de abogados. 

El desgreño de los recursos públicos no tuvo control. Y el juzgado comenzó a definir medidas preventivas con los primeros implicados:

Felipe Laverde Concha- detención domiciliaria
(vicepresidente de Reficar entre 2009-2017) 

El juez consideró que hay inferencia razonable para creer que incurrió en los delitos de peculado e interés indebido en la celebración de contratos. Según la Procuraduría, Laverde asesoró y apoyó la suscripción de acuerdos MOA. Además, hay elementos probatorios que demostrarían que influyó de manera determinante en la junta directiva para lograr la indebida apropiación de recursos por parte de CB&I. Por su delicado estado de salud, el juzgado tomó la decisión de dictar casa por cárcel. 

Yañez Reyes Reinoso - detención domiciliaria
(presidente de Reficar entre 2012-2016)

Para el juez existe evidencia para creer que incurrió en los delitos por los que se le señala por no presentar estados financieros, según lo estima la ley. Además habría omitido controversias por facturación y por los acuerdos MOA y PIP. Es venezolano y le fue cancelada la visa americana. El juez considera que Reyes podría obstruir la Justicia porque por su cargo puede tener posición dominante en posibles testigos. Así se desprende de interceptaciones telefónicas a su celular, en una de ellas le advierte a un implicado que se reúnan y lleguen a un consenso sobre el proceso.  El juez le concede casa por cárcel teniendo en cuenta que el imputado no cuenta con antecedentes judiciales. “La medida es necesaria y urgente para evitar la obstrucción de la Justicia”.

Este miércoles, la audiencia continuará resolviendo la situación jurídica para Orlando Cabrales, expresidente de Reficar; Pedro Rosales Navarro, exvicepresidente de Ecopetrol, y Carlos Alberto Lloreda Silva, revisor fiscal. También se definirá qué medida se adopta para los ciudadanos estadounidenses y exejecutivos de la firma CB&I Massoud Deihdeban y Phillp Asherman. De llegarse a dictar una orden de captura, los ejecutivos tendrían que ser deportados a Colombia.