Región Caribe
Juez ordena retirar de las calles de Barranquilla los carros ‘cazainfractores’ de tránsito
Aunque el fallo es de primera instancia, declaró que estos vehículos violan las nuevas normas expedidas por el Ministerio de Transporte.
Muchos los consideran el terror de las calles de Barranquilla y otros, con más argumentos, siempre han solicitado la suspensión de su operación por su supuesta ilegalidad. Lo cierto es que en las últimas horas se supo que un juez de la ciudad había ordenado retirar de las calles los conocidos carros ‘cazainfractores’.
La decisión fuer ordenada por el Juzgado Octavo Administrativo de Barranquilla, que consideró que el funcionamiento y la operación de dichas patrullas móviles de tránsito es ilegal, debido a que violan una norma expedida el pasado 20 de agosto de 2020 por el Ministerio de Transporte.
En la práctica, estos vehículos recorren la ciudad sin poder ser identificados, focalizándose en varios sectores de mucho tráfico, en busca de carros y conductores que estén infringiendo alguna norma de tránsito, como que estén mal parqueados, para luego fotografiarlos desde dispositivos instalados en su interior. Por eso, es muy común que en Barranquilla los conductores les sigan la pista a las rutas de circulación de estos ‘cazainfractores’ para avisarse entre sí.
El abogado Fernando Borda Castilla, quien junto con su colega Roberto Tapia fueron los encargados de instaurar la solicitud de cumplimiento contra la operación, dijo que la decisión del Juzgado Octavo había sido emitida este martes, al considerarse que violaba la norma referida.
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Específicamente, los abogados se refieren a la Resolución 20203040011245, que según reseñaron “en su artículo 6 establece que las autoridades no pueden utilizar tecnologías denominadas SAST (sistemas o equipos automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones de tránsito) en vehículos en movimiento durante la detección de la presunta infracción”.
Eso sí, Borda señaló, en diálogo con los medios locales, que esta es apenas una decisión de primera instancia, por lo que aquellas personas que tienen la concepción de los vehículos ‘cazainfractores’ tienen la oportunidad de pronunciarse ante el juez y presentar un recurso de reposición.
Lo para el abogado “es sorprendente” es el hecho de que las autoridades locales tengan que esperar la decisión de un juez para suspender la operación de vehículos de este tipo, teniendo en cuenta que en otras ciudades del país “fueron retirados de las calles sin que fuese necesario un fallo; los sacaron porque simplemente se dieron cuenta que viola las nuevas normas establecidas a través de resolución del Ministerio de Transporte”.
“En otras ciudades, como Cartagena, Santa Marta y en otras del interior del país, ya fueron retirados de operación porque violan una reglamentación expresa del Ministerio de Transporte sobre el particular”, explico el abogado.
Otro proceso
Otro aspecto llamativo del fallo ordenado por el juez en contra de los carros ‘cazainfractores’ es que este es el segundo proceso que, en los últimos meses, las autoridades judiciales fallan a favor de las peticiones de los abogados Fernando Borda y Roberto Tapia contra las autoridades administrativas de Barranquilla.
Estos dos abogados son los que interpusieron la demanda con la que el Tribunal Superior del Atlántico ordenó, el pasado mes de abril, retirar la placa conmemorativa que fue instalada en el nuevo puente Pumarejo, que conecta al departamento del Atlántico con el Magdalena.
En ese caso la decisión se dio después de un proceso legal que fue iniciado el año pasado por parte de Tapias y Borda, quienes, además, le pidieron al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, desmontar otras 40 placas que han sido instaladas en diferentes sitios de la ciudad y en las que aparecen los nombres del algunos funcionarios.
El Tribunal del Atlántico determinó, entonces, que la instalación de la placa incumple un decreto presidencial, el cual prohíbe a los funcionarios del Estado colocar placas conmemorativas de ese tipo cuando se inaugura una obra pública.
Esta petición fue hecha, según los abogados, para dar cumplimiento al Decreto 2759 de 1997, que prohíbe instalarlas. En el caso del Puente Pumarejo, el tribunal dio la orden para retirar la placa al presidente Iván Duque, a la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, y al alcalde de Barranquilla.
