Juez ordena enviar a la cárcel a Roberto Prieto

El juzgado de garantías ponderó los argumentos y la evidencia para concluir que Roberto Prieto habría incurrido en delitos en su pretensión de cubrir el déficit de la campaña presidencial. Encontró que el conjunto de elementos probatorios indica que el acusado se preocupó por no dejar huella en varios de los actos ilegales acreditados y trató de incidir en la investigación persuadiendo a testigos en su contra.

Aunque la orden del juez es que Prieto sea enviado a la cárcel La Modelo, su abogado solicitó que sea recluido en un lugar más seguro para él. “Que sea enviado a una brigada militar por razones de seguridad y de salud”, dijo su defensor Marlon Díaz.

El juez de garantías tomó la determinación luego de meses de largas y densas audiencias, contratiempos e incluso el fallecimiento de Luis Prieto Ocampo, padre de Roberto Prieto, hecho que obligó a aplazar la diligencia en la que sus abogados intervinieron para exponer los argumentos opuestos a la Fiscalía.

El ente acusador señala a Prieto, exgerente de la campaña Santos Presidente en 2014, de ser el presunto responsable de cinco delitos por, supuestamente, haber recibido dinero de Eduardo Zambrano, contratista de Odebrecht, para gestionar ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) una adición contractual de la Ruta del Sol III, adjudicada al concesionario Yuma, y por los hechos que rodean la supuesta entrada de dineros de la multinacional brasileña a la campaña electoral.

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Los delitos que le endilgó la Fiscalía son falso testimonio, porque supuestamente mintió sobre la entrada de recursos de Odebrecht a la campaña presidencial que dirigía; falsedad en documento, pues la coima que habría recibido por su gestión ante la ANI se pagó, según Zambrano, a través de un acta comercial falsa de la empresa Megaland; tráfico de influencias, pues, dice la Fiscalía, se valió de su figuración en campañas políticas para ejecutar maniobras como el lobby a favor del contrato de Yuma. Prieto también enfrenta cargos por interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito porque, presuntamente, recibió 680 millones de pesos de Zambrano por su gestión.

La posición de la Procuraduría fue adversa a Prieto. El representante del Ministerio Público respaldó la solicitud de la Fiscalía de enviar a prisión preventiva a Prieto. Y a eso se sumó que hace unos días se conoció el fallo de un juzgado de Medellín que condenó a Gilberto Hernán Saldarriaga a 8 meses de cárcel por el delito de falsedad en documento privado.

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Saldarriaga es el empresario titular de la firma Megaland a través de la cual Zambrano asegura haberle enviado a Prieto los 680 millones de pesos. El empresario aseguró que a las cuentas de su empresa entró esa plata y que él mismo se ocupó de retirarla, traerla a Bogotá y entregársela a Prieto.

La defensa del acusado explicó que eso ocurrió en el marco de una negocio entre particulares y rechazó la tesis de la Fiscalía de que Prieto, sin siquiera ser un funcionario, tuviese posibilidad de incidir en las decisiones colectivas y técnicas que tomó la ANI respecto al tramo en cuestión, dentro de la mega obra Ruta del Sol 3.

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Los abogados de Prieto también rechazaron una serie de audios “cuidadosamente seleccionados” por la Fiscalía para argumentar que Prieto podría ser, para la investigación, un peligro en libertad. Las interceptaciones en las que se escucha a Prieto usando un lenguaje soez son ruidosas mediáticamente pero no entrañan ningún delito ni guardan relación con los hechos que se imputan, argumentó la defensa de Prieto.

La defensa de Prieto señaló que la Fiscalía no hizo la solicitud de detención de forma correcta según lo que dicta el código y parcialmente el juez le dio la razón al señalar que efectivamente la exposición general del ente acusador tuvo vacíos formales que calificó como “yerros“ de la Fiscalía.

La postura del juez 

Entre los puntos en cuestión está el cargo del falso testimonio endilgado por la Fiscalía con base en dos declaraciones rendidas por Prieto en la Procuraduría y a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Sobre este punto la defensa de Prieto alegó que usar esos elementos con esa pretensión sería violatorio del derecho a la no autoincriminación.

