Juez ordena a ICBF garantizar atención de cerca de 2.500 niños en Cundinamarca

Un juez de la república ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a un operador privado garantizar la atención de cerca de 2.500 menores de edad que se encuentran en hogares comunitarios de varios municipios de Cundinamarca.

La decisión está contenida en un fallo de tutela, la cual fue interpuesta por la Defensoría del Pueblo tras conocer que la entidad y el operador Pro País Santo Domingo Sabio no estaban cumpliendo con la atención debida a 2.460 niñas y niños de primera infancia.

Según la decisión, se debe garantizar “de manera inmediata la atención integral a los niños y niñas suministrando la alimentación, educación, atención integral y protección dentro de los hogares comunitarios afectados”.

La medida cobija a cuatro Centros Zonales del ICBF ubicados en Fusagasugá, Cáqueza, La Mesa y San Juan de Rioseco, de 37 municipios de Cundinamarca, cuyas niñas y niños, la mayoría de escasos recursos y población rural, llevan dos semanas sin recibir atención.

La Defensoría del Pueblo informó a la prensa que tuvo conocimiento del caso por quejas que presentaron los padres de familia y cuidadores ante la Regional Cundinamarca de la entidad y que, ante la gravedad del hecho, motivaron a presentar el pasado 12 de mayo la acción de tutela.

Así mismo, ese organismo recibió quejas en las que señalan que el operador del servicio no paga a tiempo los salarios y la seguridad social de madres comunitarias en La Mesa, Cundinamarca.

Los afectados le han manifestado a la Defensoría que el operador Pro País Santo Domingo Sabio ha incumplido con la prestación del servicio en reiteradas ocasiones, por lo que se pidió intervenir para evitar que se sigan vulnerando los derechos de los menores de edad.

En 2021 se interpusieron 92.499 acciones de tutelas por deficiencias en el sistema de salud

Recientemente, la Defensoría del Pueblo informó que durante 2021 se interpusieron 92.499 acciones de tutelas en Colombia relacionadas con los accesos al sistema de salud.

Según las cifras, el departamento que más se ve afectado es Arauca, con 71,2 tutelas por cada 10.000 habitantes, 101 % más que las interpuestas en 2020; le siguen Caldas, con una relación de 58,4 %; Norte de Santander, con 44,7 %; Quindío, con 31,08 %, y Amazonas, con 30,8 %.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, indicó que “al revisar los recursos judiciales interpuestos por la vulneración al derecho fundamental a la salud, los ciudadanos en las zonas de frontera, receptoras de alto flujo de migrantes y desplazados por cuentas de las acciones de grupos armados ilegales, deben acudir cada vez más a la tutela para lograr la garantía de este derecho”.

Por otro lado, el informe anual de la Defensoría menciona que las EPS que han sido liquidadas son las que más tutelas presentaron.

“Resaltamos cómo, al cierre de la vigencia pasada, la liquidada Medimás tuvo 42,70 acciones de tutela por cada 10 mil afiliados; seguida de la también liquidada Coomeva con 40,23; Savia Salud con 23; Servicio Occidental de Salud –SOS con 24,04, y Ecoopsos con 22,61, lo que nos muestra que el ranking de EPS más tuteladas constituye un indicador de calidad y un llamado para que los prestadores protejan y garanticen el derecho sin dilación alguna”, dijo.

De la misma forma, el Defensor del Pueblo resaltó que la acción de tutela cambió el paradigma de la protección de los derechos en Colombia, debido a que ha permitido que los derechos fundamentales pasaran de ser enunciados formales, a convertirse en exigencias reales, inmediatas y garantizadas.

“La administración de justicia pasa a ser el escenario en donde los actores más olvidados de la sociedad colombiana tienen la posibilidad real de acudir a un juez para resolver sus problemas, muchas veces causados por el incumplimiento de las obligaciones del Estado, e incluso de los particulares”, puntualizó Camargo.