Nación
Juez declara legal la captura del comandante del batallón de ingenieros del Ejército por presuntos hechos de corrupción
El Ministerio de Defensa se declaró como víctima del coronel.
El juez 17 15 penal militar declaro legal la captura que ejecutó en las últimas horas la Policía Nacional en contra del coronel Fredy Alberto Quesada, Comandante del batallón de ingenieros número 52 ubicado en Pasto Nariño.
El funcionario judicial consideró que la Fiscalía Penal Militar había cumplido con todos los requisitos legales para efectuar la captura del oficial quien está involucrado de acuerdo con los autoridades judiciales en posibles actos de corrupción.
Momento en el que, por orden de la Fiscalía Penal y Militar, es capturado el comandante del Batallón de Ingenieros del Ejército en Pasto. El coronel es acusado por actos de presunta corrupción. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/r9CRlQWNBn
— Revista Semana (@RevistaSemana) October 2, 2024
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Penal Militar: “el coronel, al parecer, abusando de su cargo alquiló la maquinaria amarilla asignada a su batallón Bicon 52, para realizar trabajos consistentes en la subdivisión de lotes para construcción privada en la ciudad de Ipiales, por estos hechos el señor oficial habría recibió dinero en efectivo”.
Por su parte el Ejército, reportó la captura del oficial junto con la de otros militares, que estuvieron relacionados con posibles hechos de corrupción pero en otro caso. “En el marco de operaciones de Contrainteligencia Militar, desarrolladas de manera interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación y la Justicia Penal Militar, en los últimos días se logró la captura de seis militares en servicio activo (1 oficial, 3 suboficiales y 2 soldados profesionales), un militar retirado (soldado profesional) y un civil. Estas capturas se realizaron en diferentes municipios del país en los departamentos de Cundinamarca y Nariño”, señaló el Ejército.
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Durante la audiencia de judicialización, el coronel se presentó como Fredy Alberto Quesada, comandante del batallón de ingenieros de Pasto, Nariño.
Para desarrollar la investigación, la Fiscalía Penal Militar, en cabeza de la Teniente Coronel, Mónica Bustos, Fiscal 2208, designó un equipo especial para recopilar los elementos de prueba que involucrarían al Comandante del Batallón de Ingenieros con la presunta extralimitación que de sus funciones.
La mismo fiscal Bustos, le solicitó al juez de garantía, que declara legal la captura del coronel Quesada, quien deberá afrontar varios delitos entre ellos prevaricato y peculado, por haber exigido, presuntamente dinero para el alquiler de la maquinaria amarilla que es de propiedad del Ejército.
Por su parte la defensa del coronel Quesada, el abogado Nicolás Ramírez Beltrán, hizo algunos reparados en la comunicación inicial que sostuvo con el procesado, que no le permitieron tener una conversación profunda con su cliente. Argumentos que no fueron acogidos por el juez de garantías, quien consideró que la captura del coronel estuvo ajustada a derecho y no se le violaron sus derechos fundamentales, como el de buen trato y el de poderse comunicar con un abogado de su confianza.
La situación que involucra al coronel Quesada Valderrama, fue considerada como grave por el Ministerio de Defensa, que pidió declararse como víctima en el proceso que afronta el oficial, por el presunto uso indebido de los bienes del Estado, en este caso los del Ejército Nacional en Nariño.
Frente a la captura de tres suboficiales, dos soldados y un militar retirado por otros delitos diferentes al del coronel Quesada, dijo el Ejército que: “los capturados estarían presuntamente vinculados en varios delitos tipificados en el Código Penal colombiano, relacionados con redes de tráfico de material de intendencia, irregularidades en la administración de maquinaria amarilla, material de guerra y tráfico de estupefacientes”.
Agregó el Ejército que por los hechos en mención, “la institución ha iniciado los procedimientos disciplinarios y administrativos correspondientes en las unidades militares involucradas, con el fin de asegurar el debido proceso y el esclarecimiento de los hechos”.