Juez del proceso contra Nicolás Petro, pese a tener riesgo de seguridad “extraordinario”, no cuenta con un esquema de protección

Sin lugar a dudas, uno de los procesos judiciales más complejos que existe hoy por hoy en Colombia vincula a Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro.

En medio de las dudas si Petro Burgos firma un preacuerdo con la Fiscalía General, en el que reconocería su participación en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, otra historia se genera por fuera de los reflectores.

El reconocido juez especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó Ariza, quien lleva el proceso, no cuenta con un esquema de seguridad. Esto pese a que la misma Unidad Nacional de Protección (UP) calificó su nivel de riesgo como “extraordinario”.

Y es que en el informe fechado el 22 de octubre, la UNP registró que en la Fiscalía existe una “denuncia activa por el delito de amenazas” contra el juez segundo penal del circuito especializado de Barranquilla.

Por esto, la entidad adscrita al Ministerio del Interior y que tiene como una de sus funciones proteger la vida e integridad de los funcionarios que tengan un riesgo, manifestó la necesidad de un esquema de protección para el juez Carbonó Ariza.

La banda criminal como Los Rastrojos Costeños declararon en una audiencia pública al juez como “objetivo militar”. Pese a esto, desde hace un año, la Fiscalía General evalúa la situación de seguridad.

Por la grave situación y los hechos que se han presentado recientemente, la Procuraduría General le envió un oficio “urgente” al director general de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros con el fin de que “le asigne medidas de protección acordes con el nivel de riesgo y resultado en la calificación” al juez.

En el oficio firmado por el procurador delegado para la defensa de los derechos humanos, Javier Augusto Sarmiento, le pide a la UNP “garantizar la integridad física y personal” del juez.

Por su parte, en una comunicación dirigida al Consejo Superior de la Judicatura, el pasado 6 de noviembre, le pidió revisar el informe de la UNP y tomar medidas para garantizar su vida.

“Actualmente solo cuento con un escolta asignado y un chaleco antibalas por parte de la UNP sin carro blindado, a pesar de la gravedad de los hechos”, señala el documento firmado por el juez.

En la resolución 011069 de 2024 se pone de presente la grave situación de seguridad que afronta el funcionario judicial por las claras amenazas que ha recibido.

“El señor Hugo Junior Carbonó Ariza continua en una situación de riesgo específica, en el desarrollo de las actividades de campo adelantadas”, advierte la resolución.

Por su trabajo y los procesos complejos que tiene en su despacho, el juez puede ser víctima de ataques contra su integridad personal.

“En cuanto a la situación de riesgo específica del señor Hugo Junior Carbonó Ariza, está asociada a su condición poblacional la cual ostenta por ser juez segundo penal del circuito especializado de Barranquilla (Atlántico), donde cuenta con un perfil alto”, asevera uno de los apartes de la resolución.

Debido a esto, y “en el desarrollo de sus funciones y con sus decisiones puede afectar los intereses de terceros y/o particulares, con capacidad de generar daño”.

El juez, según se ha acreditado, tiene que realizar desplazamientos urbanos y rurales en Barranquilla “donde existe presencia de grupos armados ilegales”.

Para el próximo 9 de diciembre quedó programada la reanudación de las audiencias preparatorias de juicio en contra de Nicolás Petro.

En esa diligencia se podría conocer el futuro de las negociaciones a las que habría llegado el exdiputado con su nuevo equipo jurídico.