Juez que dejó en libertad a los tres presuntos ladrones de TransMilenio cuestionó la actitud de Claudia López y de la Fiscalía

En libertad quedaron 13 personas capturadas en las últimas horas por su presunta vinculación a una banda que se dedicaba a los hurtos en el sistema de TransMilenio. Pese a la petición de la Fiscalía General, una jueza de control de garantías concluyó que el delegado del ente investigador no presentó la evidencia suficiente para ordenar la reclusión de estas personas en centros carcelarios.

En su intervención, la funcionaria judicial cuestionó que durante la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento no se puso de presente las armas blancas y de fuego que utilizaban los supuestos asaltantes en los hechos mencionados dentro de los buses de TransMilenio y las estaciones del sistema masivo. Debido a esto, dijo que existió una “ausencia” en la carga acreditativa.

En este sentido, consideró que ha tomado carrera una demostración de resultados operacionales en la lucha contra la delincuencia, la cual se ha caracterizado por anunciar megaoperativos y desarticulación de bandas, sin embargo, cuando se presentan ante los estrados judiciales no se cuenta con la suficiente evidencia para identificar las acciones delictivas.

Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no pueden tener como base la indignación de los ciudadanos que, en todo su derecho, reclaman medidas para controlar los altos índices de criminalidad, sino en presentar evidencia suficiente para considerar que las personas presentadas ante el despacho judicial representan un peligro para la sociedad y pueden emprender la fuga.

Para la jueza, existió una grave falla en la presentación de los argumentos por parte del fiscal del caso. “Ni en el informe de captura, ni en las actas de incautación se da cuenta de la utilización de armas blancas, tampoco se dio el hallazgo de un arma de fogueo mencionada por el señor fiscal, trayendo esa afirmación, respetuosamente, en el campo de la suposición, la conjetura y la especulación”.

Las constantes menciones de los representantes y líderes políticos, entre ellos la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, frente a este hecho no pueden ejercer una presión ante el juez que debe tomar una decisión en Derecho y teniendo en cuenta lo que indica que el Código de Procedimiento.

“Esa tensión existente entre intereses estatales y derechos fundamentales no se soluciona apelando al clamor de las mayorías, ni a la indagación popular, ni a los pronunciamientos de la señora alcaldesa, sino en la aplicación directa de la Constitución y la ley que suministra las herramientas de ponderación adecuadas con miras a garantizar las finalidades de las medidas cautelares con un rasero excepcional e intuitivo”.

En su análisis jurídico, la funcionaria reclamó que no es enviar por enviar a la cárcel, sino que se deben analizar todos los factores que una decisión así tenga, incluidas, entre estos, el costo para el Estado en la manutención de los presos. “¿Cuánto le cuesta al Estado mantener a uno de ellos en reclusión? Lo que incluye alimentación, salud, personal de custodia, entre otros rublos (...) Aproximadamente 1′800 mil pesos mensuales, o 22 millones 513 mil pesos anuales, es decir, 292 millones de pesos por todos ellos. Monto que se aumenta si el Estado tuviese que hacerse cargo de los hijos menores y, ¿se justifica entonces que los impuestos de todos paguen tan elevado precio solo para cumplir unos aparentes resultados que a la postre no se ven materializados en el valor de la justicia?”.

Luego de conocer la decisión de la jueza, la alcaldesa, junto con el secretario de seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje con una crítica bastante directa. “Capturamos en flagrancia, recuperados los elementos que hurtaron, incautadas las armas con las que intimidaban a sus víctimas, hay videos, testimonios, algunos de los delincuentes tienen antecedentes, Fiscalía pidió la medida privativa de la libertad, pero juez los manda a la casa”.