Juez que dejó en libertad al hijo de La Gata, en la mira de la Comisión de Disciplina Judicial

El juez quinto de ejecución de penas de Barranquilla, Orlando José Petro Vanderbilt, será investigado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por la decisión que tomó el pasado 8 de febrero y por medio de la cual dejó en libertad al exalcalde de Magangué, Bolívar, Jorge Luis Alfonso López, más conocido como El Gatico, quien cumplía una condena de 29 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato del periodista Rafael Prins, ejecutado por grupos paramilitares.

La Comisión asumió el control preferente en este caso, lo que representa que el proceso pasará de la Seccional del Atlántico a la Nacional, donde se le dará prioridad y agilizará todo el proceso de recopilación de pruebas para tomar una decisión lo más pronto posible y así establecer si el juez incurrió o no en una falla disciplinaria al otorgar la libertad de Alfonso López.

Este mismo juez le había dado un año atrás el beneficio de casa por cárcel con base en una serie de dolencias y enfermedades, que aunque estaban sustentadas en documentos, claramente no las padecía el Gatico.

Con ponencia de la magistrada Magda Victoria Acosta Walteros, presidenta de la Comisión, se señaló la necesidad de implementar la figura de ejercicio preferente con la que se cuenta para iniciar, asumir o proseguir cualquier, investigación o juzgamiento de competencia de las comisiones seccionales de disciplina judicial.

En este caso en concreto, se quiere establecer las posibles irregularidades en las que habría incurrido el funcionario judicial al conceder la libertad “sin el lleno de los requisitos legales” a un condenado por el delito de homicidio. En la parte previa del caso se señala que el juez de ejecución de penas habría incurrido en una vulneración de la causal 2 de la ley 2094 de 2021, que establece que esta acción habría comprometido un “impacto de orden social, político o institucional”, afectando así a la opinión pública.

Para impulsar este expediente se tuvo en cuenta además que en octubre de 2021, se presentó una queja en contra del mismo juez por otorgarle la detención domiciliaria a Alfonso López para que siguiera cumpliendo su condena. Un año después de la queja presentada por el entonces ministro de Justicia, Wilson Ruiz, “aún no se ha resuelto”.

El pasado 10 de febrero, el mismo juez revocó su decisión y ordenó que El Gatico regresara a la detención domiciliaria para que siguiera cumpliendo su sentencia.

Facilitador de paz

En medio de la polémica, en una carta escrita a computador, y enviada el pasado 23 de diciembre, Jorge Luis Alfonso López, más conocido como El Gatico, le solicitó directamente al juez quinto de ejecución de penas de Barranquilla, el levantamiento inmediato de la medida restrictiva de la libertad que existía en su contra.

Esto, debido a que tras ser designado como facilitador de paz por parte del Gobierno de Gustavo Petro necesitaba tiempo completo con el fin de realizar todas las funciones que se le habían delegado. “(…) Debo tener disposición las 24/7 para movilizarme y concretar las diferentes reuniones que se requieran en el sometimiento de dichos grupos armados, y así contribuir con la tan anhelada paz en nuestro territorio nacional”.

En la misiva, firmada por Alfonso López, se señala que existe una resolución que detalla las labores que va a desempeñar como gestor, por lo que pide que se tomen medidas de fondo con el fin de facilitar sus desplazamientos en el territorio nacional. El hijo de la empresaria del chance, Enilce López, más conocida como La Gata, fue más allá y aseguró que muchas de las labores que va a desempeñar serán de “carácter reservado” para “evitar que enemigos de la paz puedan entorpecer mi labor asignada”.

En otro de los apartes menciona directamente que fue designado por el alto comisionado para la paz Iván Danilo Rueda Rodríguez para desempeñar el rol de facilitador del proceso de paz con grupos armados ilegales organizados en Colombia.

Desde octubre de 2021, Alfonso López estaba en detención domiciliaria luego que, el mismo juez quinto de ejecución de penas de Barranquilla, señalara que por sus problemas de salud era necesario modificar la medida de aseguramiento. En ese momento, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, le pidió a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Fiscalía General que adelantaran las respectivas investigaciones por un presunto prevaricato.