El juez no encontró gravedad en la declaración rendida por Prieto en la Procuraduría pues no fue dentro de un proceso formal. Lo contrario consideró respecto al testimonio rendido ante la Cámara de Representantes, el cual sí consideró fue dentro de un expediente formal y ante una autoridad judicial. En esta declaración Prieto aceptó que en 2014 fungió como gerente de la campaña y a partir de ello la Fiscalía le achaca responsabilidad.

Sin embargo, el togado rechazó que el relato pueda usarse como lo planteó la fiscal del caso porque el procesado ciertamente se estaría autoincriminando. “El implicado no puede ser obligado a confesar”, señaló el juez.

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El delito de falsedad en documento privado se refiere al modo en que fueron desembolsados dos pagos. El primero, es de 92 millones de pesos procedentes de los directivos de Interbolsa, respecto del cual el juez consideró que era creíble y correcto el planteamiento de la Fiscalía. El segundo, es de 680 millones de pesos que Prieto recibió a través de la firma Megaland, frente a lo que el togado concluyó que sí tenía sustento cierto el cargo.

Este último capítulo está soportado en testimonios y facturas que dan cuenta de la falsa operación comercial que se creó para triangular el movimiento del dinero. No obstante, el juez fue claro en que esta conducta no tenía la gravedad necesaria para imponer una detención preventiva.

Los otros cargos analizados por el juzgado son el de interés indebido y tráfico de influencias, relacionados con el lobby que Prieto supuestamente hizo ante la ANI. Para sustentar este cargo la Fiscalía presentó el testimonio de Eduardo José Zambrano, de Consultores Unidos, así como el de Gilberto Saldarriaga de la empresa Megaland. Al respecto, el árbitro legal dijo que esos testimonios son coherentes y los documentos creíbles por lo que era razonable concluir que Prieto sí obró en función de los delitos endilgados.

“Valiéndose de su posición de gerente de la campaña Prieto acudió a la ANI para lograr que la concesionaria recibiera el contrato para el puente entre los municipios de Plato y Zambrano”. Pero el togado luego sostuvo que Prieto actuó en ello como particular –no como funcionario– y que de acuerdo a la ley eso hace menos grave el hecho.

Sobre el traslado y los ingresos de esos dineros a favor de Prieto el juez señaló que en los libros contables del acusado no se refleja el ingreso de los montos, pero para la justicia ello está sustentado con varios documentos y testimonios. “Se advierte cómo se procura por parte de Roberto Prieto no dejar huella”, precisó.

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En los argumentos de la Fiscalía, se advirtió la existencia de un sobre con instrucciones que Prieto le habría enviado a directivas de Odebrecht (cuyo contenido no se conoce) y el supuesto asedio a testigos que la Fiscalía le achaca, el juez señaló que aunque esos elementos aislados no parecen muy graves vistos en conjunto dan cuenta de que Prieto sí tiene capacidad para incidir en el curso de la investigación.

Al final de la audiencia, el juez accedió a cambiar el sitio de reclusión de Roberto Prieto, sin embargo, no fue como lo solicitaba la defensa sino que lo envió a la cárcel La Picota. Una vez conoció este veredicto, Prieto pidió reversar la medida  al considerar que a La Modelo van formalmente los imputados mientras que a La Picota van las personas condenadas.  

"Ir a La Picota para mí se volvió un asunto de dignidad. Puede que ni este estrado judicial, ni la Fiscalía, ni los medios, ni la sociedad me crean que Otto Bula no me dio un peso a mí, yo que no me reúno con delincuentes. (...) Pido no atender la solicitud de mi defensa y prefiero irme para La Modelo", manifestó Prieto. La determinación causó gran sorpresa pues para nadie es un secreto que en la cárcel La Modelo las condiciones son simplemente pavorosas en relación con La Picota, criticada justamente por ofrecer en momentos condiciones excesivamente cómodas para algunos internos.  

El juez accedió y expidió la boleta de captura, con lo que Prieto quedó detenido al final de la audiencia. Agentes del CTI se encargaron de conducirlo a la cárcel.