Juez niega suspender licitación de Transmilenio por la Séptima

Esta semana el Juez 34 Administrativo Oral de Bogotá admitió la Acción Popular en contra de la licitación de la troncal de TransMilenio por la Séptima presentada por la concejal María Fernanda Rojas. Esta fue una mala noticia para la administración Peñalosa pues antes se habían presentado otras demandas que no habían sido admitidas. Sin embargo, la decisión de no suspender el proceso de licitación como medida cautelar es un balón de oxígeno para una de las obras bandera de este gobierno.

La cabildante de la Alianza Verde había pedido que como medida cautelar urgente se frenara el proceso de contratación, sin embargo, el juez la negó. Según la decisión judicial, no se logra establecer la urgencia de la medida cautelar ni tampoco se evidencia prueba de que exista un daño inminente. Con todo, esto no significa que la investigación no seguirá su curso. El Distrito tiene hasta este viernes 8 de marzo para dar respuesta a la demanda y más adelante el juez decidirá si el proceso de licitación debe suspenderse o no. 

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“Nos parece acertado que no se haya acatado las medidas cautelares de urgencia que suspendían la licitación de la obra. El proyecto de TransMilenio por la Séptima debe seguir adelante, pues los habitantes de Bogotá necesitan un buen servicio de transporte”, indicó la secretaria jurídica distrital, Dalila Astrid Hernández Corzo.

La concejal María Fernanda Rojas presentó la demanda de acción popular con el argumento de que habría una vulneración de dos derechos colectivos: el del goce de ambiente sano y el de la defensa del patrimonio cultural de la Nación y del Distrito Capital.

En la parte ambiental la concejala considera que se está afectando la estructura ecológica principal, pues el proyecto tendrá una longitud de 20 kilómetros al lado de los cerros ambientales y por lo tanto tendrá impacto ambiental tanto en la etapa de construcción como de operación. En la parte patrimonial, Rojas se refiere 16 bienes de interés cultural del Distrito que serían intervenidos.

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“Mañana viernes 8 de marzo vamos a remitir al juez todos los estudios y la documentación donde se demuestra que esta importante obra para la mejora de la movilidad en Bogotá no genera ningún daño ambiental ni al patrimonio cultural”, concluyó Hernández Corzo.