En libertad funcionarias acusadas de ‘chuzar’ a periodistas

El pasado 18 de noviembre, la Fiscalía pareció dar un golpe judicial de inmensas proporciones, al llevar ante un juez a dos altas funcionarias de la Contraloría General sobre quienes pesaban varios delitos como: prevaricato por acción; abuso de función pública; ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios; falsedad material en documento público, y falsedad ideológica en documento público.

Se trata de las servidoras públicas Edith Rocío González Martínez, quien se desempeñaba como ingeniera del laboratorio informático de la Contraloría, y Mónica Esperanza Cano, quien fue asesora del despacho de Sandra Morelli. Ellas, según la Fiscalía, interceptaron las comunicaciones telefónicas a la periodista Cecilia Orozco y al columnista y abogado Ramiro Bejarano, quienes para la época tenían serías diferencias con la contralora.

Paso el tiempo y el tema cayó en el olvido. Pero ahora cobra vigencia porque el juez 28 de garantías, Jorge Polidoro Bernal, las dejó en libertad bajo el argumento de que no representan un peligro para la sociedad y no se hace necesaria una medida de aseguramiento en su contra.

Semana.com conoció en primicia dicha decisión en la que la Fiscalía y la Procuraduría solicitaron medida de aseguramiento contra las exfuncionarias indicando que tenían importante información sobre el manejo de la Contraloría y podrían obstruir la investigación por su posición de dominio sobre los funcionarios que estaban bajo sus órdenes.

Sin embargo, la defensa de las exfuncionarias, en cabeza del abogado Álvaro Rolando Pérez, logró demostrar al juez que no existían por parte de la Fiscalía suficientes pruebas para demostrar la peligrosidad de sus clientes, por lo cual el juez no encontró motivos para privarlas de la libertad.

En diálogo con Semana.com, el abogado indicó que “juiciosamente se demostró cómo no se cumplían los requisitos para la medida, además es claro que la Fiscalía perdió su objetividad y vio delitos donde no lo hay. Ahora, se espera la acusación”, dijo el jurista.

Así fue la historia

La historia arrancó cuando se dijo que desde la Contraloría se interceptaron las comunicaciones telefónicas a la periodista Cecilia Orozco y al columnista y abogado Ramiro Bejarano. En su momento, Morelli lo negó rotundamente con el argumento de que este organismo de control no tiene la capacidad logística ni equipos, ni funcionarios para adelantar este tipo de seguimientos.

Ante estos seguimientos, el ente acusador señaló que “las exfuncionarias habrían utilizado un proceso de responsabilidad fiscal adelantado en el año 2011 para indagar de manera arbitraria respecto de diversas personas naturales y jurídicas no sujetas de la acción de la Contraloría General de la República, lo que constituiría un ejercicio caprichoso de las atribuciones investigativas conferidas al máximo ente de control fiscal del país”.