Juez ordena libertad del general (r) Uscátegui

Luego de que decidió acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un juzgado le concedió la libertad condicional al general retirado Jaime Uscátegui, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 37 años de prisión por la masacre de Mapiripán (Meta), perpetrada por paramilitares en 1997, cuando el militar era el comandante de la VII Brigada del Ejército.

El alto tribunal estableció que Uscátegui fue informado de que la masacre se avecinaba y no hizo nada para evitarlo. En la mañana de este viernes, un juzgado de Bogotá le otorgó la boleta de libertad, al considerar que el general retirado cumple los requisitos para obtenerla, de manera condicional, a la luz de la JEP. Así, Uscátegui estaría a punto de salir del Cantón Norte, donde está recluido.

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Uscátegui fue condenado por omisión al no haber tomado las medidas necesarias para evitar la incursión de los paramilitares en la población. Sin embargo, el general (r.) llevó su caso a instancias internacionales con el fin de que se le revocara la sentencia. 

Su proceso podría ser la primera prueba de fuego para el Tribunal Especial de Paz, frente a la aplicación del concepto de la responsabilidad de mando dentro de la JEP, pues la defensa del militar siempre ha cuestionado que Uscátegui no tenía jurisdicción sobre el lugar donde sucedió la masacre. 

El general (r) escribió un comunicado en el que asegura que su libertad corresponde a un procedimiento que se veía venir cuando en marzo pasado firmó un acto de compromiso para acogerse a la Jurisdicción de Paz.

"Después de permanecer más de 16 años en la cárcel por un delito de omisión que no cometí y sin las debidas garantías judiciales, veo en la Jurisdicción Especial de Paz una oportunidad para demostrar mi inocencia y reivindicar mi buen nombre", asegura.   

Relató que irá a sección de revisión del Tribunal de Paz y que pedirá allí el testimonio del presidente Juan Manuel Santos, quien según él, conoce bien su caso. Y agregó que asistirá a la lectura de la sentencia contra cuatro falsas víctimas de la masacre de Mapirián, que evidencia a su juicio las irregularidades del proceso judicial sobre ese caso.